Este miércoles indagaron a los dos hombres detenidos por la balacera ocurrida el domingo pasado en la zona de tosqueras del barrio 8 de Diciembre de González Catán por la venta de terrenos tomados que terminó con cinco muertos.
El fiscal Adrián Arribas encabezó el contacto con los acusados, de los cuales uno sigue hospitalizado por una herida de bala en una de sus piernas.
Según le informaron fuentes de la investigación a Infobae, no fue mucho lo que aportaron. “Declararon, pero sin muchos datos”, indicaron.
Walter Javier Escobar, quien se encuentra internado en el Hospital Paroissien y se hacía pasar por víctima hasta que este martes lo detuvieron, “no habló casi nada porque arrancó con tos y dijo que no podía seguir declarando”.
Según la acusación en su contra, a cargo de Arribas, habría disparado con una escopeta contra la multitud. La calificación es al menos extensa: homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas y uso de arma de fuego en cinco hechos, con otros siete hechos en grado de tentativa, por los heridos de bala. Oriundo de Formosa, de 39 años, Escobar estuvo preso en un penal federal años atrás.
Además, hoy declaró en la fiscalía el otro detenido, cuyo alias es “El Chino”. Presuntamente, ayer le habría referido a una testigo que le había pasado las armas a quienes dispararon y él también estaba armado en el momento de los disparos. En su indagatoria, como se esperaba, lo negó.
El balance de la investigación es que “no aportaron mucho ninguna de las dos indagatorias”, aunque confían en avanzar rápidamente para hallar a los responsables de las cinco muertes.
Otros dos sospechosos, acusados de disparar e identificados con nombre y apellido, se encuentran bajo pedido de captura y en las próximas horas se pedirá a Interpol que envíe notificaciones en su contra.
El martes por la noche, tras salir de la DDI de La Matanza, el fiscal Arribas recibió la notificación de un colega porteño: un hombre oriundo de Paraguay entró al hospital Rivadavia, herido de bala en el estómago, en grave estado, con una descompensación severa.
Al hombre lo acompañaba su pareja. Ante la Policía Bonaerense que fue al lugar a constatar la situación, la mujer relató que su novio había disparado con un fusil FAL a la multitud en la tosquera desde un terraplén. Precisamente, se hallaron dos vainas de FAL en la escena. Al ser herido, el hombre se negó a ir a un hospital por tener antecedentes penales. Así, se refugió dos días en la casa de su pareja hasta que su salud se agravó notablemente.
El nuevo sospechoso fue operado cerca de las 21. Sus chances de morir, según confirmaron médicos a la Policía, son altas. El fiscal Arribas aguarda su evolución. Su novia, por lo visto dispuesta a hablar, se convierte en una testigo preciada.
Por otra parte, se pidió la captura internacional de Juana Correa Villalba, quien sería la principal responsable del negocio inmobiliario clandestino. También se pidió una alerta roja de Interpol, en caso de que intente regresar a su país. Su marido, Emmanuel Lugo, alias “Juanito”, también tiene un pedido de captura en su contra.
El nombre de Correa -de 43 años, oriunda de Paraguay, registrada en los rubros de peluquería de la AFIP, con domicilio en la zona de Pontevedra, antes vecina de un asentamiento en Rafael Castillo- apareció con fuerza las primeras horas de la investigación, Así, Arribas ordenó allanarla y se incautó su camioneta Ford Ranger en la madrugada del martes. Tres familiares directos de la pareja fueron también blanco de varias redadas.
Según fuentes policiales, la actual toma había sido desalojada en dos ocasiones en 2019 y 2021. Era incluso investigada por la UFI N°2 de La Matanza, con una causa originada el año pasado por el delito de usurpación de inmueble, iniciada por la Municipalidad local. Precisamente, Correa fue imputada en ese expediente.
Estos sospechosos, según detectives de la Bonaerense, “amedrentan a los vecinos para facilitar los pagos de las ventas y despojar en varias oportunidades de la tierras ya que son vendidas en varias ocasiones a diferentes dueños”. Es decir, después de pagar, les quitan las tierras de vuelta bajo amenazas, un clásico del hampa inmobiliaria. Incluso, los forzarían a pagar una conexión ilegal de luz.
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