Son tres los condenados por el geriátrico del horror: deberán pagar $4 millones por cada abuelo fallecido

El juicio por el caso de los 10 abuelos que murieron de coronavirus en 2020 en el geriátrico Apart Los Incas, del barrio porteño de Belgrano, llegó a su final: este lunes el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a los dos apoderados y a la directora médica. Para los jueces, la cifra de 4 millones de pesos es la suma a pagar como indemnización por la vida de cada abuelo, cuyos familiares iniciaron la demanda civil.

Según pudo saber Infobae, en un fallo por mayoría en el que votó en disidencia el presidente del tribunal, los apoderados del geriátrico Luis Daniel Megyes y Hugo Visca fueron hallados culpables, al igual que la directora médica Carla Raffo.

La decisión fue de los magistrados Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo. Los apoderados condenados recibieron una pena de 18 meses de prisión en suspenso y fueron imposibilitados para conducir un geriátrico por 3 años; mientras que la profesional de la salud recibió una condena a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación. Fue por los delitos de propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas y violación de medidas epidémicas.

Los tres condenados enfrentaban cargos por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias durante la pandemia, para quienes la fiscalía, a cargo de Maximiliano Vence, y la querella habían pedido penas de entre tres y cuatro años de prisión.

En tanto, las partes habían solicitado la absolución para la ex funcionaria porteña Paula Trunzo. Para las esposas de los dueños, Alicia Haydee Allegue y Daniela Alejandra Gonzalo, quienes también integraban el staff del geriátrico como presidente y vice, se solicitaron penas de tres y cuatro años, pero en suspenso. Este lunes las tres recibieron la absolución.

Además, a los apoderados condenados los jueces los obligaron a indemnizar con 4 millones de pesos a cada una de las víctimas que reclamaron en la Justicia Civil.

Sergio Federovisky, ex secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, también tenía a su madre, Delia Ivanac, como residente en el Apart Incas al momento del brote de COVID-19 en 2020. La mujer no falleció en ese pico de contagios sino después, pero en los últimos años fue uno de los fervientes defensores de la causa contra los responsables de lo sucedido.

En diálogo con Infobae, Federovisky consideró que el fallo de los jueces fue “vergonzoso” y opinó: “Un anciano que muere producto del abandono y la desidia vale 3500 dólares, es muy fuerte”.

El ex funcionario nacional se mostró muy enojado con las penas: “Sin pruebas, pero con mucha convicción, puedo decir que el tribunal estaba dispuesto a absolverlos y no lo hizo porque los familiares fuimos todos los días".

Y rescató: “Fuimos también los familiares quienes en ese entonces evitamos más muertes, porque el fin de semana del 17 al 19 de abril los tres condenados desaparecieron y dejaron a 28 abuelos internados de un geriátrico a cargo de un electricista y de un empleado de mantenimiento. Incluso, ese fin de semana nos mandaron un mail para que retiráramos a nuestros familiares contagiados y nos los lleváramos a casa”.

Además, Federovisky confirmó que apelarán la sentencia. Lo mismo hará la defensa de la médica condenada, así lo confirmó a este medio Catalina Santoro del estudio jurídico SAB: “Estamos en desacuerdo con la decisión. Hay elementos que probaron que Raffo actuó con la diligencia debida y de acuerdo al conocimiento que había del virus al inicio de la pandemia COVID-19”.

Por su parte, Rafael Cúneo Libarona, abogado de los apoderados condenados, dijo a este medio: “Estamos muy sorprendidos con la condena, ya que, para la época de los hechos, la pandemia recién había comenzado y no existían protocolos definidos del gobierno de la ciudad, porque todas las semanas se cambiaba un protocolo diferente”.

Y agregó: “La existencia de los asintomáticos tornaba impredecible e imprevisible el poder de contaminación del virus COVID 19. Un geriátrico no es un hospital, sino una casa de residencia de personas mayores. Y, en ese contexto, el virus pudo haber ingresado de modos insospechados, a través de familiares o de proveedores o de cualquier otra persona”.

El letrado anticipó también que apelarán la decisión. Mientras que Luis Daniel Megyes, uno de los dueños del geriátrico que fue sentenciado, le dijo a Infobae: “No entendí por qué me condenaron y estoy ansioso por escuchar los fundamentos. Yo pedí que se derivaran los pacientes de inmediato. Nadie dijo que haya dicho nada indebido, por eso no entiendo la condena”. Y anticipó que denunciará por falso testimonio a Federovisky.

El caso

El 21 de abril de 2020 se conoció públicamente el brote que afectó a esta residencia, ubicada en la intersección de la avenida de los Incas y la calle Zapiola, en la Ciudad de Buenos Aires.

Fueron 28 de los 33 residentes los que se infectaron con el virus y 10 fallecieron. Además, entre el personal, 10 de los 14 empleados también dieron positivo a los testeos.

La propagación de COVID-19 en el hogar para adultos mayores Apart Incas de Belgrano puso en el centro del debate la gestión de residencias de ancianos durante los primeros meses de la pandemia.

Familiares de los residentes advirtieron que la institución demoró en reaccionar pese a las señales de alarma y a la aparición de síntomas compatibles con el virus entre los residentes y el personal.

La investigación identificó al menos nueve irregularidades cometidas por los responsables del geriátrico. Entre ellas, la falta de controles médicos básicos como la toma regular de temperatura, el hecho de que no se realizaron hisopados al personal, la existencia de historias clínicas desactualizadas y la presión ejercida sobre empleadas para que continuaran trabajando pese a presentar síntomas. Esto favoreció la rápida expansión del virus en el establecimiento.