La Justicia Federal dispuso que Natalia Castillo, la jefa a cargo del área de DNI en el Registro Civil del departamento Pocito, provincia de San Juan, fuera trasladada al penal de Chimbas bajo prisión preventiva. Está acusada de presuntamente formar parte de una banda dedicada a la falsificación de documentos y que habría realizado estafas que superarían los 11 millones de pesos.
La causa está bajo investigación del fiscal federal Fernando Alcaraz, de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de San Juan, quien dispuso la detención de cuatro personas. Además de Castillo, también fueron detenidos Rolando Javier “El Narigón” Navarro Saide, un hombre conocido por sus antecedentes de estafa y que se encuentra en prisión domiciliaria; su hijo Rodrigo Navarro Pozo; y Marcos Esteban Vallejo.
A pesar de que el caso cobró notoriedad pública el pasado 30 de junio con la detención de los cuatro sospechosos, el origen de la investigación se debió a una denuncia realizada por un vecino de la localidad de Tandil, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, en diciembre del año pasado, el denunciante habría notado que alguien habría utilizado su identidad, cuando comenzaron a llegarle deudas por préstamos y créditos en San Juan por un total de 11.412.000 de pesos.
Luego de que el Registro Nacional de Personas (RENAPER) confirmara que el DNI del hombre había sido renovado en el Registro Civil de Pocito, detectaron que ese documento llevaba la fotografía de otra persona. Por medio de la realización de peritajes que incluyeron técnicas de reconocimiento facial, las autoridades determinaron que la cédula le había sido entregado a Marcos Esteban Vallejo, quien contaba con domicilio en Chimbas.
Como consecuencia de este hallazgo, la Justicia de Buenos Aires se declaró incompetente y derivó la causa a San Juan, debido a que la maniobra había sido cometida en su jurisdicción. De acuerdo a la información publicada por Tiempo de San Juan, desde ese entonces la causa fue asumida por el fiscal Alcaraz, con intervención de la Gendarmería Nacional en las tareas investigativas.
De esta manera, las autoridades identificaron la existencia de transferencias de al menos 500 mil pesos entre Vallejo y Rodrigo Navarro Pozo. Fue así que también se trazó una conexión con Navarro Saide, debido a la relación de parentesco y los antecedentes por estafa.
En línea con esto, los investigadores plantearon como hipótesis principal que los tres hombres habrían constituido una banda con la empleada del Registro Civil, quien se cree que habría provisto el acceso a las bases de datos y a la impresión de las documentaciones falsificadas. Así, Castillo se los habría entregado a sus supuestos cómplices, para que llevaran a cabo las defraudaciones.
A partir de esta teoría, el fiscal Alcaraz ordenó que los cuatro fueran detenidos el pasado 30 de junio. Tras los arrestos, se allanó el domicilio de Castillo, en donde se incautaron 162 documentos de identidad, actualmente bajo peritaje para determinar si serían apócrifos y establecer la supuesta existencia de más fraudes.
De la misma forma, los detenidos fueron imputados por los delitos de falsificación de documentos públicos y estafas. Asimismo, el juez de garantías Leopoldo Rago Gallo fijó 120 días de plazo para la investigación, dictó prisión preventiva para Castillo en el penal de Chimbas y autorizó la excarcelación de Vallejo y Navarro Pozo, previa caución real de 1,5 millones y 500 mil pesos, respectivamente. Posteriormente, el juez federal mendocino Juan Ignacio Pérez Curci elevó la caución de Vallejo a 2,5 millones.
Frente a esto, la abogada de la empleada del Registro Civil de Pocito, María Filomena Noriega, y el defensor de Vallejos, Sergio Herrero, apelaron a las medidas impuestas, pero el magistrado no hizo lugar a los planteos. Además, se confirmó que Navarro Saide seguirá cumpliendo con el régimen de detención domiciliaria, mientras la investigación sigue su curso.
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