
La Quinta de Olivos dejó de funcionar bajo el esquema tradicional de una residencia presidencial atendida y administrada por personal civil. Desde septiembre, la Casa Militar asumió de manera progresiva el control de la seguridad y de la operatividad cotidiana del predio donde vive Javier Milei, una transformación que incluyó el desplazamiento de trabajadores, la disolución de la administración anterior y el despliegue de uniformados para tareas que van desde la custodia y el monitoreo hasta la cocina, la jardinería y el servicio dentro del chalet presidencial.
El cambio comenzó el 17 de septiembre, cuando la Casa Rosada comunicó que el organismo castrense se haría cargo de la operatividad diaria en este establecimiento y en todos los transitorios que utilicen el jefe de Estado y su familia.
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La decisión también implicó la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial, que estaba a cargo de Osvaldo Javier Sosa, y la reubicación o desvinculación de parte del personal civil que trabajaba en el lugar.
En ese momento, el Gobierno justificó la decisión con la necesidad de elevar los estándares de resguardo “en un contexto de aumento de la inseguridad a nivel global”. Sin embargo, en el entorno de Milei también dejaron trascender malestar por presuntas filtraciones y movimientos internos que, según la mirada oficial, podían comprometer la privacidad y la seguridad del mandatario nacional.
El propio líder libertario confirmó días después que la residencia funciona bajo una nueva lógica. “Hoy es una base militar”, afirmó durante una entrevista televisiva, cuando le preguntaron por el desplazamiento de los antiguos empleados.
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En este sentido, Milei sostuvo que la decisión responde a cuestiones de seguridad y aseguró tener “enemigos pesados en el mundo”, una definición con la que explicó la profundización de los controles sobre el predio.
En marzo último, el diario oficialista de Irán Tehran Times afirmó que Milei había cruzado una “línea roja imperdonable” después de definir a la República Islámica como enemiga de la Argentina y ratificar su alineamiento con Estados Unidos e Israel. El medio sostuvo que el régimen debía diseñar una “respuesta proporcionada” a lo que describió como una postura hostil del Gobierno.
La escalada tuvo un nuevo capítulo el 11 de noviembre, cuando Irán declaró a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como “organizaciones terroristas”, bajo un criterio de reciprocidad luego de que la Casa Rosada incluyera a la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.
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La Cancillería argentina rechazó la medida, la calificó como “carente de todo fundamento” y recordó que la Justicia local atribuyó responsabilidades a Teherán por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina, en 19
La Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y está encabezada por el general de brigada Sebastián Ibáñez, tenía hasta entonces una función centrada en la custodia del jefe de Estado.
Su misión incluye protegerlo en la Casa Rosada, las residencias oficiales, los traslados dentro del país y las giras al exterior, pero con los cambios de los últimos meses pasó a tener también un papel central en la gestión de Olivos.
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La reorganización quedó formalizada el 14 de octubre, cuando el Gobierno publicó el Decreto 1176/2026, con el que eliminó la Subsecretaría de Planificación General, redistribuyó competencias dentro de la Secretaría General y estableció que la Casa Militar asumirá la administración, el mantenimiento, la intendencia, la seguridad y las tareas de higiene vinculadas con la Quinta y el complejo de Chapadmalal.
La medida concentró en esa estructura funciones que antes estaban repartidas entre distintas áreas y empleados civiles. La Subsecretaría de Coordinación Administrativa conserva atribuciones sobre servicios generales, transporte, cocheras y mantenimiento de la Secretaría General, pero las residencias presidenciales quedaron bajo coordinación directa de la Casa Militar.
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Según trascendió, el nuevo esquema reúne a más de 200 uniformados distribuidos en diferentes turnos, drones que recorren el perímetro de las más de 30 hectáreas delimitadas por las calles Villate, avenida Maipú, Hipólito Yrigoyen y Antonio Malaver, además de cámaras renovadas, un centro de monitoreo reforzado y equipamiento actualizado para los efectivos.
También se incorporaron perros entrenados para detectar e interceptar posibles intrusos, con la intención de que estos animales sean los primeros en intervenir ante situaciones sospechosas, antes de que un militar tenga que recurrir a su arma reglamentaria.

La residencia convive, además, con los mastines ingleses del Presidente, para los cuales se construyeron caniles individuales y cuyo cuidado incluye la intervención de personal veterinario del Ejército.
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La presencia militar no se limita a la custodia del perímetro, sino que personal de la Casa Militar comenzó a asumir tareas de cocina, limpieza, jardinería, administración y servicio dentro del chalet presidencial, una modalidad con la que Milei se mostró conforme, según reconstruyeron fuentes oficiales.
El rediseño alcanza también a los accesos, ya que la fuerza quedó a cargo de establecer y aplicar procedimientos de ingreso para la Casa Rosada, Olivos, Chapadmalal y otras dependencias de la Secretaría General.
La reestructuración se produjo después de una crisis interna en el entorno de Karina Milei, que derivó en la salida de María Belén Agudiéz, entonces subsecretaria de Planificación General, y de trabajadores vinculados con la administración anterior. Sosa, cuñado de Agudiéz, fue uno de los funcionarios alcanzados por la decisión de disolver el área que manejaba la residencia.
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El Gobierno no informó públicamente amenazas concretas contra la Quinta que hayan motivado el cambio. Durante la gestión de Milei se conocieron dos episodios vinculados con la seguridad del lugar: el suicidio de un soldado que cumplía tareas de custodia, en diciembre de 2025, y un operativo preventivo que se activó en junio de este año luego de una amenaza de bomba contra la Casa Rosada, que por protocolo se extendió hasta Olivos. En ese caso, las pericias no detectaron explosivos ni dispositivos sospechosos.
La nueva estructura seguirá en proceso de adecuación administrativa mientras se completa el traspaso de funciones y recursos. El decreto estableció que las áreas inferiores existentes y sus dotaciones podrán mantenerse de forma transitoria hasta que termine la reorganización, aunque el control sobre la residencia ya quedó bajo la órbita de la Casa Militar.
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