Organización Civil presenta informe sobre el exilio en Guatemala que reúne más de 100 testimonios y exige al Estado un retorno seguro

Más de 100 testimonios de personas obligadas a salir de Guatemala entre 2014 y 2025 quedaron reunidos en el informe exilio “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025)”, presentado este viernes en el Palacio Nacional de la Cultura con la demanda de que el Estado reconozca a las víctimas, avance en su descriminalización y cree condiciones para un retorno seguro.

El documento sostiene que el 93% de los casos analizados se concentra en el período en que Consuelo Porras encabezó el Ministerio Público entre 2018 y 2026. También concluye que la persecución no afectó solo a quienes enfrentaron causas penales, sino a sus familias, su trabajo, su acceso a vivienda y su vida pública.

Dirigido por Carlos Beristain, coordinador también del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, el informe fue elaborado con cobertura conjunta de Ruda y Hora Cero.

La presentación reunió a personas exiliadas conectadas desde distintos países, familiares, defensores de derechos humanos, autoridades de gobierno y periodistas.

Beristain explicó que el informe recoge los efectos personales, familiares, profesionales, institucionales y sociales de la criminalización, además de su impacto sobre la democracia y el Estado guatemalteco.

Durante el acto, afirmó que el punto más duro de las entrevistas no fue la reconstrucción de la persecución, sino la respuesta a una pregunta básica sobre el significado del destierro: “El exilio es una experiencia de privación de derechos humanos que no deja tiempo siquiera para darte cuenta de lo que significa”.

La criminalización alcanzó a jueces, periodistas, autoridades indígenas y activistas

El informe identifica como blanco de esa persecución a operadores de justicia, autoridades ancestrales, periodistas de investigación, defensores de derechos humanos, activistas sociales y miembros del partido Semilla.

También enumera seis patrones recurrentes: denuncias por conductas que no constituyen delito, judicialización rápida por parte del Ministerio Público, uso de figuras como terrorismo o asociación ilícita, prisión preventiva prolongada como presión, y coordinación entre querellantes adhesivos y funcionarios de fiscalía para divulgar información confidencial y promover ciberacoso.

En la conferencia de prensa posterior, realizada en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Beristain amplió que el informe registra procesos abiertos durante años, audiencias canceladas y respuestas arbitrarias del sistema de justicia.

Añadió que hubo una criminalización selectiva sostenida por ciertos jueces y que el fenómeno cambió de objetivo con el tiempo: pasó de operadores de justicia a periodistas, dirigentes políticos y autoridades de pueblos originarios.

Beristain añadió que la criminalización contra pueblos indígenas es anterior a 2014 y está ligada a luchas por el territorio, oposición a proyectos extractivos, defensa del derecho a la consulta y reclamos de ciudadanía plena.

En ese tramo, describió un trasfondo de racismo institucional y de negación de derechos.

El informe define el exilio como “muerte civil” y pide una política de retorno

Uno de los conceptos centrales del documento es la “muerte civil”, expresión con la que Beristain describe la pérdida de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, así como del buen nombre y de la integración social.

Los testimonios indican que los efectos continúan después de la salida del país, porque la información difundida en redes sociales y sitios digitales sobre antecedentes de los exiliados dificulta conseguir empleo y vivienda en los lugares de acogida.

Sandy de Argüello, representante de los guatemaltecos exiliados en México, advirtió que los registros oficiales no reflejan la dimensión real del fenómeno.

“Los números que se contabilizan oficialmente normalmente solo hacen recuento de las personas afectadas y perseguidas directamente, pero no nos cuentan como víctimas a las esposas y esposos, a las hijas e hijos que acompañan en el exilio, pero también a las hijas e hijos que tuvimos que dejar, a nuestras madres y padres, a las abuelas, a los abuelos”, dijo.

De Argüello reclamó que el gobierno de Bernardo Arévalo mantiene “una deuda histórica, pero también inmediata” con las personas exiliadas, los presos políticos y sus familias. En la misma línea, Beristain sostuvo que una vía de salida pasa por el reconocimiento público del papel de los exiliados, su ética y su rechazo a aceptar presiones o modificar su trabajo para evitar la persecución.

Entre las recomendaciones, el informe plantea que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos establezca una mesa de trabajo para garantizar condiciones de retorno seguro. También propone una política de descriminalización con acciones del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Derechos Humanos y otras instituciones estatales, además de atención a los casos individuales de personas que mantienen cinco, seis, siete, 20 u 80 procesos o denuncias sin acceso claro a la información.

Durante el acto en el Palacio Nacional, Bernardo Arévalo reconoció que el exilio documentado entre 2014 y 2025 responde a “la misma lógica en la que ocurrió en el conflicto armado interno: el abuso del poder”. El mandatario, hijo de un exiliado político que pasó 20 años fuera del país, afirmó: “El exilio que documenta este informe pareciera otro. No es la continuación directa de aquel horror, pero sí, en cierto sentido, es su repetición bajo un rostro distinto”.