“Se vendió el total de vehículos por $451.600.000″, informaron desde el Gobierno de Santa Fe tras la primera subasta de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) de la gestión. A cambio oficial, ingresaron 505.711,086 dólares.
La subasta fue este jueves en el Salón Metropolitano de Rosario y se remataron 21 autos, 6 pick-ups, 12 motos y un auto de colección, según informaron en un comunicado, ante un total de 4.500 inscriptos.
El lote por el que más se pagó fue el 5, un Mercedes Benz A45 AMG de 2017, cuyo precio final ascendió a $44.000.000. En segundo lugar, se ubicó el lote 10, una Dodge RAM 1500 de 2019 ($44 millones).
Luego, el tercer puesto lo compartieron el lote 6 (un Mercedes Benz SLK 250 de 2013 a $40 millones), el lote 40 (el clásico Triumph TR3 de 1958 a $33 millones) y el lote 2 (una Toyota Hilux de 2019 por $31 millones).
El gobernador Maximiliano Pullaro participó del evento, junto a los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía.
“Esta subasta es una política pública, que nunca se debió dejar de llevar a cabo”, dijo el primer mandatario santafesino y recordó que “surgió de una ley que tiene la provincia de Santa Fe, la única de Argentina, que apunta a golpear en el corazón de las organizaciones criminales, en lo que más les duele: en los bienes y en el dinero, para quebrar así las posibilidades que tienen de seguir cometiendo delitos”.
Los bienes rematados, de alta, mediana y baja gama, tuvieron como valor base entre un 40% y un 60% del precio de mercado. De esta manera, los interesados ofertaron por una Dodge RAM con un piso de $20.000.000 y un Mercedes Benz SLK 250 Blue Efficiency Roadste de $17.000.000, a una Fiorino Qubo de $2.000.000. Un Audi de 2005 a $2.000.000, un Smart a $6.500.000 y un Triumph TR3 del año 1958 a $5.000.000 también estarán disponibles.
Los voceros aclararon que se les cambiará el dominio a los vehículos para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitados, una medida que tiene el objetivo de brindar seguridad a las personas que los adquirieron.
El gobierno santafesino había abierto la inscripción para los interesados el 11 de abril pasado. Fue online y un requisito obligatorio para quienes finalmente participaron del remate, ya que previamente se realizó un entrecruzamiento de datos sobre antecedentes penales y para verificar que los interesados no tuvieran vínculos con las bandas investigadas.
La subasta se realizó tras un convenio con los Colegios de Martilleros de la primera y segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. Mediante la rúbrica, los profesionales, que se eligieron por sorteo, prestaron colaboración con el desarrollo a través de la APRAD, la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones.
Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Así, los fondos recaudados en la subasta tienen tres finalidades: primero, autofinanciar la Agencia, que es un ente autárquico; segundo, aplicar el dinero en políticas de seguridad; y tercero, destinar fondos a política social.
“El dinero vuelve a la sociedad a través de donaciones a instituciones, escuelas, clubes de barrios, hogares, entre otros”, indicaron desde el Gobierno santafesino.
“Además de meter presos a quienes no nos dejan vivir tranquilos y en paz, sepan que el Estado les va a incautar y rematar los bienes adquiridos, productos de negocios ilícitos, y con esa plata vamos a resarcir a las víctimas y donar a instituciones de bien público para contener a los sectores más vulnerables de la sociedad”, remarcó Pullaro.
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