María Eugenia Iribarren, jefa de los fiscales de Rosario, dio detalles de la situación “crítica” que atraviesa la ciudad en medio de la escalada de crímenes vinculados al narcotráfico y apuntó contra el Servicio Penitenciario Federal al denunciar que pese a estar detenidos hay jefes de organizaciones que “comparten celda y generan nuevas relaciones comerciales”.
Este lunes, luego de que una nueva sede de la policía fue baleada, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, expresó que “La Argentina es un país que se ha vuelto impotente ante el narcotráfico” y puso el foco en en los manejos de los jefes narco desde las distintas cárceles del país. “La situación es contundente y clara. Un punto es lo que sucede en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y provincial. Es un home office del delito, lo dicen los fiscales. El 95% de los hechos graves de la ciudad se arman en las cárceles”, aseguró.
En este marco, la jefa de los fiscales de Rosario se refirió al uso de teléfonos celulares por parte de los presidiarios y señaló que si bien “está prohibido en Santa Fe”, en el ámbito federal “no es así y no hay ningún tipo de control”. “Las cárceles están pensadas con otro tipo de conectividad donde los teléfonos celulares no existían, hay que abordar y pensar cómo se establecen las comunicaciones entre las organizaciones criminales”, planteó.
Iribarren declaró que los fiscales no tienen “respuestas claras” de parte de las autoridades nacionales y que en la actualidad “todo están atentos a lo que pasa en Rosario porque la situación es crítica; venimos de una escalada de delitos y homicidios gravísimos”; e insistió con que “tenemos problemas con el Servicio Penitenciario Provincial y Federal.
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“En el Servicio Penitenciario Federal pudimos advertir que los presos más importantes de Rosario no estaban considerados como detenidos de alto perfil, incluso compartían celda con otros capo narcos y se generan incluso nuevas relaciones comerciales”, denunció la jefa de los fiscales y lamentó que la realidad de la provincia vinculada al narcotráfico “no es prioritario para muchas autoridades federales que tendrían que estar atentos y hacerse cargo de lo que pasa en Rosario”.
“Acá no se produce la droga, llega de otras provincias y esa inteligencia y logística que debería estar en otros ámbitos del Estado federal no repercuten en Rosario”, continuó.
En declaraciones a Todo Noticias (TN), María Eugenia Iribarren reclamó “una reforma policial seria e importante” ya que “la policía es una parte fundamental del problema”. “Teníamos una tasa de homicidio similar a la de Córdoba hasta el 2009, hoy casi la cuadruplicamos. Algo pasó, algo no se enfrentó como correspondía”, advirtió la jefa de los fiscales de Rosario.
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Procuradores de toda la Argentina manifestaron su preocupación por la escalada de violencia en Rosario
Los Procuradores y Fiscales Generales, Titulares de los Ministerios Públicos Fiscales de las Provincias que integran la República Argentina, y miembros del Consejo de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, se manifestaron “profundamente preocupados por la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico en la misma”.
Los que encabezan el Ministerio Público de las provincias y de la CABA se expresaron sobre lo que sucede en Rosario, donde las disputas territoriales por controlar el narcomenudeo se traducen en homicidios que en 2022 llegaron a 287 y en lo que va de 2023 ya alcanzó el número de 39.
En el comunicado se reafirma el “incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional”.
“Desde hace varios años venimos denunciando la gravísima situación que se presenta en esta materia, y la necesidad de una política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro País. Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente”, plantearon.
”El avance del narcotráfico es innegable y su proyección sobre los territorios provinciales, y fundamentalmente en aquellos donde la geografía facilita su ingreso y distribución, torna necesario y urgente, la adopción de medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad”, continuaron señalando en el comunicado.
”Nadie puede ignorar que la capacidad de corromper del narcotráfico, lleva a la instalación de una suerte de Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república, generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática”.
Procuradores de todo el país se pusieron a disposición y reclamaron colocar esta temática como “prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo”.
”Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos”, concluyeron.
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