La Policía de Misiones detuvo a una profesora del Instituto Privado Mariano de Oberá, Misiones, tras confirmarse que la mujer, de 33 años, sustrajo la tarjeta de débito de una colega para realizar compras no autorizadas por más de $300.000 pesos.
La maniobra fue descubierta cuando la víctima, también docente de la institución y de 25 años, notó consumos bancarios desconocidos y realizó la denuncia, lo cual motivó la rápida actuación de la policía y derivó en la detención de la acusada.
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Entre las pruebas recabadas se cuentan imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Yésica Tamara B. efectuando compras durante los horarios en que ocurrieron los movimientos bancarios indebidos.
Los registros confirmaron que, después de la defraudación el 5 de mayo, la autora devolvió la tarjeta al bolso de su compañera, quien advirtió la falta 48 horas más tarde, informó La Voz de Misiones.
Los consumos realizados
El detalle de los gastos arrojó transacciones por $62.000 en una estación de servicio, $226.000 en un supermercado y $21.000 en otro comercio local.
Estas operaciones sumaron un desembolso de $309.000, cifra clave para reconstruir el circuito delictivo y delimitar la responsabilidad de la sospechosa. La pesquisa incluyó peritaje ciberdelictivo, cruce de datos horarios y análisis de material audiovisual en cada uno de los comercios implicados, lo que permitió atribuir la autoría material a la ahora detenida.
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Y así quedó acreditado el accionar en base a la secuencia probatoria: el análisis de registros electrónicos y fílmicos permitió determinar la identidad de la autora y culminó con la detención de la sospechosa al salir del establecimiento educativo.
El procedimiento judicial recayó en el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, que ordenó la detención de Yésica Tamara B. cuando intentaba abandonar la escuela el miércoles último.
La docente permanece alojada en la Seccional Segunda de Oberá bajo investigación por robo y defraudación. Al mismo tiempo, la dirección del Instituto Privado Mariano abrió un sumario interno para deslindar responsabilidades administrativas y considerar eventuales sanciones disciplinarias.
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Cayó en una estafa telefónica, le vaciaron la cuenta y el banco deberá devolverle todo el dinero más una indemnización
Un juzgado de la provincia de Buenos Aires condenó a una entidad bancaria a restituir los fondos sustraídos por fraude electrónico a un cliente e indemnizarlo con más de cuatro millones de pesos, al haber incumplido su obligación de proteger la seguridad de los sistemas y no activar alertas ante transferencias atípicas.
Un usuario de servicios bancarios en la ciudad de Tandil inició su reclamo tras ser víctima de una maniobra de phishing el 14 de marzo de 2023. El incidente comenzó cuando intentó realizar un pago con tarjeta de débito, pero la operación resultó rechazada por vencimiento del plástico.
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Al recurrir a la aplicación digital de la entidad financiera, recibió a continuación un mensaje por WhatsApp que, simulando provenir de la empresa emisora, lo condujo a una comunicación telefónica fraudulenta
Durante la llamada, el usuario facilitó información sensible: usuario, claves y varios códigos de token. Con estos datos, los estafadores accedieron a la cuenta, realizaron las cinco transferencias y bloquearon el acceso al sistema digital del cliente.
La decisión judicial estableció además el pago de daño moral y una suma punitiva adicional, justificando que la proliferación de estafas digitales exige mecanismos de control y prevención más robustos por parte de los bancos.
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El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Tandil determinó una condena total de $4.074.000, a actualizar hasta el pago efectivo e incorporar intereses desde la fecha del incidente, de acuerdo con el expediente.
El monto incluye la devolución de los 574.000 pesos transferidos fraudulentamente a través de cinco operaciones, más una suma fijada por daño moral y daño punitivo, este último regulado en dos millones de pesos. La condena también ordena al banco asumir los gastos judiciales y honorarios profesionales.
La investigación penal iniciada terminó archivada ante la imposibilidad de identificar a los responsables del delito.
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