
El Gobierno de Costa Rica impulsa una reforma a la legislación sobre los productos de tabaco con el objetivo de reducir el contrabando de cigarrillos, una actividad ilícita que, según el Informe de Evasión Fiscal 2024, ya representa el 43 % del mercado nacional.
La iniciativa fue presentada ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y plantea una serie de cambios en el modelo tributario vigente para fortalecer la recaudación fiscal, cerrar espacios a la evasión de impuestos y dotar al Ministerio de Hacienda de mayores herramientas para combatir el comercio ilegal de estos productos.
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De acuerdo con la exposición del Ejecutivo, el sistema actual ha provocado un efecto contrario al esperado. El denominado piso tributario del 85 % sobre los cigarrillos legales ha incrementado considerablemente su precio en el mercado, ampliando la diferencia con los productos de contrabando que ingresan al país sin pagar impuestos y sin cumplir los controles sanitarios establecidos por la legislación costarricense.
Según el Gobierno, esa brecha de precios ha incentivado que una parte importante de los consumidores opte por productos ilícitos, fortaleciendo las redes de contrabando y reduciendo la recaudación tributaria del Estado.
Como parte de la reforma, el Ejecutivo propone eliminar el impuesto que actualmente se destina al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para que el Ministerio de Hacienda concentre de forma exclusiva la administración, fiscalización y recaudación de los tributos relacionados con los productos del tabaco.
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Las autoridades consideran que esta centralización permitirá simplificar los procesos administrativos, fortalecer la supervisión del mercado y responder con mayor rapidez a las nuevas modalidades utilizadas para evadir impuestos.
Otro de los cambios contemplados en el proyecto consiste en otorgar mayores facultades a la Dirección General de Tributación para actualizar los mecanismos de control mediante reglamentos, sin necesidad de tramitar reformas legales cada vez que aparezcan nuevos productos o cambien las condiciones del mercado.
Esta modificación también permitiría incorporar de manera más ágil regulaciones sobre los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos que contienen nicotina, un segmento que ha experimentado un crecimiento importante durante los últimos años y que requiere mecanismos de fiscalización más dinámicos.
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La iniciativa además crea un impuesto específico de hasta ₡20 (USD O.04) por cada cigarrillo o producto derivado del tabaco. Ese monto será actualizado anualmente por el Ministerio de Hacienda con base en la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con el propósito de mantener el valor real del tributo sin depender de nuevas reformas legislativas.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, estas modificaciones buscan reducir el incentivo económico que actualmente favorece al mercado ilegal y fortalecer la capacidad del Estado para recuperar recursos que hoy se pierden por la evasión fiscal.

El contrabando de cigarrillos se ha convertido en uno de los principales desafíos para las autoridades tributarias y de seguridad del país. Además de representar pérdidas millonarias para las finanzas públicas, la comercialización de productos que ingresan ilegalmente al territorio nacional dificulta el cumplimiento de las políticas de salud pública dirigidas a reducir el consumo de tabaco.
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Al tratarse de mercancías que ingresan sin controles oficiales, estos productos no siempre cumplen con los requisitos de etiquetado, advertencias sanitarias o estándares de calidad exigidos por la normativa costarricense, lo que incrementa los riesgos para los consumidores.
El Gobierno sostiene que una legislación más flexible permitirá adaptar con mayor rapidez las medidas de control ante los cambios del mercado, especialmente frente al crecimiento de nuevas alternativas de consumo como los vapeadores y otros dispositivos electrónicos.
El proyecto continuará ahora su discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde los diputados analizarán el impacto de las modificaciones propuestas y escucharán el criterio de las instituciones involucradas antes de decidir si la iniciativa avanza al Plenario Legislativo.
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En caso de recibir la aprobación de la Asamblea Legislativa, la nueva normativa entrará en vigencia tres meses después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, periodo durante el cual el Ministerio de Hacienda deberá preparar la reglamentación necesaria para poner en marcha los nuevos mecanismos de fiscalización, recaudación y control del mercado de productos de tabaco.
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