La Justicia volvió a rechazar la liberación del asesino de la “Masacre de Flores”

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional volvió a rechazar la libertad de Fructuoso Álvarez González, un ciudadano español condenada por la la llamada “Masacre de Flores”, ocurrida el 17 de febrero de 1994, cuando provocó un incendio intencional en una casa en la que murió una familia y el amigo de uno de los nenes que dormía allí. El único sobreviviente fue Matías Bagnato, quien en aquel momento tenía 16 años y que lucha desde entonces para que Álvarez González no vuelva a la calle.

“No es habitual que la justicia impida la salida de una persona de la cárcel cuando ya cumplió la condena. El otro caso a quien tampoco se le permite ser excarcelado es Carlos Robledo Puch. Este fallo es histórico y me da tranquilidad, es un respiro. Era impensado para mí”, dijo Bagnato a la agencia Télam.

Hasta ahora, todos los informes del Área Criminológica califican como “negativo” ante la posibilidad de que Álvarez González acceda al régimen de libertad condicional”, pero Bagnato permanente vive en alerta ante la posibilidad de que pueda ser excarcelado.

El fallo, al que accedió Infobae, fue dictado la semana pasada por los jueces Jorge Raimondi y Horacio Días, en donde se analizó si se admitía el recurso de casación que presentó la defensa de Álvarez González. El Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 1 de la Capital Federal a cargo de José Carlos Pérez Arias se había negado a a hacer lugar a la “fijación de vencimiento de la pena de prisión perpetua” solicitada por la defensa.

En su argumentación, el magistrado sostuvo que, a su criterio, la ley 26.200, al adecuar las sanciones penales aplicables en los supuestos previstos por el art. 6° del Estatuto de Roma, “ha fijado el máximo de la pena temporal aplicable a tales ilícitos en 25 años (art. 8º)” y añadió que “la pena privativa de libertad a perpetuidad no estaba vedada por el derecho internacional de los derechos humanos ni, en particular, por el Estatuto de Roma”.

La defensa apeló pero la Cámara de Casación sostuvo que “el impugnante no logra poner en crisis las consideraciones” del juez “en cuanto a que la pena perpetua no se encuentra vedada por nuestro ordenamiento jurídico y que, de todos modos Álvarez González cuenta efectivamente con la posibilidad de egreso anticipado en los términos del art. 13 del Código Penal”, que incluye un análisis adecuado sobre si el condenado está en condiciones de reinsertarse socialmente.

La defensa sostuvo que se en su caso se estaba vulnerando “el principio de igualdad” pues su asistido ha sido “tratado de manera diferente sin una justificación objetiva y razonable, con respecto a otros condenados en situaciones más gravosas”. Puso como ejemplo el caso de un condenado a prisión perpetua con declaración de reincidencia, en el cual el mismo juez había decidido fijar el vencimiento de la pena a los veinticinco años de prisión.

Sin embargo, Casación también rechazó ese argumento. “La parte soslaya que el principio de igualdad consiste en ‘aplicar la ley a todos los casos ocurrentes según sus diferencias constitutivas, de tal suerte que no se trata de la igualdad absoluta o rígida, sino de la igualdad para todos los casos idénticos’ y no garantiza, como parece insinuar el recurrente, una suerte de ‘igualdad’ entre los fallos dictados por un mismo magistrado en el marco de distintos procesos y respecto de casos disímiles”.

Así las cosas, el fallo de Casación Nación sostuvo que Álvarez González “no demuestra la sustancia de la arbitrariedad que alega en el pronunciamiento criticado, ni la existencia de alguna otra cuestión federal”. Por lo tanto, se rechazó el planteo por inadmisible.

La Masacre de Flores” ocurrió en la madrugada del 17 de febrero de 1994 en un domicilio ubicado en Baldomero Fernández Moreno al 1900. El fuego que inició Álvarez González ocasionó la muerte del matrimonio integrado por José Bagnato y Alicia Plaza; de los hijos de ambos, Fernando y Alejandro, y de un amigo de ellos, Nicolás. El único sobreviviente fue Matías Bagnato.

Álvarez González había sido socio de José Bagnato. Le reclamaba una deuda por la que tenía amenazada a toda su familia. Meses antes del crimen, citó a la abuela de Matías para firmar un documento en el que se reconocía la deuda pero con un monto superior al real. La mujer se negó, y él la golpeó, la obligó a aspirar cocaína y abusó sexualmente de ella. Tras ser denunciado por la familia Bagnato, Fructuso los amenazó: “Levanten la denuncia porque los quemo a todos”. La mañana del 16 de febrero, la abuela partió rumbo a Mar del Plata y se salvó de haber estado en el incendio. Según la justicia, Alvarez González arrojó dos bidones con combustible y encendió el fuego cuando todos dormían.

El imputado fue condenado a prisión perpetua en 1995, pero por tener su ciudadanía española, en 2004, fue extraditado a ese país para terminar de cumplir su condena. En España lo liberaron y volvió al país. Matías denunció que Álvarez González lo amenazó de muerte y fue entonces detenido nuevamente en 2011.

Junto a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once o Carolina Piparo, Matías Bagnato impulsó la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, mediante la cual se creó el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos.

Seguir leyendo