A casi una semana de la explosión en el centro de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, la fiscal de la causa, Yanina Estévez, se dispone a realizar una serie de peritajes para esclarecer qué pasó y establecer las responsabilidades de la tragedia.
Según supo Infobae, esta tarde los investigadores concurrirán al obrador de Exgadet S.A., la empresa tercerizada que ejecutaba trabajos de renovación de redes de gas en la zona, con el objetivo de retirar la máquina perforadora que —se cree— pinchó el caño de gas que generó la explosión, la computadora central que controla esa tunelera y los teléfonos celulares de los empleados que trabajaban en el lugar, que por ahora se cobró dos víctimas fatales.
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Previamente, la compañía Exgadet ya había puesto a disposición de la Justicia, mediante un escrito, la maquinaria empleada en los trabajos que se llevaban a cabo en el centro de Remedios de Escalada al momento del estallido.
De acuerdo con ese escrito, al que accedió este medio, también ofreció contratos y documentación, y pidió ser notificada antes de cualquier pericia técnica que se ordene en la causa. El escrito fue presentado por Matías Simoni, apoderado de la compañía, con el patrocinio de los abogados Rafael Cúneo Libarona y Ricardo Andrés Marguery.
Según detalla la presentación, Exgadet “se encontraba ejecutando la obra denominada ‘Remedios de Escalada Radio 1 y Radio 2’ en virtud de un contrato suscripto con Metrogas, que incluye el servicio de renovación de redes de distribución”.
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La documentación presentada ante la Fiscalía abarca los anexos comerciales y técnicos de ese contrato y el certificado de inscripción de la empresa en el Registro de Contratistas de Obras por Terceros Supervisadas por Metrogas.
Respecto a la máquina, se trata de una perforadora direccional horizontal, conocida como tunelera, marca Ditch Witch, modelo JT20, identificada internamente como “TUNE-1621”. Fue retirada del lugar del siniestro por razones de seguridad y hasta esta tarde se encontrará preservada en el obrador de la empresa, ubicado en la calle Alfredo Palacios 4690, en la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús, aislada con vallas y cinta de peligro.
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El escrito aclara un dato de peso para la investigación: las mechas de la tunelera no fueron retiradas del lugar del siniestro y presumiblemente permanecen bajo los escombros.
La solicitud de que se notifique a la empresa previamente a las pericias técnicas constituye el punto jurídico más sensible de la presentación. La defensa argumenta que los peritajes que se realicen sobre el lugar, la maquinaria y los elementos involucrados “son irreproducibles”: una vez ejecutados, el estado de los objetos no podrá reconstruirse.
“El pedido encuentra sustento en que, por las características propias del hecho, se trata de peritajes irreproducibles: el estado del lugar y de los elementos involucrados no podrá ser recreado con posterioridad, de modo que el único control posible es el que se ejerza en el momento mismo en que las operaciones periciales se realicen”, indicaron.
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“La máquina es de propiedad de mi mandante y fue utilizada en el lugar con anterioridad al siniestro, por lo que las conclusiones a que se arribe pueden afectar de manera directa sus derechos e intereses. Privarla de la posibilidad de controlar esas operaciones la dejaría, frente a un resultado que luego no podrá ser revisado, sin herramienta alguna para hacer valer su posición”, argumentaron.
En diálogo con Infobae, el abogado Cúneo Libarona expresó su pesar por lo ocurrido en Lanús y ponderó el trabajo de la Fiscalía.
“La empresa lamenta mucho lo sucedido. Puso a disposición de la Fiscalía la máquina y documentación muy importante. Entiendo que la fiscalía está haciendo un buen trabajo de investigación. Aún resta el peritaje de bomberos sobre el modus operandi de la pinchadura y sobre si existió una un incumplimiento negligente de ese protocolo”, dijo el letrado.
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La explicación de Metrogas ante la Justicia
Metrogas también realizó una presentación ante la Justicia en la investigación penal por el incendio en Remedios de Escalada.
En el escrito, al que también accedió este medio, la compañía reveló que su propio inspector fue quien informó la rotura del caño de gas 36 minutos antes de que una vecina llamara para alertar por la fuga, y que las obras estaban autorizadas por los organismos reguladores correspondientes.
El escrito, firmado por el apoderado Damián Ariel Díaz con patrocinio de Guillermo Acuña Anzorena, fue presentado ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.
Metrogas explicó que el primer aviso se produjo el 13 de noviembre de 2026 a las 09:44, cuando Maximiliano Volonte, inspector de acero y polietileno de la empresa, llamó para informar que una tunelera de la contratista Exgadet S.A. había golpeado un caño de gas en la calle Coronel Beltrán 78, entre Iberlucea e Hipólito Irigoyen, en Remedios de Escalada.
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A las 09:51, Volonte reiteró el aviso. A las 10:06, una vecina llamó para informar la misma fuga en la misma cuadra, pero el sistema ya contaba con personal en el lugar, por lo que no se generó una nueva intervención.
La empresa notificó el plan de obras al entonces ENARGAS, actual ENREGE (Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad), el 29 de mayo de ese año. Según explicó, el proyecto, identificado internamente como “Proy 42”, consistía en reemplazar redes de distribución de baja presión de hierro fundido por redes de media presión de polietileno, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y operación del sistema.
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La empresa señaló que el permiso para trabajar también fue otorgado por la Municipalidad de Lanús, que autorizó a Exgadet S.A. a operar en el área comprendida por las avenidas Hipólito Yrigoyen, Coronel Leonardo Rosales y Coronel Beltrán. La Municipalidad renovó ese permiso por 60 días adicionales para garantizar la continuidad de los trabajos.
En cuanto al personal involucrado, Metrogas identificó cuatro operarios que se trasladaron al lugar: el inspector Volonte, el reclamista Marcelo García (fallecido), el asistente Marcelo Alcobre y el asistente de mantenimiento Néstor Julián D’Alesandro (fallecido). Las decisiones operativas estuvieron a cargo de cuatro operadores del Centro de Control y Atención de Urgencias (CCAU): Melina Audicio, Iván Ezequiel Mamani, Eduardo Madera y Jorge Benítez, precisó la empresa.
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La documentación fue entregada en un pendrive de 32 GB con 21 archivos encriptados individualmente. Las claves de acceso se aportaron en un sobre cerrado, con la solicitud de que sea guardado en la caja fuerte de la Fiscalía. Cada archivo cuenta, además, con una capa de seguridad adicional mediante metadatos en los audios y marcas de agua en el resto de los documentos.
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