
La Justicia federal dispuso el secreto de sumario en la causa por presunto lavado de dinero narco que tiene como principal acusado a Leandro David “Lelo” Pérez (53), ex pareja de Victoria Xipolitakis, quien fue detenido recientemente en Rosario.
La medida se adoptó después de que Pérez y los otros dos sospechosos, un socio y un ex policía de Santa Fe, fueran indagados por las autoridades.
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La investigación fue impulsada por el fiscal de la Procelac en Rosario, Juan Argibay Molina, y por el fiscal de la Procunar, Matías Scilabra. Ambos habían detectado hace cerca de nueve años posibles maniobras de lavado de dinero atribuidas a Pérez, en las que se habría intentado canalizar fondos originados en actividades vinculadas al narcotráfico de Los Monos o del asesinado Luis Medina, quien formalmente nunca fue imputado como jefe narco.
Dentro del expediente, los investigadores presumen que “Lelo” Pérez y otras tres personas, entre ellas su socio Marcelo M. y el ex policía Maximiliano N. -destituido de la fuerza en 2023 por supuesto enriquecimiento ilícito-, recurrieron a empresas comerciales y estructuras inmobiliarias para adquirir activos de alto valor, vehículos de lujo y propiedades, además de promover construcciones edilicias.
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El legajo también señala la presunta intervención del hijo de Pérez y de un subinspector de la Policía de Santa Fe en las operaciones en la mira judicial.
No es la primera vez que el ex novio de Xipolitakis enfrenta a la Justicia. Sus vínculos con el crimen organizado rosarino han quedado reflejados en investigaciones previas, donde se documentaron conexiones tanto con el fallecido Luis Medina como con la firma Reina Automotores S.R.L., utilizada para la compra de vehículos que luego emplearon cabecillas de Los Monos, como Ramón Ezequiel Machuca, alias “Monchi Cantero”, condenado como líder de esa organización.
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Pérez fue arrestado por primera vez el 12 de octubre de 2016 en las torres Aqualinas, en barrio Martín, a metros del Monumento Nacional a la Bandera, por una causa provincial encabezada por el fiscal Sebastián Narvaja, quien lo ubicó dentro de una estructura dedicada a estafas y lavado de activos.
En ese expediente también figuraron personas de relevancia en el ámbito profesional, quienes terminaron beneficiadas por un cambio en la política de persecución penal bajo la gestión del fiscal regional Patricio Serjal, a quien esta semana se le confirmó una condena a nueve años de prisión por corrupción.
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En febrero de 2023, llegó una condena para “Lelo”: recibió una condena a tres años de prisión por lavado de activos simple.
Tras esa sentencia, sin embargo, volvió a quedar en la mira de la Justicia. Las autoridades federales determinaron que Pérez habría continuado con maniobras de blanqueo de mayor escala, utilizando la firma Transporte Overland S.R.L. y otras sociedades comerciales como Palabra Santa S.R.L. y Araca Corazón S.R.L.
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La causa avanzó y desembocó en su nuevo arresto, otra vez en su departamento ubicado en las torres Aqualinas.
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