
En medio del crecimiento acelerado de las construcciones en altura, expertos advierten que la revisión de las torres edificadas sobre suelos blandos es clave para la seguridad sísmica en República Dominicana.
El aumento de edificaciones verticales genera inquietud entre especialistas, quienes instan a prestar atención a la respuesta de estos terrenos ante la posibilidad de un sismo, especialmente tras los recientes terremotos registrados en países vecinos.
Las declaraciones del geólogo Osiris de León a Diario Libre subrayan la importancia de realizar análisis de respuesta sísmica local en proyectos habitacionales levantados sobre suelos blandos.
Este procedimiento consiste en evaluar cómo respondería el terreno específico donde se planea construir una torre en caso de un movimiento telúrico.
El análisis debe realizarse antes del diseño estructural de la edificación, considerando las características físicas del suelo, sus frecuencias de oscilación y la forma en que puede amplificar las ondas sísmicas.
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El país experimenta un auge en la construcción de apartamentos y torres, especialmente en el Gran Santo Domingo y otras provincias.
Según datos oficiales, en el primer semestre de 2026, los apartamentos representaron el 57.6% de los más de 5.4 millones de metros cuadrados licenciados para construcción, con un incremento del 122.8% respecto al mismo periodo del año anterior.
El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones entregó 102 licencias para edificaciones de 7 a 15 niveles entre enero y julio, casi el triple de las otorgadas durante 2025. Este contexto ha elevado el debate sobre la necesidad de garantizar la seguridad estructural en edificaciones cada vez más altas.
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El análisis de respuesta sísmica local es un estudio técnico que permite identificar la vulnerabilidad de una estructura a partir de las condiciones del terreno.
En suelos blandos, que presentan bajos valores de ondas de corte y fuertes contrastes de impedancia sísmica, las ondas sísmicas pueden amplificarse considerablemente, lo que aumenta el riesgo de daños en edificaciones diseñadas sin considerar este factor.
El geólogo De León advirtió que la presencia de este tipo de suelos es común en zonas como Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y el valle del Cibao, abarcando municipios como Los Prados, Jardines del Norte, Los Ríos, Villa Mella, Los Alcarrizos, Santiago, La Vega, Bonao, Moca, Salcedo, San Francisco de Macorís y Valverde.
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La preocupación por la seguridad sísmica se amplificó tras los terremotos recientes en Colombia y Venezuela, con magnitudes de 7.4, 7.2 y 7.5 en la escala de Richter. Estos eventos han puesto en evidencia el riesgo latente para edificaciones mal construidas o levantadas en áreas inadecuadas, lo que motivó el llamado de especialistas para revisar y reforzar los protocolos en República Dominicana.
El Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras (R-001), vigente desde 2011, divide al país en zonas de alta y mediana sismicidad, pero voces técnicas consideran que requiere una actualización para incorporar una microzonificación sísmica y fortalecer los estudios de respuesta local.
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En el sector de la construcción, algunos proyectos de gran envergadura cuentan con apoyo técnico de empresas y especialistas internacionales, sobre todo en obras estratégicas como termoeléctricas y hospitales.
Sin embargo, la mayoría de las edificaciones verticales se desarrollan bajo la dirección de profesionales dominicanos, lo que lleva a insistir en la necesidad de aplicar de forma rigurosa los análisis de respuesta sísmica local y de actualizar las normativas técnicas.

Por otro lado, el presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Christopher, señaló que las edificaciones de gran altura suelen cumplir con los estándares de calidad y seguridad, pero expresó su inquietud por las miles de construcciones informales que existen en zonas urbanas.
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Explicó que, ante un terremoto de gran magnitud como los vividos en los países vecinos, muchas de estas edificaciones irregulares podrían colapsar debido a la falta de control técnico y a la informalidad en el sector.
El nuevo Código Penal, que entró en vigencia en agosto de 2026, tipifica como delito las invasiones de tierra, una medida que busca frenar el crecimiento de barrios desordenados construidos en terrenos ocupados ilegalmente.
Autoridades y expertos coinciden en que este avance normativo, junto a un mayor impulso para la formalización de pequeñas y medianas empresas constructoras, podría contribuir a reducir la proliferación de edificaciones informales y mejorar la seguridad sísmica en todo el país.
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