
Pablo Nicolás Camino, presunto jefe de una célula que opera para Los Monos en la zona oeste de Rosario, fue imputado el miércoles 19 de octubre por la supuesta planificación, desde la cárcel de Coronda, de un atentado contra la oficina provincial de Asuntos Penitenciarios, hecho ocurrido el 10 de mayo pasado.
Según expuso el fiscal Pablo Socca, a cargo de la investigación, el objetivo de la balacera era intimidar a agentes que trabajan en el pabellón de alto perfil para mejorar las condiciones de detención. De acuerdo a la acusación, para conseguir información de uno de los guardiacárceles que quería intimidar, ese recluso utilizó una aplicación paga.
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En la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, el fiscal acusó a Camino y a su novia, Melisa Samanta Negro, que está detenida desde septiembre pasado, cuando fue imputada por el brutal doble crimen de dos hermanas. Si bien ambos están tras las rejas, recibieron prisión preventiva por el plazo de ley, según ordenó la jueza penal Silvana Verónica Lamas González.

De acuerdo a la evidencia que recolectó Socca, el presunto líder de una subestructura de Los Monos ordenó desde el pabellón de alto perfil de Coronda balear la oficina de Asuntos Penitenciarios, ubicada en barrio Echesortu de Rosario, y dejar el siguiente cartel: “Pará, Centurión. Dejá de verduguear a los de alto perfil. La mafia”.
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El papel, escrito con fibrón, era alusivo al apellido de un guardiacárcel que una semana antes de la balacera había discutido con Camino, quien le había reclamado mejores condiciones de detención dentro del pabellón.
Como se trató de un ataque a tiros y un mensaje hacia el Servicio Penitenciario en su conjunto, el fiscal imputó a Camino por intimidación pública y amenazas coactivas.
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Pero la balacera no fue el único método que usó Camino, a criterio del fiscal, para intimidar a agentes penitenciarios. Otro guardiacárcel fue amenazado el 20 de junio pasado por mensaje directo de Facebook, donde una cuenta llamada “Paulito Wachin” le mandó fotos suyas y de sus familiares para luego decirle: “Vamos a ver si sos tan polenta como te le hacés a mi jefe en un buzón”.
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Para añadir gravedad a la amenaza, esa cuenta de Facebook también le adjuntó una captura de pantalla de información personal del agente penitenciario que había sido extraída de una aplicación paga que contiene bases de datos públicas.
El usuario que usó su cuenta para conseguir información personal del segundo agente penitenciario intimidado fue Melisa Samanta Negro, la novia de Camino, que en ese momento estaba en libertad. Para ello, se valió de una identidad de una familiar de su pareja, según consta en los indicios de la causa.
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Después de escuchar la imputación, la jueza penal de primera instancia Verónica Silvana Lamas González ordenó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Pablo Camino y Melisa Negro.

<b>El prontuario de Pablo Camino</b>
Camino está preso desde 2015 y cumple una pena unificada a 24 años de prisión por dos crímenes: el de Andrés Farías, acribillado el 26 de diciembre de 2015 en la zona sudoeste, y el de Rubén Ariel “Tubi” Segovia, ex jefe de la barra brava de Newell’s que fue asesinado a puñaladas en la cárcel de Coronda en abril de 2018.
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A esas dos condenas se le agrega una imputación. En octubre del año pasado, en una investigación conjunta entre la Justicia provincial y federal, el Ministerio Público Fiscal lo imputó como presunto organizador de una célula de Los Monos que se dedica a la venta de drogas en los barrios Triángulo y Godoy, en la zona oeste, mientras que el Ministerio Público de la Acusación le atribuyó ser líder de una asociación ilícita que está bajo investigación por balaceras, amenazas, extorsiones y usurpaciones.
En aquellos procedimientos de octubre del año pasado había caído detenida la novia anterior de Camino, Silvana Jaqueline Oviedo, quien posteriormente fue imputada por los fiscales federales y provinciales como un “eslabón clave extramuros” para su pareja.
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Oviedo fue objeto de un escándalo judicial. En octubre del año pasado, el fuero provincial le había dado la prisión preventiva por el plazo de ley, pero la oficina encargada de asentar esa información en el sistema informático no lo cargó en su planilla. Como al mes siguiente el fuero federal le dio arresto domiciliario, la mujer se fue a su casa, que en julio de este año fue atacada a tiros.
Después de esa balacera, Silvana Oviedo fue arrestada nuevamente y se abrió una investigación interna para establecer quién fue el responsable de que una persona de peso en una presunta estructura narco haya estado en su domicilio durante siete meses sin que ninguna autoridad lo haya detectado.
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