República Dominicana: el destino judicial y económico tras la incautación de RD$631 millones y 181 mil detenciones

Entre 2020 y 2025 se incautaron 631.8 millones de pesos (aproximadamente USD 10.7 millones) en operativos antidrogas realizados en República Dominicana, según datos oficiales. Aunque las cifras de detenciones y decomisos muestran la magnitud de la lucha contra el narcotráfico, existe poca información pública sobre el destino final del dinero incautado y el recorrido judicial de los casos tras los arrestos.

El flujo de recursos incautados no fue constante durante el periodo: los años 2020 y 2021 concentraron los montos más elevados, con 298.3 millones de pesos (unos USD 5 millones) y 173 millones de pesos (alrededor de USD 2.9 millones), respectivamente. A partir de entonces, los fondos decomisados disminuyeron de forma significativa, con un leve repunte en 2023 antes de volver a descender en los últimos años.

Durante esos seis años, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) reportó la detención de 181,945 personas, lo que equivale a un promedio anual de 30,324 detenciones. De acuerdo con una recopilación de datos de Diario Libre, también se confiscaron más de 147 mil kilogramos de drogas en distintos operativos.

Salidas judiciales y recorrido de los expedientes

En relación con el destino judicial de los arrestos, los registros del Poder Judicial muestran que las salidas de casos por distribución o tráfico de drogas en fase de juicio fueron 718 en 2024, 1,606 en 2025 y 220 hasta el 25 de marzo de 2026. Esto suma 2,544 decisiones judiciales en poco más de dos años. De ese total, el 59 % correspondió a condenas y el resto a absoluciones, acuerdos, suspensiones o archivos de los expedientes.

El número de decisiones judiciales resulta bajo si se compara con el promedio anual de detenciones. Muchas de las personas arrestadas no llegan a juicio o sus expedientes quedan en otras etapas del proceso penal, por lo que el destino de la mayoría de los detenidos no queda plenamente documentado en los registros públicos.

Distribución y uso de los fondos incautados

En cuanto al destino de los bienes y fondos incautados, la administración cambió con la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). Desde ese momento, el 10 % del dinero retenido (265.5 millones de pesos, cerca de USD 4.5 millones) se asigna a la operatividad del Incabide, mientras que el 90 % restante (2,389.9 millones de pesos, alrededor de USD 40.5 millones) pasa a la Cuenta Única del Tesoro, bajo administración del Ministerio de Hacienda. Este ministerio tiene la obligación de publicar informes semestrales que detallen el uso de los fondos.

El marco legal sobre la distribución de estos recursos ha evolucionado con los años. Inicialmente, la legislación establecía que parte de los fondos debía apoyar programas de prevención y rehabilitación de adicciones, pero actualmente esa asignación específica es solo una posibilidad y no una obligación, quedando a criterio del Gobierno central.

Organizaciones que trabajan en prevención y tratamiento de adicciones han señalado que los fondos provenientes de bienes incautados no siempre llegan a los programas sociales previstos y han solicitado mayor claridad sobre la distribución y el impacto de estos recursos.

Gran parte del dinero administrado por el Incabide en los últimos años se originó en casos de corrupción ligados a exfuncionarios y personas cercanas al gobierno anterior: 2,095.8 millones de pesos (alrededor de USD 35.5 millones). El resto, 559.7 millones de pesos (aproximadamente USD 9.5 millones), corresponde a otros expedientes vinculados al narcotráfico y delitos diversos.

Aunque las cifras de incautaciones y detenciones son elevadas, el destino final de los recursos y el seguimiento judicial de los casos siguen siendo temas pendientes de mayor transparencia, según entidades sociales y especialistas del sector.