
Tras el ataque incendiario a la residencia del periodista y subdirector asociado del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, gremios empresariales se pronunciaron en defensa de la libertad de expresión.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) exigieron una respuesta inmediata del Estado y advirtieron que la impunidad no puede ser una opción.
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El atentado contra la residencia de Rodríguez, ubicada en el sector de Brisas del Golf, en el distrito de San Miguelito, contiguo a la ciudad capital, ocurrió la madrugada del sábado, un día después de la conmemoración del Día del Periodista.
Según se ha conocido, un individuo descendió de un taxi, cuyo chofer hoy está detenido, y arrojó un objeto hacia la vivienda, lo que provocó una explosión y el incendio de dos vehículos estacionados en el garaje.
La esposa del periodista, que se encontraba en la casa, logró salir ilesa, mientras que Rodríguez estaba fuera de la ciudad.

La CCIAP expresó su “más firme repudio” al ataque y lo calificó de “señal profundamente preocupante” para un país que, según el gremio, construyó su convivencia sobre el respeto a las libertades y al Estado de derecho.
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El gremio recordó que la justicia, la libertad y la democracia en Panamá “no fueron concesiones, sino conquistas de generaciones” que se negaron a vivir bajo el miedo y la arbitrariedad. Por eso reclamó que la violencia no vuelva a usarse como instrumento para acallar voces.
Exigió una actuación diligente, firme y sin dilaciones de las autoridades para establecer la verdad de los hechos, determinar responsabilidades y aplicar todo el peso de la ley a los culpables. Insistió en que la impunidad no puede ser una opción.
“La libertad de expresión y el ejercicio independiente del periodismo son garantías esenciales de toda sociedad democrática”, señaló Aurelio Barría Pino, presidente de la CCIAP.
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El dirigente agregó que, cuando se pretende imponer el silencio mediante la violencia, lo que está en riesgo “no es solo una voz, sino la libertad de toda una nación”.

Según el gremio, la fortaleza de la democracia panameña “se demuestra con hechos, no con discursos”, y el país necesita justicia y la certeza de que sus libertades están protegidas.
Por su parte, la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), presidida por Alberto López Tom, condenó “enérgicamente” el ataque y expresó su solidaridad con Rodríguez, su familia y el equipo del medio de comunicación.
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El gremio sostuvo que, por su gravedad, el atentado exige una respuesta firme del Estado que impida que quede impune y frene de raíz cualquier escalada de violencia contra el periodismo en el país.
Para la Apede, preservar las libertades democráticas implica garantizar que quienes ejercen esa profesión puedan hacerlo sin temor por su seguridad ni por la de sus familias.
La asociación repudió toda forma de violencia, amenaza o intimidación contra quienes ejercen el periodismo.

Reafirmó que una prensa libre e independiente, con garantías para investigar, resulta indispensable para la democracia, porque su labor permite a la ciudadanía conocer cómo se toman las decisiones públicas, fiscalizar el uso de los recursos del Estado y exigir que las instituciones rindan cuentas.
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Apede exigió a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, con los recursos necesarios para esclarecer los hechos, determinar el móvil del ataque y llevar ante la justicia a todos los responsables. El gremio pidió además protección inmediata para Rodríguez y su familia.
Tanto la CCIAP como la Apede coincidieron en un punto central: la respuesta institucional debe ser proporcional a la gravedad del hecho. Ambas entidades reclamaron celeridad en las pesquisas y descartaron cualquier escenario de impunidad.
Apede fue más allá al vincular el caso con un riesgo estructural para el ejercicio periodístico en Panamá. El gremio advirtió que, de no frenarse de raíz, el episodio podría derivar en una escalada de violencia contra la prensa.
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Para la asociación, Panamá “no puede retroceder en sus libertades democráticas” y la libertad de prensa “no es negociable”.
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