Rosario narco: Rosatti habló con Aníbal Fernández y se intensificarán las medidas de seguridad a jueces y fiscales

Así lo confirmaron fuentes judiciales y del Ejecutivo. El alerta es después de las amenazas que recibieron funcionarios judiciales en Santa Fe. “No nos van a amedrentar”, dijo a Infobae uno de los magistrados amenazados

Un puesto de venta de drogas en Rosario
Un puesto de venta de drogas en Rosario
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se comunicó con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tras las amenazas que sufrieron el juez y el fiscal federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, junto a un grupo de funcionarios de la justicia provincial. Según indicaron a Infobae las fuentes consultadas, el Gobierno se comprometió a intensificar las medidas de seguridad para proteger jueces y fiscales de los juzgados federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

“A partir de esta situación de amenaza que tomó estado público, el sábado recibí el llamado del presidente de la Corte, doctor Rosatti, que me manifestó su apoyo personal de él y de todos los sus colegas la Corte Suprema frente a esta situación. Esto refuerza el compromiso que asumimos. No nos van a amedrentar; esto es producto de lo que venimos haciendo”, dijo a Infobae el juez federal Cuello Murúa, uno de los magistrados amenazados. También destacó el acompañamiento desde el Consejo de la Magistratura.

Esta mañana, además, el jefe de la Policía Federal, comisario general Juan Carlos Hernández, lo visitó en su despacho para interiorizarse de la situación y garantizarle seguridad. El titular de la Corte se comunicó con Aníbal Fernández para intensificar la seguridad de los funcionarios judiciales amenazados, algo a lo que se comprometió el ministro, según señalaron las fuentes consultadas. “Se está reforzando la seguridad”, subrayaron las fuentes.

Aurelio Cuello Murúa juez federal de venado tuerto
Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Venado Tuerto

El jueves a la noche, desde la localidad de Trelew, llegó una amenaza de muerte al celular del senador provincial de Santa Fe Lisandro Enrico. “Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del Juzgado Federal, Cuello Murúa y el Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”, decía el texto.

La amenaza también incluía a Cuello Murúa, Arzubi Calvo, a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. Por el hecho hay dos causas penales que se iniciaron y que tienen como principales sospechosos a Matías Alvarez y a Mauro Novelino, dos narcos de la zona sur de Santa Fe. El primero está detenido en la cárcel de Trelew y hace dos semanas empezó a ser juzgado por narcotráfico. Y el segundo fue trasladado desde esa misma cárcel a Marcos Paz y el jueves a la mañana -el día de las amenazas- fue indagado por Cuello Murúa y Azubi Calvo por el mismo delito en otra causa contra el intendente Chiarella.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional había hecho saber su preocupación el viernes pasado. “Instamos enérgicamente a las autoridades nacionales y provinciales a que adopten todas las medidas conducentes, no sólo para prevenir cualquier episodio que pueda llegar a resultar lamentable y que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino, sino para hacerlos cesar de manera inmediata, identificando a sus posibles autores a los fines de que los tribunales que correspondan determinen sus eventuales responsabilidades penales”, sostuvieron. “Amenazan a uno es amenaza a todos”, resumió la lista Compromiso Judicial

Hoy, el consejero y juez Alberto Lugones, referente de la lista Celeste, también había pedido que de “manera urgente” le solicite a las autoridades nacionales y de Santa Fe que se garantice la seguridad de los jueces y fiscales de la provincia ante los ataques y amenazas que sufren diariamente.

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