
A seis días del femicidio de Natalia Cruz en el barrio Luz y Fuerza, la investigación por la fuga de Orlando Serapio, principal sospechoso del femicidio, se convirtió en una carrera contra el tiempo y la incertidumbre. Una hipótesis sobre el paradero del asesino comienza a cobrar fuerza.
El caso, que sacudió a la localidad de Campo Quijano, expuso limitaciones en los operativos de búsqueda y generó fuertes cuestionamientos sobre el manejo judicial y policial.
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La última señal concreta de Serapio fue una llamada telefónica a su madre la noche del asesinato. Según la causa judicial, el prófugo habría reconocido: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que figura en el expediente y fue confirmada por allegados a la familia. Desde ese momento, el hombre, acusado formalmente de homicidio doblemente agravado, permanece fuera del alcance de las autoridades.
El único rastro físico corresponde a la camioneta abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conecta con San Antonio de los Cobres.
Este vehículo, hallado poco después de iniciada la huida, constituyó la principal pista para orientar el operativo policial, aunque hasta ahora no permitió arrojar resultados concluyentes.
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La búsqueda, según fuentes consultadas por El Tribuno, se centró en ese corredor vial y descartó la posibilidad de que el sospechoso hubiera optado por el camino a El Rosal, debido al mal estado del sendero.
Hasta el momento, los investigadores manejan dos hipótesis sobre su paradero. Por un lado, consideran que Serapio se haya quitado la vida en una zona inhóspita; por otro, sospechan que cuenta con ayuda externa. Esta última gana fuerza a medida que pasan los días y no se descarta un eventual cruce clandestino hacia Chile o Bolivia.
Tras el hallazgo del vehículo, el rastrillaje se intensfició, aunque su duración fue limitada por las condiciones climáticas y la falta de recursos policiales. El despliegue careció de tecnología avanzada y personal suficiente, factores que diluyeron el impulso inicial de la búsqueda.
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Las críticas al accionar judicial no tardaron en aparecer. Familiares de la víctima y organizaciones sociales reclamaron la falta de medidas en la vivienda de los padres de Serapio: el allanamiento fue breve, no se confiscaron teléfonos celulares y no se activaron herramientas tecnológicas para rastrear comunicaciones. La propia madre admitió ante la Justicia haber hablado con su hijo tras el crimen, pero ese testimonio no derivó en acciones concretas para profundizar la investigación.
Un elemento que refuerza la hipótesis de una fuga planificada es el hecho de que Serapio huyó con su teléfono móvil, ropa de abrigo y objetos personales. Para los investigadores, no se trató de una reacción improvisada, sino de un escape ejecutado por alguien que conoce el terreno y que habría trazado una ruta de salida con anticipación.
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El contexto de la huida plantea desafíos adicionales para las fuerzas de seguridad. El área de Campo Quijano y la región hacia la frontera presentan condiciones geográficas complejas, con zonas de difícil acceso y escasa conectividad, lo que complica el avance de las patrullas. Además, la proximidad a pasos fronterizos no habilitados refuerza las sospechas de una posible salida del país.
Mientras tanto, la comunidad de Campo Quijano se mantiene movilizada. Familiares de Natalia Cruz, acompañados por vecinos y organizaciones feministas, realizaron una nueva marcha silenciosa exigiendo justicia y rapidez en la captura del sospechoso. El reclamo se replicó en redes sociales y generó adhesiones en otras localidades de la provincia.
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La causa judicial permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, que por estas horas evalúa nuevas medidas. Se analiza la incorporación de recursos tecnológicos y la ampliación del radio de búsqueda, aunque no se precisaron plazos para la ejecución de estos operativos.
Por el momento, no surgieron testigos que hayan visto a Serapio tras el abandono de la camioneta, y tampoco se detectaron movimientos bancarios ni registros migratorios a su nombre. Las autoridades insisten en que cualquier dato relevante puede resultar clave e instaron a la población a comunicarse de forma anónima ante cualquier información sobre el paradero.
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