
La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, alertó que cientos de millones de personas viven en zonas expuestas a impactos climáticos que pueden forzar su desplazamiento. La advertencia coincide con una creciente brecha entre los recursos necesarios para la adaptación y los fondos que reciben las comunidades vulnerables.
“Actualmente, más de 200 millones de personas viven en comunidades extremadamente vulnerables al cambio climático y corren el riesgo de ser desplazadas”, advirtió Pope.
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La funcionaria planteó que prevenir los desplazamientos mediante inversiones locales resulta menos costoso y más humano que responder cuando las personas ya se vieron obligadas a migrar. “Lo que no vemos, sin embargo, es el tipo de políticas o inversiones necesarias para abordar los factores que impulsan la migración”.
Pope hizo estas declaraciones a la agencia AFP durante la conferencia climática de las Naciones Unidas celebrada en Antalya, Turquía. La cifra no implica que todas esas personas vayan a cruzar una frontera o a abandonar su país. En muchos casos, la primera consecuencia de una inundación, una sequía prolongada o un incendio es el traslado hacia otra localidad dentro del mismo territorio nacional.
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Sin embargo, la pérdida de viviendas, cosechas, fuentes de agua y empleo puede convertir esos movimientos temporales en desplazamientos de larga duración. “Es fundamental que los gobiernos no aíslen estos diferentes temas”, advirtió.
Los fenómenos extremos ya desplazaron a casi 30 millones de personas en 2025

De acuerdo con datos citados por la OIM, las tormentas, inundaciones, sequías, incendios forestales y temperaturas extremas obligaron a casi 30 millones de personas a dejar sus hogares en 2025.
Los eventos meteorológicos no afectan por igual a todos los territorios: las poblaciones con menos infraestructura, servicios públicos limitados o ingresos dependientes de la agricultura suelen tener menos herramientas para recuperarse.
El cambio climático comprende alteraciones de largo plazo en las temperaturas y los patrones meteorológicos. Las Naciones Unidas señalan que, desde el siglo XIX, la actividad humana se convirtió en el principal factor del calentamiento, sobre todo por la quema de carbón, petróleo y gas. Esos combustibles liberan gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera.
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La temperatura media global ya se ubica 1,1 ℃ por encima de los niveles de finales del siglo XIX, según la explicación institucional de la ONU sobre el fenómeno. Entre sus consecuencias figuran las sequías, la escasez de agua, la subida del nivel del mar, el deshielo, los incendios y las tormentas de gran intensidad. Esos impactos pueden comprometer la producción de alimentos, la salud, la vivienda y la seguridad de comunidades enteras.
En zonas costeras, por ejemplo, la erosión y la intrusión de agua salada pueden volver inhabitables tierras destinadas a la vivienda o al cultivo. En áreas rurales, la irregularidad de las lluvias puede deteriorar las cosechas y reducir los ingresos familiares.
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Una catástrofe puntual puede provocar una evacuación, pero la repetición de esos episodios limita las posibilidades de retorno.
Reducir los factores que empujan a migrar

Pope sostuvo que la respuesta de los gobiernos suele concentrarse en la migración irregular cuando ya se produjo. A su juicio, ese enfoque deja en segundo plano las políticas capaces de reducir los riesgos antes de que una familia deba abandonar su comunidad.
“Si no actuamos ahora, prevemos que esos movimientos aumentarán significativamente”, afirmó la directora. También cuestionó que varios países preocupados por los flujos migratorios no participaran de las conversaciones climáticas, pese a que ambos asuntos están vinculados.
La funcionaria propuso concentrar recursos en mecanismos de adaptación, como sistemas de alerta temprana, infraestructura resistente a inundaciones, gestión del agua, protección de cultivos y apoyo a medios de vida locales. Estas medidas pueden reducir las pérdidas antes de que una emergencia climática derive en desplazamiento.
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La ONU considera que la adaptación debe priorizar a quienes enfrentan mayores riesgos y cuentan con menos recursos para responder.
La organización sostiene, además, que los sistemas de alerta temprana pueden salvar vidas y bienes, con beneficios que pueden multiplicar hasta diez veces la inversión inicial.

La financiación disponible está lejos de las necesidades de adaptación
La discusión sobre migración climática también está atravesada por la falta de financiación. Pope calculó que las medidas de adaptación requieren alrededor de USD 310.000 millones, mientras que hasta ahora se habrían destinado cerca de USD 30.000 millones.
La diferencia limita la capacidad de las comunidades para prepararse ante eventos extremos y recuperarse después de ellos.
El reclamo se inscribe en un debate internacional más amplio: los países que menos contribuyeron históricamente a las emisiones suelen estar entre los más expuestos a sus efectos.
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Al mismo tiempo, los mayores emisores concentran una porción decisiva de la responsabilidad para reducir gases de efecto invernadero y aportar recursos para la adaptación.
La ONU advirtió que las políticas vigentes conducen a un aumento de la temperatura global de 2,8 ℃ hacia el final del siglo, por encima del objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 ℃.
En ese escenario, el riesgo de que fenómenos extremos afecten a más personas y aceleren los desplazamientos se mantiene como uno de los principales desafíos humanitarios y climáticos de las próximas décadas.
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