El millonario negocio de los nigerianos que trafican cocaína por correo desde Buenos Aires al mundo

El negocio de la cocaína en Argentina tiene dos brazos. El primero es el narcotráfico doméstico. El segundo es el contrabando internacional. El segundo, el contrabando, donde la droga se envía al exterior, es más silencioso. Y en el contrabando, todo depende del destino final.

La cocaína siempre fue una commodity ilegal, un producto masivo, pero la epidemia global del fentanilo y las drogas sintéticas -algo impensado en Argentina, un país que todavía se droga como en el siglo XX- le quitó el foco del consumo callejero. Así, se convirtió en un producto casi de lujo. Los contrabandistas en Argentina, a contramano del mundo, tienen una posición privilegiada: operan del otro lado de la frontera del kilo más barato del mundo, dos mil dólares en el monte de Bolivia según expertos fiscales y fuentes del hampa a nivel local.

El contrabando hacia Asia, África y Oceanía, es el más lucrativo y arriesgado de todos, con naciones del mundo árabe y el sudeste asiático que castigan a traficantes con la prisión perpetua o incluso la pena de muerte: en Australia, donde el tráfico se castiga con hasta 25 años de prisión, la cocaína puede costar hasta 250 mil dólares estadounidenses el kilo, según un reporte de la Australian Federal Police. Solo hay que tomar una calculadora y multiplicar.,

Los envíos se realizan en pequeños paquetes, en encomiendas, con droga de altísima pureza disimulada dentro de juguetes y artesanías, de cualquier cosa. Los acusados en estos casos son casi siempre personas migrantes, en su gran mayoría, nigerianos. J. Oyeniyi, de 42 años, oriundo de Nigeria, unía ambos mundos, según la acusación en su contra: armaba el paquete y lo despachaba.

Oyeniyi fue detenido el 21 de marzo pasado por la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad en una casa que ocupaba en Lanús. El Juzgado en lo Penal Económico N°3 a cargo de Francisco Caputo y el fiscal Pablo Diluch lo buscaban por un envío detectado el 7 de junio de 2023 en el Aeropuerto de Ezeiza, con Auckland, Nueva Zelanda, como destino final. La cocaína estaba disimulada en 20 cajas de edulcorantes.

En su casa, le encontraron un rollo de film, tijeras, trinchetas, pinzas y abrochadoras, todo un kit de ensamblaje, así como un arcaico manual de la Aduana que databa de comienzos de los años 80 para detectar contrabando de drogas en mulas o en los dobles fondos de valijas. También, tenía seis formularios de una empresa de correo privado, comprobantes de despachos. El destino final: Australia. Le secuestraron cuatro celulares, que podrán ser peritados.

Oyeniyi está lejos de ser el único de ser sospechado de enviar polvo a Oceanía. Entre comienzos de 2022 y junio de 2023, según cifras oficiales, la Aduana incautó 92 paquetes con 125 kilos de polvo, la gran mayoría de altísima pureza. Australia, con 18 envíos, era el país más elegido. España, un poco menos, 14 envíos. Estados Unidos, diez envíos. Hong Kong e India, 8 y 7 envíos. Nueva Zelanda y Tailandia, cuatro envíos. La lista la completan Francia, Holanda, Arabia Saudita, Malasia, Pakistán. Se encontró hasta un envío dirigido a Nueva Guinea, medio kilo encontrado el 19 de septiembre de 2022, oculto dentro de adornos de cerámica.

También está lejos de ser el único ciudadano nigeriano en este negocio. La lista va mucho más atrás en el tiempo.

Los otros acusados

Bethrand A., nacido en Ekulu, Nigeria, llegó a la Argentina tras obtener la ciudadanía venezolana: en 2019, el Tribunal N°3 lo condenó también a cuatro años y siete meses por esconder 369 gramos de droga con una pureza del 75% dentro de un viejo family game empacado por correo privado, con destino a Toronto, Canadá. El paquete había sido detectado en 2010; Amadi fue arrestado en 2017 en el aeropuerto de Barajas, España, cuando viajaba de Nigeria a Venezuela.

Michael N. no decía mucho, iba y venía en sus días en pequeño hotelito de familias y pasajeros en la calle Guardia Vieja en el Abasto, no llamaba la atención tampoco, entre otros vendedores ambulantes de su nacionalidad, había nacido en 1968 en la zona de Nkerefi, en el interior de Nigeria. Terminó preso en el penal de Ezeiza después de que lo detuvieron el 9 de noviembre de 2017 luego de despachar una encomienda en la sucursal del Correo Argentino de la avenida Santa Fe al 2000 en Martínez. El destino: China. Michael luego fue investigado por otros dos envíos a China y otro a Tailandia, con un 85% de pureza en promedio. Así, lo condenaron a una pena idéntica a la de sus compatriotas en esta lista.

El 22 de febrero de 2019, el Tribunal Nº1 del fuero le dio tres años de ejecución condicional a Martin C., que vivía en Ramos Mejía y fue acusado de despachar 200 gramos a Tailandia a otro nigeriano, ocultos en la base de un reloj de pared: ese envío, curiosamente, data de 2011 según registros. Martin usó un nombre verdadero para despachar la caja por el Correo Argentino, desde una sucursal de Bellavista: el de una mujer de la zona, hoy de 60 años de edad, que nunca tuvo idea de lo que pasaba. Martin repitió la maniobra en 2013, dos años después, con el nombre de una mujer de Bella Vista.

El caso de Sara y Olga: la red internacional y el factor migrante

No solo se trata de nigerianos, por otra parte. La maniobra de mover cocaína por correo hacia mercados dealer de alto precio se repite a lo largo de los tribunales en lo penal y económico. Sara H., nacida en Venezuela, con domicilio en Pilar y Olga M., colombiana, fueron condenadas en 2021 a casi cinco años de prisión cada una por una serie de encomiendas enviadas en 2019 vía Correo Argentino a la India, Nigeria, Uganda y Tailandia. Ambas terminaron presas en el penal de mujeres de Ezeiza.

Olga fue más precavida: insertó nombres falsos en los remitentes de los paquetes que el fiscal Gabriel Pérez Barberá le atribuyó. Sara, en cambio, se regaló. Puso su nombre verdadero en el paquete.

Los encargados de estos envíos suelen ser encontrados porque dejan un rastro fácil para la Justicia. Pero los fiscales acostumbrados a perseguir este tipo delitos difícilmente creen que estos imputados sean los dueños reales de la droga. Oyenidi, por ejemplo, estaba registrado como vendedor de ropa en la ex AFIP. La gran mayoría vive en pensiones, hoteles de pasajeros. Las investigaciones, en estos casos, se limitan a quienes despachan el paquete, y no a los contactos del otro lado del planeta y quiénes los controlan. ¿Cómo un hombre en una pensión de Montserrat o Lanús llega a un remitente del otro lado del mundo con cocaína de altísima pureza? “Es claro que hay una red internacional que lo facilita”, especula un alto funcionario en diálogo con Infobae.

Un caso reciente evidencia la maldición que cuelga sobre los pobres prestanombres. Juana M., vecina de la Villa 1-11-14, madre de tres hijos, víctima de violencia de género, beneficiaria de varios planes sociales, pedía comida en un comedor tres veces por semana. En 2022, recibió tres años en suspenso por tres envíos de droga a Oriente. Un informe socioambiental reveló su situación precaria, que sirvió como atenuante. Juana por otra parte, tampoco tiene antecedentes, lo que llevó al Tribunal en lo Penal Económico N°1 a optar por una pena más leve.