Este miércoles, efectivos de la Policía de Tucumán y la Justicia realizaron nueve allanamientos en el municipio de Juan Bautista Alberdi, que culminaron con la detención de cuatro personas, tres de ellas ex funcionarios municipales.
Según confirmó el jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, al medio local El Tucumano, la operación, que se desarrolló bajo la supervisión directa de Girvau, representa un nuevo capítulo en el escándalo institucional que sacude al sur tucumano y que involucra a figuras clave de la administración local, así como a representantes sindicales.
La lista de detenidos, de acuerdo con la información proporcionada por la fuerza de Seguridad de la Provincia, incluye al ex secretario de Hacienda de la municipalidad, José Roldán; al ex concejal Albano Leru; al ex secretario de Gobierno, Juan Lezcano; y al representante de ATE y CTA, José “Cuchamota” Funes.
La detención de estos individuos se produjo tras una serie de procedimientos judiciales que buscaron esclarecer la presunta participación de funcionarios y demás personas vinculadas al poder en las actividades ilícitas que pusieron en jaque la gobernabilidad del municipio.
El contexto de estas detenciones se remonta a una serie de hechos que comenzaron a salir a la luz cuando se viralizó una grabación de una conversación entre el ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis “Pato” Campos, y el supuesto empresario de la construcción, Roque “Chipi” Giménez.
En ese audio, que se difundió el jueves 5 de junio, surgieron supuestos vínculos de funcionarios municipales con redes de narcotráfico en la zona. La difusión de la grabación provocó la intervención del municipio y la apertura de dos expedientes judiciales, marcando el inicio de una investigación de gran alcance.
La fiscal Mónica García de Targa decidió ampliar la investigación contra Campos, al considerar que habría sido cómplice de Giménez en un intento de atentar contra la paz y el orden público del municipio. Según la representante del Ministerio Público, existen fuertes indicios de que el ex intendente no era ajeno a la grabación realizada por Giménez en septiembre de 2024. Este elemento resultó determinante para que la fiscal tomara la decisión de profundizar la pesquisa y sumar nuevos cargos a la causa.
Por otro lado, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz abrió una investigación paralela que involucra a Campos, a su pareja, la legisladora Sandra Figueroa, a Roldán y al propio Giménez. La acusación se centra en la presunta integración de una asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico.
En simultáneo, en el marco de la causa provincial, la fiscal García de Targa solicitó y obtuvo la autorización de un juez de garantías para iniciar un proceso contra Giménez y Campos.
A Giménez se le imputó el delito de atentar contra la paz social, y se le dictó prisión preventiva por seis meses. El acusado fue trasladado al penal de Benjamín Paz, donde permanecerá detenido mientras avanza la investigación.
En cuanto a Campos, hasta ese momento, la fiscal solo había encontrado indicios de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no haber realizado las denuncias correspondientes sobre los ilícitos mencionados en la grabación.
Chipi Giménez, de 39 años, es conocido en Alberdi por su rol como contratista de obras públicas. Su empresa, Giménez Group, construyó una sala velatoria municipal destinada a vecinos de bajos recursos, por la que cobró al menos 15 millones de pesos. Además, estuvo a cargo de la recuperación del mercado municipal, aunque los trabajos se suspendieron por falta de pagos, ya que no recibía los fondos provinciales necesarios para continuar. Posteriormente, habría sido contratado para refaccionar el Centro Cultural de la ciudad.
El conflicto entre Giménez y el intendente Campos se originó tras el robo sufrido en el obrador del mercado municipal. En el audio viral, Giménez le reclama a Campos: “¿Quién me va a devolver los 16 millones de pesos que me llevaron?”. Este hecho fue denunciado ante las autoridades.
Cuándo estalló el escándalo, el —en ese entonces— intendente reconoció públicamente que su voz es la que aparece en el audio, aunque negó cualquier implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico. “De la grabación no recuerdo muchos detalles”, declaró Campos, quien situó la conversación hace aproximadamente un año y aseguró que el diálogo giraba en torno al robo sufrido por un tercero. Además, cuestionó la legalidad de la grabación, argumentando que “grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal”.
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