Pueblada en Saladillo: liberaron en menos de 24 horas a los detenidos por incendiar la casa de la fiscal

El domingo por la noche, una turba de vecinos enardecidos intentó incendiar la casa de la fiscal Patricia Hortel en la ciudad bonaerense de Saladillo, creyendo que habría beneficiado a una pareja acusada del abuso sexual de una niña de 13 años, que quedó embarazada y dio a luz a una bebé.

Según la investigación, los violentos se dieron cita en la UFI N°2, que interviene en la causa. Allí, dijeron: “Vamos para la casa de Hortel... Ortivas de mierda, hagan algo, se abusaron de una menor, hablen con la basura de Hortel, no va a salir... Vamos a la Municipalidad...ahora vamos por el intendente...”, gritó uno de los manifestantes.

Así, agitada por un rumor local, una turba de cien personas llegó hasta su casa y echaron fuego a una pila de neumáticos; las llamas llegaron al portón de madera. Tuvieron que ser apagadas por policías de la Bonaerense con los matafuegos de sus patrulleros.

Hortel ni siquiera intervenía en el expediente. Es titular de la UFI N°1; el titular de la UFI N°2 es Roberto Berlingieri.

Luego, los manifestantes se dirigieron hacia el edificio de la Municipalidad.

Así, dos sospechosos identificados como Alejandro Acosta y Martín Bravo, fueron detenidos, señalados como los principales agitadores del disturbio, en una causa a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Hoy, están libres: los soltaron en menos de 24 horas. La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Patricia Noemí Altamiranda, según el fallo al que accedió Infobae.

¿Qué dijeron la jueza y el fiscal?

Según el fallo, Altamiranda decidió “convertir en detención la aprehensión” de ambos sospechosos por el delito de daño a edificios públicos, de acuerdo al fallo al que accedió este medio: es decir, en la letra final, no les imputó el ataque a la casa de Hortel, pero sí los acusó del ataque a la Municipalidad. Incluso, les prohibió acercarse a dos cuadras de la Municipalidad de Saladillo, pero no les prohibió acercarse a Hortel o a su domicilio. Tampoco fueron imputados por el delito de intimidación pública.

Hay un video que muestra a ambos acusados lanzando piedras al edificio público, según el racconto de pruebas. También, en el fallo, también, hay una curiosa disonancia:

“Comenzando los manifestantes, a arrojar elementos contundentes contra el personal policial y contra la propiedad de la doctora Hortel, ocasionando daños sobre la estructura de la vivienda, para luego arrojar sobre calle Ledesma cubiertas de neumáticos, cartones y bidones de contenido líquido inflamable, originando otro foco ígneo, identificando a dos de los coimputados, describiendo su fisonomía, ropaje y sus datos filiatorios, los que toman objetos contundentes de la superficie y lo arrojan sobre la mampostería y aberturas de la misma”, dice el texto.

Esos “coimputados” señalados por la Policía son Bravo y Acosta, quien había sido condenado a más de tres años de cárcel por varios delitos de robo en un tribunal porteño.

Esto, también, contrasta con lo planteado por Condomí Alcorta, que en su pedido de detención del día de ayer los acusó directamente de participar del ataque a la casa de Hortel y de, precisamente, el delito de intimidación pública.

Ayer, la Policía Bonaerense arrestó en Azul a Nelson L. y Daniela A., padrastro y madre biológica de la niña de 13 años violada y embarazada. El hombre está acusado del abuso con acceso carnal que sufrió la menor. La mujer, de encubrir a su pareja con un falso testimonio agravado por ser madre de la víctima.