Tras la explosión ocurrida en sus oficinas este jueves a partir del ingreso de un paquete sospechoso y ya con la correspondiente investigación en curso, la Sociedad Rural emitió un nuevo comunicado en el que aseguró hubo una intención de “atentar contra la vida de Nicolás Pino”, el presidente de la entidad.
“A raíz de los hechos de público conocimiento y luego de haber recibido información proporcionada por las distintas fuentes de la investigación en curso, podemos inferir que se trató de un explosivo casero que buscó atentar contra la vida del presidente de la entidad, Nicolás Pino”, dice el texto difundido en horas de la tarde.
En este sentido, brindaron detalles acerca de la salud de las personas que fueron trasladadas al Hospital Fernández, quienes están fuera de peligro, aunque aún permanecen en observación. Uno de ellos es Pino. “Él, junto a cuatro integrantes del staff, se encuentran aislados en el Hospital Fernández por protocolos toxicológicos, realizando los exámenes correspondientes para determinar o descartar posibles sustancias tóxicas contenidas en el explosivo”, señalaron.
Además, se refirieron a los procedimientos llevados a cabo en el predio tras la denuncia y destacaron la presencia de las autoridades porteñas en el lugar. “A lo largo del día, las instalaciones de la Sede Social han sido inspeccionadas por la Policía Científica y la brigada antiexplosivos”, indicaron. Y agregaron: “Autoridades de ese Tribunal, así como los máximos funcionarios de la cartera de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hicieron presentes en las instalaciones de la entidad”.
En la causa interviene el Juzgado Federal Penal N° 7, Secretaría N° 13, a cargo del juez Federal Sebastián Casanello, subrogado en este momento por Daniel Rafecas, quien ya dispuso medidas para determinar en qué circunstancias ingresó el paquete al lugar.
En este sentido, el comunicado continúa: “La Sociedad Rural Argentina se encuentra abocada a colaborar con el esclarecimiento del gravísimo atentado, confiando en las autoridades antes mencionadas”.
Y concluye: “Queremos agradecer a las entidades, asociaciones, autoridades, funcionarios, empresarios, gremios y a todas las personas por el apoyo y la solidaridad recibida en estas horas, reiterando nuestro acompañamiento a las familias de los afectados directos y a toda la comunidad de la Sociedad Rural Argentina en este difícil y critico momento”.
En el marco de las primeras medidas se ordenaron en la investigación, el magistrado solicitó tanto la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del predio de la SRA, como un análisis toxicológico de las muestras recogidas tras la explosión.
Según indicaron fuentes de la investigación a Infobae, la examinación es sobre las sustancias desconocidas que liberó la encomienda al momento del estruendo. Será realizada en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y el Malbran. Con sus resultados, se va a poder saber cuáles fueron los químicos con los que fue creado el artefacto y determinar si son tóxicos o biológicos.
Además, los investigadores esperan tener más pruebas de los videos de las cámaras para resolver un interrogante clave para el caso: quién fue el delivery que hizo la entrega del paquete. Aún intentan determinar si pertenecía a alguna cadena de envíos a domicilio o si lo hizo de manera particular.
“Juncal 4450″ son las primeras palabras que se leen en el papel pegado a la encomienda que explotó. Según el rotulado, pesaba 500 gramos, tenía 13 centímetros de ancho, 9 de alto y 17 de largo. También contaba con el número de seguimiento de 15 dígitos, del cual no figura información en internet y, al rastrearlo, aparece que “hay un error”.
La parte donde se indica quién es el remitente del paquete no se llega a leer debido a la rotura del papel provocada por la misma explosión del artefacto que llevaba dentro. La única pista que hay acerca de este nombre es la primera letra: una “m” en minúscula. Desde la empresa de envíos ya pusieron a disposición de la justicia toda la información.
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