Seis policías cordobeses comenzaron a ser juzgados por un jurado popular por el crimen del adolescente Joaquín Paredes y las heridas a un amigo de este, durante un operativo realizado el 25 de octubre de 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, en la localidad de Paso Viejo, y en su alegato de apertura la fiscalía sostuvo que los efectivos “tuvieron la intención de matar”.
En cambio, dos de los acusados declararon que ellos efectuaron disparos intimidatorios al aire, no hacia las personas, indicaron fuentes judiciales.
Los imputados sometidos a juicio son Maykel Mercedes López (25), el único detenido como presunto autor de los disparos mortales; Iván Alexis Luna (26); Enzo Ricardo Alvarado (29); Jorge Luis Gómez (34); Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27); y Daniel Alberto Sosa Gallardo (43).
En este marco, la audiencia de ayer que se desarrolló en los Tribunales de la ciudad de Cruz del Eje, en el noreste de Córdoba, tuvo presente a la madre de Joaquín, Soledad, quien llegó acompañada por parientes y amigos.
“Por fin llegó el día. Estoy con muchos nervios porque le tuve que conocer la cara al asesino de mi hijo y a otros dos policías que no conocía. Están ahí como si nada hubiesen hecho. Me pone mal, me duele, pero no voy a caer, no voy a bajar los brazos, voy a estar más fuerte que nunca y queremos que se haga justicia por Joaquín para que él pueda descansar en paz”, expresó la mamá de la víctima según pudo averiguar Télam.
El tribunal en cuestión estaba integrado por los jueces Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides, quienes dieron curso a la lectura de la acusación a cargo de la fiscal Fabiana Pochettino y del abogado Claudio Orosz, quien representa como querellante a la familia de la víctima.
En su exposición, la fiscal consideró que los acusados actuaron de forma “desmedida y violenta, desoyendo las formas previstas para el accionar policial para proteger a los ciudadanos”.
“No hubo más muertos porque los policías no saben tirar. Fue doloso, tuvieron la intención de matar y los chicos no se pudieron defender”, sostuvo Pochettino.
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En tanto a la defensa de Sosa Gallardo, Ricardo Videla, se opuso a que éste sea juzgado por un jurado popular ya que considera que “el delito en cuestión no encuadra en un proceso de ese tipo”. Ante esta petición Pochettino, con el aval del tribunal, se negó y explicó que el proceso ejecutado es el mismo para todos los policías imputados, más allá de la responsabilidad que tenga cada uno en el caso.
El juicio de extensa duración tuvo por la tarde cortas declaraciones de los imputados que generaron dudas en el debate. Según detallaron los policías Alvarado y Luna, ellos solo efectuaron “disparos intimidatorios al aire” y “no contra” Paredes y sus amigos.
De esta forma fuentes judiciales indicaron a Télam que el debate continuará el día de hoy a las 9 de la mañana, donde tendrán lugar las declaraciones de otros acusados y de los primeros testigos.
Momentos destacados del juicio fueron aquellos en los que se acercaron al tribunal, para acompañar a la familia del fallecido, diferentes personas víctimas de casos similares, como Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, asesinado por un balazo policial el 6 de agosto de 2020, causa emblemática por la que dos policías fueron condenados a prisión perpetua y otros 11 recibieron diversas penas, relacionadas a encubrimiento.
“Escuchando hablar a uno de los abogados defensores daba vergüenza ajena, hablar que los policías se defendieron en un pueblito de mil habitantes, con cien tiros, realmente da vergüenza ajena, poner en duda de que hubo violencia institucional, da vergüenza ajena”, indicó Laciar.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se manifestó en sus redes sociales sobre el caso: “Según los testigos, los jóvenes estaban en la plaza del pueblo cuando arribaron los policías y tras una discusión, les dispararon por los menos siete veces con balas de plomo”, sostuvo el funcionario, y agregó que “la Secretaría de DD.HH. viene asistiendo jurídicamente a la familia y se presentó en el juicio como amicus curiae y observador”.
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De acuerdo a la acusación, la madrugada del 25 de octubre un grupo de policías se trasladó hasta la plaza de Paso Viejo, una localidad de unos mil habitantes, luego de ser alertado por una reunión de jóvenes en ese lugar en momentos donde regía el aislamiento.
Según el requerimiento de elevación a juicio, “cinco efectivos, encabezados por el sargento Gómez, descendieron de los rodados, que quedaron con los motores y luces encendidos, con la finalidad de echar a los jóvenes del lugar haciéndolo de forma violenta y rodeándolos a pocos metros de distancia, consintiendo todos con su accionar la producción cualquier daño y cualquier resultado”.
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