Condenaron a tres años de prisión a uno de los acusados de ayudar a encubrir el femicidio de Érika Álvarez

La Justicia de Tucumán condenó a tres años de prisión efectiva a Nicolás Augusto Navarro Flores, de 37 años, por el delito de “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado” en el caso del femicidio de Érika Antonella Álvarez. La sentencia fue dictada por el juez Bernardo L’Erario Babot este miércoles durante un juicio abreviado, luego de que el imputado reconozca su responsabilidad penal. La víctima, de 25 años, fue asesinada y su cuerpo fue hallado dentro de bolsas de residuo en un basural de la zona de Manantial Sur en enero de este año.

El acuerdo, celebrado entre la Unidad Fiscal de Homicidios I, la defensa y la querella, contempla además una reparación económica de 100 millones de pesos destinada a la familia de la víctima. Durante la audiencia, la fiscalía subrayó “la brutalidad del hecho precedente y la fuerte carga simbólica contra la dignidad” que implicó el descarte del cuerpo de la joven.

La condena de Navarro Flores se inscribe en un expediente penal que continúa abierto respecto a otros involucrados: Felipe Sosa permanece acusado como autor material del femicidio, mientras que Justina Gordillo, funcionaria pública, y Jorge Orlando Díaz siguen imputados por distintos grados de encubrimiento agravado. El acuerdo de juicio abreviado al que accedió Navarro Flores no afecta el avance de la causa en relación a estos coimputados.

La investigación técnica resultó determinante para reconstruir los movimientos de Navarro Flores después del crimen cometido por Felipe Sosa. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) recolectó pruebas que demuestran que el 7 de enero de 2026, Navarro Flores recibió comunicaciones de Sosa desde las primeras horas del día y acudió a su domicilio en dos oportunidades.

Cerca de las 22:00 horas de esa jornada, Navarro Flores regresó a la vivienda en un vehículo Toyota Hiace y, según las evidencias, retiró bolsas que contenían restos, prendas y otros rastros de la víctima, para posteriormente descartarlas. El análisis de llamadas, el impacto de antenas telefónicas y los registros de cámaras de seguridad permitieron confirmar la coordinación entre Navarro Flores y el autor material del femicidio para eludir la acción de la justicia. Aunque Navarro Flores aportó información en el transcurso del proceso judicial, su detención en febrero se logró gracias al avance de una investigación técnica realizada.

Durante la audiencia, la fiscalía remarcó la gravedad de la conducta atribuida al condenado, al considerar que la remoción y descarte de los restos de la víctima representó “una afrenta a la dignidad humana y un intento deliberado de obstaculizar la investigación penal”. La reparación económica ofrecida como parte del acuerdo fue aceptada por la familia de la joven, quienes estuvieron presentes en la audiencia y manifestaron su conformidad con la resolución judicial.

El femicidio de Érika Antonella Álvarez

Érika Antonella Álvarez tenía 25 años y residía en la ciudad de Yerba Buena, Tucumán. El martes 6 de enero de 2026 fue la última vez que su familia tuvo contacto con ella a través de mensajes, en los que la joven prometió cenar con ellos al día siguiente. Esa noche, ingresó al domicilio de Felipe Sosa, exmilitar, en la calle Santo Domingo al 1100, un lugar que visitaba de forma ocasional. Su familia notó su ausencia cuando no regresó ni respondió más mensajes y, al acudir a su casa, solo encontraron la vivienda vacía.

De acuerdo con la investigación judicial, entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de enero, la joven fue asesinada. La autopsia determinó que sufrió traumatismos en la cabeza y el rostro, además de lesiones cervicales que resultaron letales. El informe forense también detectó una luxación en la mandíbula y la utilización de sogas y cintas, elementos que fueron hallados junto a sus restos.

La mañana del 7 de enero, Sosa contactó a Navarro Flores, quien se acercó a la vivienda. Posteriormente, según las pericias, Sosa ideó un plan para deshacerse del cadáver y de las pruebas que lo comprometían. Las cámaras de seguridad y los registros telefónicos permitieron reconstruir en detalle el trayecto utilizado para ocultar el cuerpo.

El 8 de enero, un grupo de mujeres que recolectaba objetos en ese basural encontró el cuerpo dentro de bolsas de consorcio, atada y encintada. La identificación formal se logró gracias a tatuajes y rasgos particulares reconocidos por familiares y confirmados por la policía. El análisis forense estableció que la muerte había ocurrido entre 36 y 40 horas antes del hallazgo.

La causa penal avanzó rápidamente, con la detención de Sosa en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, después de que se fugara de Tucumán. Además de él, la Justicia imputó a Navarro Flores por encubrimiento agravado y a otras personas, incluyendo a una funcionaria judicial, por su presunta colaboración en el ocultamiento de pruebas y la logística para el descarte del cuerpo. La investigación continúa reuniendo pruebas que permitan esclarecer la totalidad de la secuencia y la responsabilidad de cada uno de los implicados.