Edgardo Buscaglia es, desde 1991, asesor de políticas públicas de gobierno para combatir el crimen organizado. Entrevistado por Eduardo Feinmann en el programa Alguien tiene que decirlo (por Radio Mitre) aseguró que las reacciones del gobierno nacional por la narcoviolencia en Rosario resultan “medidas espasmódicas preelectorales que no sirven para nada y corrompen más a la policía federal”. Y agregó: “Mandan soldaditos o policías como show y va a terminar siendo como México, una mafiocracia. Hay que romper con la protección política de cualquier partido político”.
Este investigador principal en derecho y economía en la Universidad de Columbia se sitúa en 2011 cuando trabajó en Santa Fe junto al jefe de la unidad antilavado de Francia. “Colaboró con nosotros porque mucha de la droga que salía de esa provincia iba a parar a aquel país. Por eso, hace falta colaboración internacional in situ, cosa que hoy no se está dando”, explicó Buscaglia, quien asesoró a organizaciones no gubernamentales en 119 países para combatir el delito.
“Cuándo escucha a un ministro de Seguridad -en relación a Aníbal Fernández- decir que ´ganaron los narcos´, ¿a usted que le pasa?”, le preguntó Feinmann. “El Estado argentino está de rodillas frente a la delincuencia organizada transnacional. Está a merced de grupos criminales de Brasil, México, Colombia y, principalmente, Rusia que está operando en Argentina en donde, jueces de primer nivel como Sebastián Casanello y también fiscales como [Diego] Luciani y [Marcelo] Colombo no pueden hacer nada si se lo boicotea políticamente, no se les da presupuesto ni se los deja colaborar con las otras instituciones”.
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Él experto explicó que “el mercado político está profundamente penetrado por la delincuencia“. Y contó una experiencia personal que atravesó en 2011, cuando gobernaba Cristina Kirchner: ”Señalamos desde hace 12 años que el gobierno federal boicoteó la investigación de la delincuencia en la política santafesina. En ese momento, un representante de aduanas en Santa Fe venía en secreto a la reunión porque el gobierno federal no le permitía estar ahí. Estamos hablando de un boicoteo directo y premeditado contra la formación del pool antimafia que queríamos formar en Rosario”.
“A mí me preocupa que, por error u omisión, Cristina Kirchner fue de alguna forma cómplice del narcotráfico en la República Argentina”, indagó Feinmann. “Su gobierno boicoteaba la presencia de miembros de representantes de inteligencia, fiscal y juez federal, Aduana tenía que estar sentada ahí cuando quisimos formar ese grupo antimafia. Es como un equipo de fútbol, formado entre 9 y 15 instituciones que tienen que estar sentadas, como ocurre en 67 democracias del mundo y cada una aporta un pedazo de la prueba que sirve para desmantelar”, argumentó.
Buscaglia confirmó que también asesoró al gobierno mexicano, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, para infiltrarse en el submundo del capo narco Chapo Guzmán como así también del ex secretario de Seguridad Pública -del ex presidente Felipe Calderón-, Genaro García Luna.
El autor de los libros Lavado de dinero y corrupción política y Vacíos de poder en México. Cómo combatir a la delincuencia organizada expresó que la solución es “llegar al dinero que entra a la política y los protege, a los empresarios y los fideicomisos en el sector de la construcción, en las concesiones de los puertos privados, en el sector pesquero porque -en palabras de este asesor- “mucha de esta cocaína sale de Santa Fe camuflada como harina de pescado“.
El además académico, visitante en la Università degli Studi di Torino (Italia) que terminó un posdoctorado en jurisprudencia y política social en la Universidad de California en Berkeley, agregó que el fenómeno de Rosario se está expandiendo a la provincia de Buenos Aires. “Llega a Campana, Zárate y Pilar hasta llegar a la mejicanización de la mafiocracia: provincias que no van a poder ser controladas por el gobierno provincial ni federal. La situación de Rosario hoy se está copiando en cárceles de otras provincias argentinas“, indicó quien también fue presidente del Instituto para la Acción Ciudadana en México y miembro de la Junta de Gobierno de Transparency International (Berlín, 1995–1999).
“¿O sea que esto se va a extender a otras Rosarios de otras provincias?”, consultó Feinmann. “No hay ninguna duda, la experiencia internacional de los 119 países en donde trabajamos con mis equipos, indica eso. Esto se expande a todas las provincias argentinas si no se aplican las 45 acciones antimafia que están contempladas en la Ley Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, que el Senado argentino ratificó. Es ley, no es un acuerdito ni expresión de voluntad. Pero Argentina viola en el 97% de esas acciones antimafia”.
Y se quejó: “Un fiscal provincial santafesino que quiera saber cuáles son las propiedades vinculadas a un acusado en otras provincias no lo puede saber porque los registros de la propiedad no están conectados, o sea que se necesita de la colaboración del gobierno federal, sino nada puede hacer Santa Fe. Y no es mandar a soldados como show preelectoral”.
Otra de las declaraciones durante su entrevista fue afirmar que, en respuesta a una pregunta de Feinmann, afirmó que el cartel de Sinaloa opera en el Chaco, Formosa y Buenos Aires. “Sí, con lavado de dinero, trata de personas, tráfico de drogas y migrantes además de contrabando de medicinas adulteradas, negocios criminales que en Argentina están fuera de control”, sentenció.
La eventual presencia del PCC (Primer Comando Capital), una de las organizaciones criminales más importantes de Brasil, en algunas unidades penitenciarias del país, fue otro tema de conversación. “El PCC funciona como desde hace 30 años, capturan las cárceles con protección política y de los funcionarios carcelarios y, a partir de ello, desarrollan el tráfico de personas, de drogas, el contrabando de medicina adulterada hacia Europa, operando a través de una industria farmacéutica pirata, desde las cárceles argentinas, que son un palacio de la delincuencia organizada”, argumentó.
Para cerrar, Buscaglia afirmó que para llegar a una solución definitiva hay que hacer una profunda reforma del sistema penitenciario federal ”a través de una purga de sus autoridades y protectorado político”. Y, a partir de eso, “ingresar un nuevo modelo carcelario como los que están funcionando en países como Alemania, Japón y Colombia”, remató.
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