
Es un déjà vu. A cuatro meses del comienzo del nuevo juicio por la muerte de Maradona -que en 2025 había sido anulado luego de que descubrieran que la exjueza Julieta Makintach filmaba un documental a escondidas en las audiencias- el debate oral vuelve a enfrentar un peligro de nulidad.
Esta vez, el escándalo afecta directamente a la prueba más importante que tiene la Fiscalía contra los siete trabajadores de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual: la Junta Médica. Se trata del informe realizado por un equipo de peritos expertos que analizaron toda la causa, incluyendo historias clínicas y estudios de Diego, y concluyeron que el fallecimiento del Diez se podía evitar.
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El problema ocurrió cuando en la última audiencia el abogado Nicolás D’Albora, que defiende a la coordinadora de la prepaga imputada, advirtió que en el expediente hay exámenes médicos de entre 2012 y 2015 que no corresponden al astro del fútbol argentino sino a su padre.
El defensor asegura que notó este problema durante la declaración del nefrólogo Hernán Trimarchi, quien determinó que el Diez tenía una enfermedad renal crónica. Para sus fundamentos, se basó -entre otras pruebas- en varios análisis de laboratorio realizados durante esos años. Muchos de ellos datan de 2015, cuando Diego Maradona estaba en Dubai.
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Ante esta situación, el abogado solicitó al tribunal un oficio a la prepaga a fin de corroborar el número de socio de esos análisis y el registro de migraciones de ese año para chequear si el ex DT estaba o no en el país.

Estos estudios los aportó la prepaga al comienzo de la investigación, cuando Nancy Forlini, la coordinadora de la prestadora médica, aún no estaba imputada. Sin embargo, nadie lo advirtió: ni fiscales ni peritos.
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Lo grave es que el error se descubrió casi en la recta final del debate oral y en plenas declaraciones de los peritos de la Junta Médica, quienes sostienen que la muerte de Maradona se pudo haber evitado si los imputados prestaban atención a sus síntomas y le daban un tratamiento adecuado a sus antecedentes clínicos. En este contexto, es necesario ahora saber cuántos análisis evaluados corresponden realmente al Diez y cuántos a su padre, que falleció en 2015.
En medio de este escándalo, que revolucionó a las 12 partes que forman parte del juicio oral, este jueves se reanudará el debate en los tribunales de San Isidro. “Va a haber muchos planteos”, aseguró una fuente del caso a Infobae.
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Las defensas no descartan solicitar, otra vez, la nulidad del proceso. “Es tan inedito y escandaloso que es imposible de saber qué hacer”, señaló Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque.
Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, coincidió en que “es gravísimo” y “desautoriza a la Junta Médica”.
La Fiscalía, representada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, sostienen que el error no tiene demasiada influencia en la teoría del caso ya que son pocos los estudios confundidos y “todos de laboratorio”. En la misma línea, aseguran que no creen en la buena voluntad de los defensores en exponer el dato sobre el final del proceso y deslizan que esta situación deja al descubierto “más delitos”.
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