
En el marco de la causa que investiga a una mujer de 25 años por secuestrar a una bebé recién nacida en un hospital de Tartagal, la Fiscalía apeló la domiciliaria con la que fue beneficiada la imputada y solicitó que se dicte prisión preventiva.
El pedido estuvo a cargo de los fiscales que llevan la investigación, Lorena Martínez y Pablo Cabota, quienes presentaron un recurso de apelación en rechazo al beneficio de arresto domiciliario que le había otorgado el juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, a la acusada.
En este contexto, los letrados también solicitaron que se ordene la prisión preventiva, puesto que alegaron que riesgos procesales significativos, como la posibilidad de fuga y la potencial obstrucción de la investigación.
“La mujer está imputada por el delito de sustracción de menores, cuya tipificación está contemplada en el artículo 146 del Código Penal”, detallaron voceros del Ministerio Público Fiscal a Télam.
Además, explicaron que el minucioso análisis de las imágenes y grabaciones extraídas de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona fue lo que le permitió a la Fiscalía fundamentar sus acusaciones, ya que lograron trazar el recorrido que la imputada realizó antes y después del incidente.
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A lo largo de la investigación, se acumuló una cantidad de pruebas que avalan las sospechas sobre la mujer que fue detenida el 20 de julio, a pocos días de la desaparición de la recién nacida.
La beba nació el 13 de julio por la tarde en el hospital Juan Domingo Perón, a 365 kilómetros al norte de la capital salteña. Al día siguiente, alrededor de las 7 de la mañana, la recién nacida desapareció de la sala de maternidad del hospital, cuando su padres la dejaron en la cuna y fueron al baño por unos minutos. Cuando regresaron, solo encontraron la manta que la cubría tirada a un costado de la cuna. De inmediato, alertaron a las autoridades del hospital, quienes dieron aviso a la Policía.
“A las 7:16 se activaron todos los comandos de la policía a través de 14 comandos regionales. Inmediatamente establecí contacto con el jefe del Escuadrón Número 52, quien también activó a toda la Gendarmería Nacional de la zona para realizar controles en las rutas, incluyendo micros, colectivos, autos particulares y otros vehículos”, explicó el comisario de Tartagal.
Incluso, cerraron todas las salidas e ingresos a la ciudad, mientras el área de Asuntos Legales del establecimiento presentaba la denuncia formal a la fiscalía de turno.
En ese momento, toda la localidad estaba en vilo por el caso. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con el Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), emitió la Alerta Sofía por la desaparición de la menor.
Pasaron casi 24 horas desde la desaparición hasta que se volvió a tener conocimiento del paradero de la criatura, cuando un vecino la encontró en un terreno baldío, a la intemperie y cubierta con una manta azul que no era la suya. De inmediato, la trasladaron al hospital, donde sus padres la reconocieron y recibió atención médica necesaria para poder contrarrestar el grave cuadro de hipotermia que presentaba.
Los médicos lograron estabilizarla y la bebé fue dada de alta el mismo día que la internaron. Una semana después, detuvieron a la sospechosa del secuestro, quien había sido descrita por el padre como una mujer “morocha, con cabello de color rubio y que vestía una campera blanca”.
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