
Tras la explosión de este jueves al mediodía en la oficina de Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, la Justicia ya ordenó una serie de medidas para esclarecer el caso y saber cómo fue el envío del paquete. Según las imágenes a las que accedió Infobae, la entrega se programó dos días antes y fue enviada a una empresa de logística que distribuye los pedidos.
De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer este medio, el sospechoso paquete llegó a una dirección en el barrio porteño de Barracas durante este miércoles, precisamente a las 13.28.
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Posteriormente, este mismo jueves, a la 1.51, el pedido inició su trayecto hasta un centro de operaciones de la empresa. Horas más tarde, a las 8.32, viajó hasta otra sucursal que estaría a cargo de realizar la entrega y que está ubicada sobre la avenida Scalabrini Ortiz, en Palermo. Justamente, en el mismo barrio en el que se encontraba la dirección final y donde se produjo la detonación.
Apenas veinte minutos después, la compañía dio aviso de que durante este mismo día se completaría el trayecto del envío. Así comenzó el tramo final hasta llegar a destino: la Sociedad Rural, también en Palermo.
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A las 10.28, el paquete fue recibido. Allí dentro se encontraba el explosivo, envuelto y con la rotulación correspondiente. “Juncal 4450″, son las primeras palabras que se alcanzan a leer en el papel pegado a la encomienda.
Tal como se observa en la descripción, pesaba 500 gramos, tenía 13 centímetros de ancho, 9 de alto y 17 de largo. También contaba con el número de seguimiento de 15 dígitos.
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Sin embargo, no se alcanza a percibir la parte que indicaba quién era el remitente del sospechoso paquete, debido a la rotura del papel provocada por la misma explosión del artefacto.
En tanto, la única pista que hay acerca de este nombre es la primera letra: una “m” en minúscula. Por eso, después de que se conoció el hecho, la empresa de envíos puso a disposición de la Justicia toda la información.
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Luego de que el paquete fuera recibido en la Sociedad Rural, Pamela Sousa, la secretaria del presidente de la entidad, Nicolás Pino, lo desenvolvió. En consecuencia, la mujer sufrió la detonación del elemento en sus propias manos. Y a pesar de que no presentó lesiones, el estruendo causó varios daños en la oficina del presidente de la entidad.
En las imágenes a las que accedió Infobae se puede observar cómo uno de los escritorios, presuntamente el de Sousa, quedó totalmente cubierto de cenizas a raíz de la explosión. Además, tanto la pantalla de una computadora como su teclado quedaron arruinados.
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“No debemos desconocer el hecho ocurrido, que podría haber sido gravísimo”, subrayó la SRA en un nuevo comunicado. Y agregó: “Debemos darle la importancia que se merece y exigir de quienes tienen a cargo nuestra seguridad y justicia, el más inmediato esclarecimiento del mismo para que no vuelvan a ocurrir experiencias del pasado, que pensábamos habían sido desterradas de nuestro sistema de convivencia”.
Previamente, aseguraron que existió una intención de “atentar contra la vida de Nicolás Pino”. “A raíz de los hechos de público conocimiento y luego de haber recibido información proporcionada por las distintas fuentes de la investigación en curso, podemos inferir que se trató de un explosivo casero que buscó atentar contra la vida del presidente de la entidad, Nicolás Pino”, manifestó el comunicado difundido en horas de la tarde.
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En este sentido, brindaron detalles acerca de la salud de las personas que fueron trasladadas al Hospital Fernández, quienes están fuera de peligro, aunque aún permanecen en observación. Uno de ellos es Pino. “Él, junto a cuatro integrantes del staff, se encuentran aislados en el Hospital Fernández por protocolos toxicológicos, realizando los exámenes correspondientes para determinar o descartar posibles sustancias tóxicas contenidas en el explosivo”, señalaron.
Tras el hecho, la causa está siendo investigada y el juez Daniel Rafecas -quien subroga en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 a Sebastián Casanello, que se encuentra de viaje en el exterior- solicitó la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del predio de la SRA, como un análisis toxicológico de las muestras recogidas tras la explosión.
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