Una escuela de Mendoza fue escenario de un episodio de violencia de género el miércoles pasado, cuando un joven de 19 años apuñaló a su ex pareja y compañera de clases, con quien además tienen un hijo en común. Como consecuencia, la víctima terminó hospitalizada y el agresor fue detenido.
El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en el auditorio de Instituto de Enseñanza Superior 9-001 General José de San Martín, en el departamento homónimo del Este de la provincia cuyana. A esa hora el sistema de emergencia recibió una alerta por una mujer que había sido agredida en el interior del establecimiento educativo. Al llegar, los policías encontraron a la víctima con una lesión cortante en una pierna a la altura del gemelo, según comunicaron fuentes policiales a Infobae. Rápidamente la trasladaron al hospital Perrupato.
El atacante fue identificado como Ricardo Álvarez, quien junto a la víctima cursaban en el terciario Administración de Empresas. De acuerdo a la reconstrucción de lo sucedido que hicieron los investigadores hasta el momento, el miércoles ambos se encontraron en la escuela y, luego de una discusión, él atacó a ella al parecer con un cuchillo, ya que todavía no se pudo determinar qué elemento cortopunzante utilizó para agredirla. Tras ello, el joven escapó y ayer fue detenido.
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Como ocurre en estos casos, de inmediato se activó el protocolo de violencia de género y así se conoció que Álvarez cuenta con antecedentes: su ex pareja lo denunció dos veces en 2021 por haberla golpeado. En el segundo de los casos, ella contó que había sido víctima de una agresión física “porque lo había denunciado”. A raíz de esto, al joven le impusieron una restricción de acercamiento.
Sin embargo, posteriormente el acusado fue sorprendido junto a la denunciante en la vía pública, violando la medida perimetral. Es así que se realizó un juicio abreviado y por las tres causas Álvarez recibió una condena en suspenso por lesiones leves y desobediencia.
Ahora está imputado por el delito de lesiones graves, contemplado en el artículo 90 del Código Penal y que establece lo siguiente: “Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro”.
En este caso, la Justicia mendocina actuó de oficio, con el fiscal Oscar Sívori al frente de la investigación, dado que la joven no quiso realizar la denuncia.
El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que ella se opuso por la anterior experiencia, al sufrir violencia física después de haber denunciado al imputado. “No quiso declarar. Es una cuestión que suele pasar fundamentalmente por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas”, señaló el funcionario a Radio Regional.
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Tras el hecho, la joven recibió una consigna policial. Mientras, avanza la investigación. El fiscal Sívori no descarta una versión que comenzó a circular luego de la agresión: que Álvarez empezó a cursar en el terciario no con fines educativos sino para “controlar” a su ex pareja.
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