La banda que desvió armas al mercado negro recibió prisión preventiva y embargos millonarios

Once personas fueron procesadas con prisión preventiva y embargos millonarios por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay, acusadas de integrar una organización que desvió de manera irregular al menos 742 armas de fuego de los registros oficiales a circuitos ilegales entre 2022 y 2026.

De acuerdo con la resolución a la que accedió este medio, el expediente se inició tras una denuncia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), luego de detectar un patrón atípico en la adquisición y transferencia de armas de fuego en Argentina.

El análisis incluyó cruzamientos sobre usuarios que, en un corto período, solicitaron la tenencia de cinco o más armas tras haberse convertido en legítimos usuarios, muchas veces con ingresos incompatibles con el valor del material adquirido.

La investigación, encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina de la Superintendencia de Investigaciones Federales, halló que gran parte de las transacciones involucraban pistolas semiautomáticas de calibres 9 mm, .40 y .380, principalmente de las marcas Bersa, Glock y Taurus.

El relevamiento cubrió 147 casos, con inspecciones presenciales en 38 domicilios y la detección de irregularidades en 35 de ellos.

Entre las operatorias detectadas, la Justicia remarcó la utilización de usuarios interpuestos (“testaferros”), armerías, gestores administrativos y facilitadores dentro de organismos de control que permitieron que las armas, aunque formalmente registradas, no permanecieran en poder de sus titulares ni en los domicilios declarados.

Del informe oficial se desprende que 742 armas de fuego registradas a nombre de los involucrados no fueron halladas en poder de estos ni en los lugares declarados para su guarda. El número de armas perdidas podría superar las 2 mil unidades. Se comprobó, al mismo tiempo, que algunas tuvieron como destino Chile y Uruguay.

El juez federal consideró que los acusados conformaron una organización estable y funcional desde, al menos, enero de 2022, con reparto de roles que incluyó la coordinación de operaciones, reclutamiento de supuestos usuarios, manejo de trámites ante la ANMAC y certificación de documentación.

De acuerdo con el fallo, Ricardo Javier Mascato fue señalado como jefe u organizador, encargado de coordinar la compra de armas mediante terceros y de impartir instrucciones para la adquisición y cesión del armamento a personas no habilitadas.

Entre los procesados figuran, además de Mascato, Martín José Núñez (reclutador de usuarios y beneficiario de pagos por operación), Walter Claudio Nahuel Moreno (funcionario policial y gestor de trámites administrativos, procesado también por incumplimiento de los deberes de funcionario público), Maximiliano Herminio Domingo Gómez Veras (instructor de tiro y mandatario registral), Mirta Vanesa Lazzati (usuaria y participante en transferencias de armas), Daniel Níver Iglesias (titular de armería La Perdiz), Yanina Micaela Ribeiro y Daniel Alberto Ribeiro (armería La Nona), Pablo Augusto Iannarelli y Fernando Héctor Rodríguez (ambos con participación en gestiones y certificaciones dentro del sistema) y Roberto Daniel Rean (mandatario y partícipe en transferencias irregulares).

Juan José Fogliani y otros usuarios vinculados también fueron mencionados con distintos niveles de responsabilidad.

También se resolvió el procesamiento sin prisión preventiva de Julio Zenón Ruiz y José Víctor Ávila tras acreditarse, en fase indagatoria, la probabilidad de que ambos hayan entregado armas de fuego registradas a su nombre a terceros no autorizados, no encontrándose tales armas en sus domicilios, y habiéndose detectado al menos dos de ellas en procedimientos policiales en Chile.

Las pruebas consideradas incluyen informes periciales, comunicaciones telefónicas, registros informáticos, transferencias bancarias y testimonios.

El juez valoró principalmente las conversaciones interceptadas, registros de transferencias de armas y la reiterada intervención de los mismos gestores y armerías en los circuitos bajo sospecha.

La resolución determinó la prisión preventiva de todos los imputados, señalando riesgos procesales y la posibilidad de entorpecimiento de las pruebas.

En varios casos, como los de Martín José Núñez, Yanina Micaela Ribeiro, Fernando Héctor Rodríguez y Juan José Fogliani, se mantuvo el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud.

Las medidas cautelares incluyeron el embargo de bienes de los acusados. Para Mascato, el monto máximo fue de $120.000.000, mientras que para el resto de los procesados la suma fijada fue de $100.000.000 cada uno.

A lo largo del expediente, los imputados dieron distintas versiones de su participación o negaron vínculo con la operatoria irregular. Manifestaron desde desconocimiento de las maniobras, justificaciones sobre tenencias y transferencias, explicación sobre su relación con armerías o el uso de usuarios interpuestos, hasta declaraciones sobre pérdidas por robo o extravío de armamento.

Varios negaron la recepción de pagos ilegales, sostuvieron la legalidad de las operaciones y ofrecieron pruebas documentales y testimoniales.

La calificación legal impuesta por el juzgado es la de asociación ilícita agravada con figura de jefe para Mascato y miembros para el resto, en concurso real con la entrega ilegal de armas de fuego; Moreno, además, fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos deberán responder en calidad de coautores, excepto Mascato como organizador.

El expediente continuará bajo instrucción para determinar el alcance total de los hechos e identificar a otros posibles partícipes aún no individualizados.