Despedida tumbera en Córdoba: por qué trasladaron a cuatro detenidos al velorio del joven que murió en una comisaría

Una multitudinaria caravana de motos atravesó las calles del barrio Pueyrredón en la provincia de Córdoba para despedir a Tomás Orihuela, el joven de 19 años que falleció en una celda de la Comisaría Sexta de barrio General Paz. El velorio contó con la presencia de cuatro familiares que están presos y la Policía desplegó un operativo para realizar el traslado de los mismos.

Se trata de dos hermanos y dos primos del joven fallecido que fueron trasladados desde la cárcel de Bouwer y desde el penal de Cruz del Eje bajo custodia para participar del velorio. El cortejo fúnebre recorrió varias cuadras y estuvo marcado por características de una “despedida tumbera” con humo y ruido de los cortes de caño de escape.

La decisión está amparada por la ley 24.660 de Ejecución Penitenciaria que contempla salidas extraordinarias. El articulo 166 autoriza, en caso de enfermedad, accidente grave, fallecimiento de familiares o allegados el derecho a visita. Esto sucede en caso de que existan razones humanitarias para su presencia y que se cumpla con ciertos deberes morales. Sin embargo, la misma ley faculta a la autoridad judicial a rechazar la salida si existen “motivos serios y fundamentados” para denegar el permiso

La intervención judicial resulta ineludible en todas estas situaciones. La autorización puede ser emitida por un juez, un fiscal o un tribunal, dependiendo del estado procesal de la persona detenida. En el caso de los parientes de Orihuela, la decisión recayó en una prosecretaria y no en la jueza de Ejecución Rita Fonzalida, debido al breve margen temporal. En el caso de Orihuela, todas las autorizaciones debieron resolverse antes de las 24 horas.

Sobre la lógica que rige estos operativos y la interpretación legal, el abogado penalista Facundo Pérez Lloveras señaló en Telenoche que la orden para el traslado debe ser emitida por “el funcionario judicial que tiene la custodia del detenido”, y añadió: “El Servicio Penitenciario toma noticia de esta circunstancia, primero se toma la decisión de la visita y después se arma el operativo de traslado”.

De acuerdo con Pérez Lloveras, el diseño del dispositivo de seguridad —incluida la cantidad de agentes destinados— depende del “riesgo que implique el traslado del detenido a ese lugar”, y corresponde exclusivamente a la autoridad penitenciaria abordar el terreno y definir el protocolo, una vez concedido el permiso judicial.

El permiso no es automático: “La Justicia autoriza la procedencia o improcedencia del traslado, mientras que el Servicio Penitenciario define el operativo específico”, afirmó Pérez Lloveras a El Doce. La evaluación se realiza sobre cada situación en particular y contempla antecedentes, riesgos y el tipo de relación familiar o de cercanía del detenido con la persona fallecida.

El pedido de la familia

El caso de Tomás Orihuela abre nuevamente el debate sobre las prácticas y controles en las detenciones policiales. El joven fue arrestado en dos ocasiones durante pocos días y su familia asegura que la orden de detención presentada por los efectivos estaba caducada.

Además, los familiares insisten en que no pudieron verlo la noche de su muerte, luego de que la madre acudiera a la Comisaría Sexta para entregarle alimentos y abrigo. Según narró su hermana Mariana: “Muy raro que mi hermano se haya dormido en una celda, no eran ni las 22:00 y ya sabía que lo tenían que largar”.

La familia sostiene que Orihuela habría sido golpeado en la dependencia policial y exponen que el joven presentó “un edema cerebral, además de complicaciones en un pulmón y un riñón”, hechos que no coincidiría con el presunto suicidio. Su reclamo principal es que hubo una acción violenta de los agentes, lo que ha generado un fuerte malestar social reflejado en la masiva despedida.

La noche del fallecimiento, un patrullero se acercó al domicilio familiar para pedirles que se presentaran de urgencia en el Hospital Córdoba, informando que Tomás había sufrido un accidente. El primer informe médico señalaba muerte cerebral, aunque al día siguiente la situación clínica registró actividad cerebral en el Hospital Eva Perón. Finalmente, su muerte se confirmó este lunes por la tarde.

El caso permanece abierto bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 8. Ante la conmoción generada y la persistencia del reclamo social, la presión para que se identifiquen responsabilidades y se conozcan las circunstancias exactas de la muerte del joven Tomás Orihuela sigue creciendo en la provincia de Córdoba.