La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por unanimidad un dictamen favorable para ratificar el acuerdo que permitirá el regreso del programa del Cuerpo de Paz de Estados Unidos al país, suspendido desde 2016 por las condiciones de seguridad.
El expediente, promovido por el gobierno central por medio de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, pasó a la comisión tras la aprobación del acuerdo ejecutivo el 9 de septiembre de 2026. El instrumento bilateral fue firmado en San Salvador el 7 de septiembre de 2023.
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La decisión de la comisión, adoptada el 16 de septiembre, deja el acuerdo listo para su discusión y votación en el pleno legislativo. Según la sesión, la Asamblea tenía prevista una plenaria para el 17 de septiembre.
El programa volvería tras una década de suspensión
El jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados de la Cancillería salvadoreña, Lisandro Alberto Landaverde, señaló que el retorno del Cuerpo de Paz abre una tercera etapa de actividades de la agencia federal estadounidense en el país.
El programa inició sus tareas en El Salvador en 1962. Sus operaciones se interrumpieron en 1979, en el contexto de la crisis política y el inicio del conflicto armado interno. Volvió en 1993, tras los Acuerdos de Paz, aunque suspendió nuevamente sus actividades en 2016 por la situación de seguridad.
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Durante el debate, los integrantes de la comisión vincularon la reactivación con el cambio en las condiciones de seguridad. La diputada Ana Figueroa sostuvo que el país cuenta ahora con un entorno que permitiría recibir a los voluntarios estadounidenses en comunidades salvadoreñas.
Landaverde afirmó que la seguridad figura entre los elementos que favorecieron el interés de la agencia por volver al país. “Gracias a ese clima de seguridad es que Peace Corps o Cuerpo de Paz nuevamente dijo: ‘Okey, quiero retornar a El Salvador’”, expresó durante la sesión.
Más de 2.300 voluntarios trabajaron en los 14 departamentos
El dictamen aprobado por la comisión indica que más de 2.300 voluntarios del programa prestaron servicios previamente en los 14 departamentos de El Salvador.
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Las actividades incluyeron proyectos de agricultura, salud, desarrollo económico comunitario, formación de jóvenes y fortalecimiento municipal. El nuevo acuerdo prevé que los voluntarios desarrollen labores solicitadas por el Gobierno salvadoreño y aceptadas por el Gobierno de Estados Unidos.
La Cancillería indicó que todavía no se definieron las áreas que recibirán primero a los voluntarios. Landaverde mencionó como posibles campos de trabajo la agricultura, la educación, la salud, el medio ambiente, el liderazgo comunitario y el desarrollo de la juventud.
El funcionario señaló que el objetivo será fortalecer capacidades ya existentes en las comunidades y en instituciones locales, tanto públicas como privadas, que participen en la ejecución de las iniciativas.
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El texto establece que el Gobierno de Estados Unidos aportará el financiamiento para el voluntariado y los programas de cooperación. La parte salvadoreña deberá facilitar condiciones administrativas, migratorias, aduaneras y tributarias para las actividades previstas.
El representante de la Cancillería explicó que los compromisos locales podrían relacionarse con exenciones tributarias para equipos, suministros o proyectos que el programa requiera. Agregó que cualquier gasto adicional dependerá de los acuerdos específicos que surjan durante la ejecución.
El convenio entrará en vigor tras el intercambio de notas entre ambos gobiernos
La ratificación legislativa no bastará por sí sola para activar el programa. El acuerdo entrará en vigor cuando El Salvador y Estados Unidos intercambien las comunicaciones oficiales que confirmen el cumplimiento de sus procedimientos internos.
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El instrumento no fija un período de vigencia. Cualquiera de los dos gobiernos podrá denunciarlo, con un plazo de 90 días para que deje de surtir efecto.
La comisión concluyó que la ratificación actualizará el marco jurídico que regulaba el programa desde 1961 y ofrecerá certeza para el retorno de los voluntarios. El proyecto de decreto establece que, una vez aprobado por el pleno y publicado en el Diario Oficial, entrará en vigencia ocho días después.
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