La Justicia Federal dispuso la prisión preventiva por 180 días para cuatro integrantes de una organización acusada de robar cables subterráneos de telefonía e internet en Mar del Plata. Según la investigación, se trató de una maniobra que afectó a más de 1.900 clientes y dejó pérdidas estimadas entre $200 millones y $560 millones.
La imputación fue presentada por el fiscal federal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, durante una audiencia ante el juez de Garantías Santiago Inchausti. También intervino el auxiliar fiscal Juan Martín Vera.
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Los acusados fueron imputados por integrar una asociación ilícita en la modalidad de organización criminal. Además, la Fiscalía atribuyó siete episodios de robo agravado en poblado y en banda y la interrupción de comunicaciones.
De esos hechos, cuatro se habrían concretado y tres quedaron en grado de tentativa. La pesquisa determinó que el grupo extrajo cerca de 2.000 metros de cableado en distintos sectores céntricos de la ciudad bonaerense.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, los integrantes de la organización utilizaban ropa similar a la de operarios, conos naranjas y carteles de señalización para presentarse como una cuadrilla de obra pública y evitar sospechas durante las maniobras.
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Además, la estructura logística incluía un camión con pluma hidráulica, una camioneta utilitaria, automóviles y un semirremolque. Para retirar el material, empleaban un falso generador eléctrico que ocultaba un motor con malacate.
Así, los acusados descendían a cámaras subterráneas mediante escaleras angostas, cortaban los tendidos y realizaban una segunda intervención en otra cámara, situada por lo general entre 100 y 200 metros más adelante. Luego, la grúa permitía tirar del cable y retirarlo desde la vía pública. Finalmente, el material sustraído era trasladado hacia la zona sur de Mar del Plata.
Según la información publicada en el sitio Fiscales, el depósito donde se almacenaban los cables robados fue constatado durante los allanamientos realizados el domingo pasado. Asimismo, indicaron que en el marco de la causa fueron detenidas seis personas.
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A pesar de esto, la audiencia de formalización se suspendió para dos de ellas porque permanecen internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. Ambos resultaron lesionados al arrojarse desde un tercer piso durante un procedimiento, cuando intentaron huir de las autoridades.
Frente a esto, el juez convalidó la extensión de sus detenciones por 72 horas, solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Además, ordenó la captura de uno de los prófugos ya identificado y declaró su rebeldía. Otras dos personas también continúan prófugas.
La causa se inició el 21 de agosto, a partir de una denuncia de Telefónica Móviles Argentina S.A. por interrupciones en los servicios de telefonía e internet de sus clientes en la ciudad. A raíz de esto, la Unidad Fiscal Mar del Plata trabajó junto con la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal y el Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de General Pueyrredón.
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Fue así que las tareas de inteligencia y el análisis de cámaras de seguridad permitieron identificar seis hechos ocurridos entre el 18 de agosto y el 3 de septiembre. Además, un séptimo episodio fue detectado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus.
No obstante, ese caso será investigado como tentativa. Esto derivó en las tres órdenes de allanamiento que permitieron las detenciones y el secuestro de la maquinaria presuntamente utilizada para las extracciones del material.
Durante los procedimientos, la Policía Federal Argentina secuestró 14 teléfonos celulares, tres equipos de comunicación, un camión con pluma hidráulica, vehículos, recortes de cables y más de $11 millones y US$4.200. Asimismo, en una vivienda alquilada en la zona norte se hallaron diez celulares, marihuana y dinero en efectivo.
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Por este motivo, el juez habilitó peritajes, el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los detenidos y del prófugo identificado. A su vez, se ordenaron la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales.
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