Continuará detenido Facundo Torres (25), el 15° y último oficial de la Policía de la Ciudad que fue detenido por haber participado en el encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado en 2021 en el barrio de Barracas. La confirmación de la prisión preventiva llegó este martes, mientras se desarrollan los alegatos en el juicio donde son juzgados otros 14 oficiales de la fuerza porteña por el homicidio del joven futbolista.
El fallo de la sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la preventiva de Torres al considerar que existen riesgos “de presión a querellantes y testigos”, informaron fuentes judiciales. Lo hizo en el marco del rechazo al recurso que había presentado la defensa contra el fallo de primera instancia que le había denegado la excarcelación.
Hay que recordar que hace un mes, el policía Héctor Cuevas -de 51 años y preso por el encubrimiento del crimen de Lucas- pidió hablar ante los jueces del Tribunal Oral Criminal 25, los abogados y la familia de la víctima, y contó, por primera vez, cómo y quiénes plantaron el arma en el auto Volkswagen Suran en el que viajaban los adolescentes para justificar el asesinato y hacerlo pasar como un enfrentamiento armado.
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Cuevas dio nombres. Involucró a dos de los detenidos, Gabriel Isassi (uno de los tres agentes de la Brigada que disparó al auto) y el subcomisario Roberto Inca. Contó que el primero puso el arma de juguete en el auto y que el segundo le dio la orden. Además, involucró a Torres: reveló que fue él quien llevó en su moto de la Policía a Isassi a buscar la réplica de la pistola a la comisaría 4D.
Para los camaristas Hernán López e Ignacio Rodríguez Varela, “no pueden pasarse por alto las graves características de los episodios que se le atribuyen en el legajo”, dado que “como integrante de la Policía de la Ciudad habría participado de la privación ilegítima de la libertad de menores de edad y alterado rastros y pruebas” del homicidio de Lucas, “en tanto se intentó aparentar un enfrentamiento armado con las víctimas, para lo cual, entre otras acciones, se habría introducido maliciosamente un arma de utilería en el rodado que éstas ocupaban”.
“Además, es dable presumir la existencia de riesgo de presión a los querellantes y testigos, así como también a sus familiares, tal como lo señala la jueza de grado. Más aún, si se pondera la relación de poder, recursos y condiciones que deriva de que los imputados integren una fuerza de seguridad”, indicaron.
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Previamente, la jueza en lo Criminal y Correccional 7 Vanesa Peluffo dictó el procesamiento con prisión preventiva para Torres, al considerarlo autor de los delitos de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, e imposición de torturas”; y se le trabó un embargo de 1.200.000 pesos.
En su descargo ante el fiscal Leonel Gómez Barbella, Torres había asegurado que el día del homicidio se dirigió a la comisaría Vecinal 4D junto a Isassi, pero que no fue a retirar un arma de plástico para plantar en la escena del hecho porque no se lo “permite la moralidad”.
El oficial de la Policía de la Ciudad admitió que ese día fue hasta la comisaría a buscar en su casillero personal la “cinta” para delimitar la zona restringida alrededor de la escena del crimen.
Torres, que trabaja de policía desde hace cinco años, declaró que en el viaje que mantuvo con Issasi en su moto lo notó “nervioso” pero que en ningún momento supo si alguien llevaba un arma de juguete.
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