La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de 11 personas acusadas de integrar una organización dedicada al desvío sistemático de armas de fuego desde circuitos legales hacia mercados ilícitos, indicaron fuentes del caso a Infobae.
El caso, a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se inició el 26 de julio de 2024, a raíz de una denuncia presentada por la entonces ANMAC —actualmente RENAR—, que señaló la existencia de maniobras de adquisición aparente de armas por canales lícitos y su posterior desvío a circuitos informales.
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El análisis de la operatoria surgió de un relevamiento de usuarios de armas que, entre enero de 2022 y la investigación, adquirieron al menos cinco armas en un corto período. De este universo, se detectaron inconsistencias entre los ingresos declarados por los compradores y la cantidad de armas adquiridas.
Además, se registraron coincidencias en direcciones, contactos y gestores utilizados en los trámites, incidencias reiteradas en ciertas armerías y operadores registrales, así como irregularidades en domicilios de guarda y datos aportados en documentos oficiales.
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Como resultado, se identificaron 147 casos sospechosos y se realizaron 38 inspecciones. En 35 de ellas, se encontraron irregularidades.
El material recolectado sirvió para determinar la existencia de una organización que, de manera sistemática, adquiría, registraba, transfería y hacía circular armas, valiéndose de una estructura que incluía usuarios interpuestos, gestores, operadores de armerías y personal de organismos de control.
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El 22 de abril de 2025, la Policía Federal ejecutó 140 allanamientos que derivaron en múltiples detenciones, entre ellas las de Ricardo Javier Mascato, Martín José Núñez, el policía Walter Claudio Nahuel Moreno, Maximiliano Herminio Gómez Veras, Mirta Vanesa Lazzati, Daniel Ribeiro, Yanina Micaela Ribeiro, Daniel Niver Iglesias, Roberto Daniel Rean, Pablo Augusto Iannarelli y el funcionario de la ANMAC Fernando Héctor Rodríguez. Días después fue detenido Juan José Fogliani.
Los procesados están imputados por los delitos de asociación ilícita (con el agravante de organizador para Mascato) y por los previstos en el artículo 189, inciso 4 del Código Penal, ambos en concurso real. Moreno enfrenta además una acusación adicional por ser funcionario público.
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Así operaban
En esta etapa, la Sala consideró que el análisis de la conducta de los imputados permitió advertir un patrón común de maniobras: adquisición recurrente de armas, uso de datos de terceros, presentación de información falsa y dificultades para justificar la tenencia de armamento.
En algunos casos, tras las inspecciones oficiales o allanamientos, los investigados presentaron denuncias de robo para explicar la falta de las armas registradas a su nombre. La investigación también detectó circulación relevante de dinero entre los imputados, flujos que se correspondían con las transferencias de armamento.
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De acuerdo con el expediente, solo 20 de las 700 armas registradas a nombre de los distintos usuarios fueron halladas en poder de sus titulares.
La estructura de la organización, según la acusación, se dividía en núcleos de responsabilidad: armerías que vendían o intermediarían en la transferencia de armas, certificantes que avalaban los trámites registrales y usuarios irregulares que justificaban la tenencia legal como paso previo a la desviación del material hacia el circuito ilegal.
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En este esquema, el exfuncionario de la ANMAC, Rodríguez, y el oficial de la Policía de la Ciudad, Moreno, aparecen señalados por su rol en la certificación de documentos que permitían las transferencias cuestionadas.
En el análisis individual, la Cámara consideró que Mascato, a quien se le atribuye el papel de organizador, intervino activamente en la compra y transferencia de armas y en la captación de usuarios interpuestos, además de administrar los trámites ante organismos de control y denunciar robos para justificar la falta de armas en su poder. Núñez, por su parte, también figura como uno de los principales operadores de las transferencias, identificado en escuchas como colaborador directo de Mascato.
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El tribunal también confirmó el procesamiento de Daniel Niver Iglesias, titular de una armería, por su intervención en certificaciones y operaciones, y de Yanina y Daniel Ribeiro, responsables de la armería “La Nona”, por transferencias reiteradas a usuarios irregulares y su papel en la inscripción de nuevos supuestos legítimos usuarios.
En el caso de Rodríguez, se confirmó su procesamiento por su participación activa brindando apoyo desde su posición institucional y como gestor, incluido el cobro de contraprestaciones por certificaciones.
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La resolución, firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y el secretario Darío Emmanuel Figueiras, también ratificó el procesamiento de Moreno por sus reiteradas certificaciones y transferencias como oficial policial, Maximiliano Herminio Domingo Gómez Veras, Juan José Fogliani, Mirta Vanesa Lazzati y Roberto Daniel Rean por su rol como usuarios, gestores e intermediarios dentro de la estructura.
Respecto de Iannarelli, la Cámara revocó su procesamiento y la medida de embargo, al no hallar elementos suficientes que lo vincularan dolosamente a las maniobras investigadas, ordenando su inmediata libertad.
Por último, los camaristas confirmaron los embargos dispuestos sobre los imputados, por 100 millones de pesos para cada uno y 120 millones en el caso de Mascato, medida que el tribunal justificó por la magnitud de las maniobras, el volumen de armamento y su equivalencia en el mercado informal.
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