El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4 homologó la condena a tres años de prisión en suspenso para el principal acusado de liderar una banda que producía y comercializaba licencias de conducir apócrifas en la Ciudad de Buenos Aires.
La sentencia se dictó tras un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°25 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, actualmente a cargo de Juan Cruz Artico, según informaron fuentes judiciales.
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La causa se originó en un control vehicular realizado por Policía de la Ciudad, donde se detectó una licencia con irregularidades. Ante la consulta con la fiscalía, por entonces a cargo de Néstor Maragliano —actual Secretario General de Política Criminal del MPF CABA—, se dispuso el secuestro del registro y una pericia que confirmó el carácter apócrifo del documento.
A partir de ese hallazgo, el fiscal Maragliano ordenó una serie de medidas que permitieron identificar una estructura delictiva dedicada a captar clientes, producir y vender licencias falsas durante un período de casi un año. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA colaboró con las tareas y utilizó la figura del agente revelador para esclarecerlos hechos: un investigador simuló ser comprador y solicitó una licencia apócrifa a través de un contacto de WhatsApp.
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La compra se concretó en la intersección de Monasterio y Avenida Caseros, en el barrio de Parque Patricios, donde el vendedor —que se hacía llamar “Matías”— fue registrado por cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).
El seguimiento de la banda determinó que el principal imputado actuaba como captador, comercializador y coordinador de los otros integrantes de la organización.
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Según confirmaron las autoridades, la red ofrecía tramitaciones rápidas de registros de conducir falsos a través de redes sociales y mensajería instantánea. Los interesados enviaban sus datos, realizaban pagos en efectivo o mediante billeteras virtuales y acordaban la entrega de los documentos ilegítimos.
Durante un allanamiento en un domicilio de Almagro, la policía secuestró 53 licencias de conducir apócrifas a nombre de distintas personas, cuadernos con anotaciones relevantes para la investigación y dispositivos electrónicos. El análisis de los dispositivos, realizado por el CIJ, reveló conversaciones incriminatorias sobre la operatoria de la banda.
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El acuerdo de juicio abreviado fue homologado por la jueza Araceli Martínez. El principal acusado fue condenado como autor de asociación ilícita y falsificación de documentación pública y privada. Además, deberá cumplir pautas de conducta durante los tres años que dure la pena en suspenso.
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