
Juana M. vive en la Villa 1-11-14, precisamente en la manzana 25, una de las que históricamente controlan los traficantes peruanos que hace dos décadas se adueñaron a sangre y fuego del Bajo Flores. La crio su mamá, luego de que su padre abandonara a la familia. Tiene 26 años y es madre de tres hijos; el más chico tiene once meses. El mayor, de 11, vive con problemas de aprendizaje. Juana también convive con su pareja, el padre de uno de sus hijos. El padre de los otros dos está fuera del mapa. Juana fue, según ella misma, víctima de violencia de género.
Fue madre adolescente, tuvo el primero de sus hijos a los 15, lo que la llevó a abandonar el colegio secundario. Busca comida en un comedor comunitario tres veces por semana, cobra planes sociales hace años, como el Plan Progresar, la Asignación Universal por Hijo, también el beneficio para acceder a una garrafa. Desde 2015 que no tiene un trabajo en blanco, cuando fue contratada en una empresa de limpieza de edificios por un mes. También tiene deudas: acumula hace meses un rojo de más de 100 mil pesos a firmas de préstamos express
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La semana pasada, Juana fue condenada a tres años de cárcel en suspenso por el Tribunal En Lo Penal Económico N°1 por un delito sumamente llamativo. Fue tras un juicio abreviado donde aceptó su culpa, con una pena pactada por su defensa. El delito: contrabando de estupefacientes, enviar cocaína por correo. Los destinos de esa droga: Malasia y Tailandia.
Intentó hacerlo a través de tres envíos de DHL, entregados oficinas en las calles Corrientes y Senillosa entre julio de 2021 y marzo de este año, que contenían en total 1360 gramos de polvo. La Fiscalía N°6 del fuero pidió su arresto y su indagatoria en julio de este año, se ordenaron peritajes caligráficos.
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El contrabando de cocaína a Asia desde la Capital y el Conurbano que se repite con frecuencia en el mapa narco. Es un negocio sumamente lucrativo, un gramo en Bangkok puede valer casi cien veces lo que vale en el Bajo Flores, pero hace falta otro tipo de traficante para llevarlo a cabo, uno mucho más articulado. Los dealers que controlan la 1-11-14 nunca tuvieron interés en mandar polvo al otro lado del mundo, no es su estilo. Cuesta creer que una madre de tres que pide en un comedor pueda ser la dueña de casi un kilo y medio, con las conexiones suficientes para exportarla al otro lado del mundo.
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¿Juana simplemente prestaba o alquilaba su nombre? ¿Sabía lo que hacía? “La nombrada ha ostentado el dominio de dichos sucesos... No surge de las constancias de la presente causa alguna circunstancia que permita suponer la ausencia de conocimiento, por parte de la imputada, de los extremos típicos de los delitos atribuidos, o la falta de voluntad de realización de aquéllos, por lo que se verifica el dolo”, aseguró el juez Diego García Berro en el fallo que firmó. Un informe socioambiental reveló su situación precaria, que sirvió como atenuante. Juana por otra parte, tampoco tiene antecedentes, lo que llevó a la Justicia a optar por una pena más leve.
En todo caso, no es la primera mujer pobre en ser explotada en tiempos recientes por el negocio narco. La lógica que la oprime es la misma que oprime a las mulas que son enviadas por traficantes a puntos como Tierra del Fuego con condones cargados de polvo en sus estómagos. Esas mulas, por ejemplo, son sobreseídas metódicamente por jueces como Sebastián Casanello, que las considera víctimas. A fines de julio de este año, una joven que declaró un domicilio en un dúplex de Munro fue acusada de intentar enviar 86 aros de bijouterie rellenos con 1600 gramos de cocaína a Australia. Enviar cocaína disimulada por correo supo ser un negocio de miembros de la comunidad nigeriana, con polvo de más de 85 por ciento de pureza enviado desde puntos como Avellaneda o San Telmo hasta Tailandia o China misma, como el caso de Michael N., que vivía en un hotelito de Abasto, con envíos que databan desde 2017. Parecía que enviaba juguetes y adornos navideños, un rompecabezas, todo por Correo Argentino. Entre todas las piezas había una colchoneta. Cuando la abrieron, encontraron 333 gramos de cocaína.
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La condena ciertamente le cierra puertas a Juana. El Tribunal le prohibió ejercer el comercio durante un año y la inhabilitaron dos años para cualquier empleo público. También, le prohibieron de por vida entrar a trabajar en una fuerza de seguridad. Por otra parte, le impusieron pagar las costas del proceso. Sin embargo, el fallo no dice nada de investigar a un posible dueño de la cocaína.
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