El Poder Judicial expresó su rechazo a las afirmaciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, acerca de una presunta infiltración del crimen organizado en la institución.
En un comunicado oficial, el órgano judicial aseguró que mantiene una política de cero tolerancia frente a la corrupción y resaltó los mecanismos internos que han sido reforzados en los últimos meses para garantizar la independencia y la transparencia en la administración de justicia.
El pronunciamiento surge tras las declaraciones de la presidenta de la República durante una conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, donde vinculó al crimen organizado con sectores del Poder Judicial.
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La respuesta institucional fue inmediata y se difundió públicamente, en coincidencia con la conmemoración de los 200 años de existencia del órgano judicial.
Según el documento, el Poder Judicial cuenta con mecanismos permanentes de control interno, supervisión, investigación y fiscalización para prevenir, identificar y atender cualquier conducta que comprometa la integridad de sus funcionarios o la prestación del servicio público de justicia. La institución enfatizó que estos controles permiten actuar ante cualquier indicio de corrupción, asegurando la transparencia de sus procesos.
En abril pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma legal impulsada por el propio Poder Judicial. Esta nueva normativa estableció un régimen disciplinario actualizado con herramientas más ágiles y eficaces para investigar, sancionar y separar del cargo a quienes incurran en actos de corrupción o mantengan vínculos con organizaciones criminales. La reforma representa uno de los cambios más significativos en la estructura disciplinaria del Poder Judicial en los últimos años, según consta en el comunicado institucional.
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La Corte Suprema subrayó que el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada exige instituciones fuertes y controles efectivos. Por ese motivo, hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener conocimiento de posibles irregularidades en la prestación del servicio de justicia, presenten las denuncias correspondientes por los canales institucionales. De esta manera, se garantiza que las investigaciones se realicen con el rigor que exige la ley.
“El Poder Judicial reafirma su política de cero tolerancia a la corrupción y continuará fortaleciendo sus mecanismos de prevención, investigación y sanción, con el propósito de preservar la confianza ciudadana y garantizar una administración de justicia independiente, transparente y sometida al Estado de derecho”, señala el texto oficial. La declaración institucional fue difundida ampliamente y replicada por diversos medios de comunicación, reforzando el compromiso de la institución con la legalidad y la ética pública.
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El comunicado además destaca que la legitimidad del sistema judicial se fundamenta en la confianza pública y la solidez de sus controles internos. El órgano judicial recordó que la lucha contra la corrupción requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad, e insistió en la importancia de denunciar cualquier irregularidad.
La coyuntura política actual ha colocado en el centro del debate la integridad de las instituciones encargadas de impartir justicia. Las declaraciones cruzadas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial reflejan el clima de tensión institucional que atraviesa el país centroamericano. Sin embargo, el máximo tribunal del país insistió en la fortaleza de la democracia y en la vigencia de los principios del Estado de derecho.
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El documento concluye con un mensaje que resume la postura institucional: “Somos justicia y democracia. 200 años al lado de la gente”. Esta frase busca reforzar el vínculo histórico entre el Poder Judicial y la sociedad, destacando la continuidad y el compromiso de la institución a lo largo de dos siglos de vida
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