
Un informe de UNICEF reveló que la tecnología se ha convertido en un facilitador clave del abuso y la explotación sexual infantil, ya que en 21 países uno de cada cinco niños ha sufrido alguna forma de agresión mediado por plataformas digitales en un solo año.
Se estima que 20 millones de niños y niñas de entre 12 y 17 años de edad fueron víctimas de al menos una forma de explotación al usar tecnología, especialmente redes sociales.
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Cuáles son los riesgos y consecuencias del abuso facilitado por tecnología
El estudio de UNICEF destaca que las formas de abuso varían: más de 15 millones de niños y niñas estuvieron expuestos a contenidos sexuales no deseados, 9 millones recibieron solicitudes para mantener conversaciones o compartir imágenes en contra de su voluntad y 4 millones sufrieron la difusión de imágenes propias sin consentimiento.
En cuanto al perfil del agresor, los resultados muestran que el 57% de los casos involucró a una persona conocida por la víctima —otros niños, parejas sentimentales, amigos o familiares— desmitificando la idea de que el peligro proviene solo de desconocidos en la red.
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Sin embargo, el 38% de los menores tuvo su primer contacto con el agresor en línea, muchas veces a través de cuentas falsas, funciones de mensajería privada o sistemas de recomendación de las propias plataformas.
El impacto emocional y psicológico es severo. Los menores víctimas de este tipo de explotación presentan una probabilidad cuatro veces mayor de desarrollar pensamientos o conductas de autolesión.
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En países como México, el riesgo de autolesión entre los afectados es más de ocho veces mayor que en la población general, mientras que en Pakistán el riesgo se multiplica por siete.
Cómo es el panorama de acoso infantil en América Latina
En la región, basada en los datos de Brasil, Colombia, República Dominicana y México, el 18% de los niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años que usan internet fue víctima de explotación y abuso sexual infantil facilitados por la tecnología.
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Esto equivale a casi uno de cada cinco menores conectados, lo que confirma que se trata de un fenómeno global que requiere respuestas coordinadas entre gobiernos, empresas tecnológicas y la sociedad civil.
Uno de los hallazgos más inquietantes es la baja tasa de denuncia: casi uno de cada dos menores latinoamericanos no contó a nadie lo sucedido. La falta de denuncia se mantiene como un desafío transversal en todas las regiones analizadas.
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Menos del 1% comunicó los hechos a la policía, trabajadores sociales o líneas de ayuda, evidenciando que las vías formales de apoyo no son percibidas como opciones viables para la niñez afectada.
Plataformas y tecnologías donde ocurre el abuso
Cerca del 60% de los casos analizados por UNICEF se produjo en redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y WhatsApp. Además, el 14% de los incidentes ocurrió dentro de juegos en línea, espacios donde el contacto con otros usuarios es frecuente y las funciones de mensajería pueden ser utilizadas para el acoso.
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La investigación detalla que la arquitectura y el diseño de estas plataformas, desde la facilidad para crear cuentas falsas hasta la posibilidad de enviar mensajes directos sin restricciones, contribuyen a facilitar el acceso de los agresores a sus potenciales víctimas.
En el caso de Montenegro, más del 80% de los casos de abuso se relacionó con plataformas de redes sociales. En Colombia, estas mismas plataformas estuvieron vinculadas a más de la mitad de los episodios de explotación y abuso reportados.
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Recomendaciones para frenar el abuso infantil en internet
UNICEF propone que las plataformas digitales sean más seguras desde su diseño: reforzar la privacidad de los menores, restringir los contactos no solicitados de adultos, mejorar los sistemas de detección de abuso y fortalecer los mecanismos de denuncia.
Además, insta a los gobiernos a actualizar la legislación para abordar nuevas formas de abuso, como la extorsión y la difusión de material generado por inteligencia artificial, y a establecer normas que garanticen la seguridad desde el diseño.
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Reducir las vulnerabilidades económicas, ampliar las oportunidades educativas y laborales, y abordar las normas sociales y de género que perpetúan la sexualización de las niñas y el estigma hacia las víctimas son también parte de las recomendaciones del informe.
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