Veintitrés policías bonaerenses serán sometidos a juicio oral por la denominada “Masacre de San Miguel del Monte”, ocurrida en mayo de 2019 y en la que murieron tres adolescentes de entre 13 y 14 años y un joven de 22 al chocar el auto en el que viajaban mientras eran perseguidos a tiros por los efectivos.
La elevación a juicio resuelta por la jueza de Garantías de La Plata, Silvia Pelossi, también recayó sobre el por entonces secretario de Seguridad de ese municipio del interior de la provincia de Buenos Aires, Claudio Martínez, quien enfrenta cargos por el encubrimiento del hecho y el incumplimiento de sus deberes como funcionario público.
La magistrada rechazó los diversos planteos de nulidad presentados por las defensas al requerimiento del fiscal de Instrucción Lisandro Damonte, quien en su dictamen también se había opuesto a los mismos.
En su momento, el fiscal dispuso el cierre de la “etapa investigativa” y que los informes con los resultados de las últimas medidas de prueba se incorporen por secretaría por cuestiones de “celeridad y economía procesal” y debido a la “complejidad” de las actuaciones.
El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Plata que intervendrá con jurados populares en el caso de los principales imputados: los entonces policías Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, quienes están procesados con prisión preventiva como coautores de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”.
Estos efectivos, de acuerdo a la acusación, se encontraban a bordo de los dos patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta 3, en San Miguel del Monte.
Según la imputación de la fiscalía, no existió “motivo fundado” para que estos efectivos adoptaran dicho temperamento, los acusados tuvieron el “representado e indiferente propósito” de producir la muerte de las víctimas y llevaron a cabo una “agresión ilegítima”.
Mientras que en el caso de los restantes acusados que no afrontan los cargos por los homicidios serán sometidos a proceso sin la intervención de jurados populares.
Se trata de los entonces efectivos policiales Florencia Stankevicius y Mario Mistretta, quienes serán juzgados “por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”; y Julieta Aguilera Rearte y Nelson Rodríguez por “violación de deberes de funcionario público”.
Por “falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” están acusados el subcomisario Franco Micucci (ex jefe de la Estación de Policía de Monte), José Durán, Nadia Genaro, Melina Bianco, José Domínguez, Cristian Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Marcelo Idarreta y Maia Valiente.
Para el fiscal, Righero, Bianco, Gutiérrez y Domínguez “tuvieron conocimiento inmediato del suceso homicida” y su “condición, conocimiento y ubicación funcional, les habría permitido develar el ilícito de los otros agentes”, pero no lo hicieron.
Por otro lado, Evelin Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo y Sergio Servia van a juicio por “encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”.
El teniente Héctor Ángel por “encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”; y Raúl Mauregui sólo por “violación de deberes de funcionario público”.
En su fallo de 85 páginas al que accedió Télam, la jueza concluyó que se trató de “un lamentable suceso en el cual se investiga la comisión de graves delitos presuntamente cometidos por el personal policial en el ejercicio de sus funciones”, y destacó “el compromiso que asumieron los testigos que permitieron con sus declaraciones, correr el velo de lo que hasta dicho momento, parecía ser un aparente accidente de tránsito”.
Paralelamente, en la Unidad Funcional de Instrucción 3 de La Plata hay una causa conexa por presunta violación de los deberes de funcionario público que se le sigue a la intendenta de Monte, Sandra Mayol, y al jefe de Bomberos.
En 2020, al cumplirse un año de la masacre, los familiares de las víctimas realizaron un homenaje con un documental que transmitieron por las redes sociales por la Comisión Provincial de la Memoria -que interviene como particular damnificado en la causa- y en el que exigieron Justicia.
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