La Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, bajo la representación de la fiscal Sofía Cornejo, llevó adelante un caso que expuso la gravedad de la producción de material de abuso sexual infantil en la provincia de Salta.
El acusado, un hombre de 50 años, enfrentó cargos severos tras ser identificado como responsable de captar y difundir imágenes de contenido sexual de su hija menor de edad. La denuncia, que tuvo su origen en un reporte emitido por la red social Facebook, permitió a las autoridades iniciar una investigación que desembocó en el juicio oral.
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Durante la audiencia de debate, celebrada en el distrito Centro, la fiscal Cornejo presentó pruebas contundentes que demostraron la autoría del acusado en los hechos investigados. El miércoles pasado, tras los alegatos de clausura, el juez Aldo Rubén Saravia resolvió declarar al hombre penalmente responsable del delito de producción de material de abuso sexual infantil, conforme a lo solicitado por la representante del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo a lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el caso tuvo su punto de inflexión tras el reporte inicial de Facebook, que alertó a las autoridades sobre la existencia de material sensible vinculado a un usuario de la provincia. La información detallaba que el hombre había captado imágenes de su hija de cuatro años y las había puesto a disposición de terceros, lo que motivó la rápida intervención judicial. La Fiscalía Especializada articuló los procedimientos necesarios para asegurar las pruebas y resguardar a la víctima.
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Y el miércoles pasado, las partes expusieron sus alegatos de clausura ante el tribunal. La fiscal Cornejo insistió en la gravedad del hecho y la necesidad de aplicar una sanción ejemplificadora. Tras escuchar los planteos de la acusación y la defensa, el juez Aldo Rubén Saravia resolvió hacer lugar a lo requerido por la fiscal y declaró al acusado responsable del delito de producción de material de abuso sexual infantil.
En la audiencia de cesura, realizada el lunes 10, la fiscal solicitó una condena de seis años de prisión efectiva para el imputado, fundando el pedido en la naturaleza del delito y la especial vulnerabilidad de la víctima. Tras deliberar, el juez Saravia impuso una pena de cinco años de prisión efectiva y dispuso que, una vez firme la sentencia, el condenado sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.
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Este caso pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y tecnológica para combatir la ciberdelincuencia. La alerta generada por Facebook permitió iniciar la investigación que culminó con la condena del autor. Las autoridades remarcaron que la producción y distribución de material de abuso sexual infantil constituye un delito grave y perseguible de oficio, reforzando el compromiso institucional con la protección de las infancias.
En Argentina, los delitos vinculados a la producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil están tipificados en la legislación penal y son perseguidos con especial énfasis por las fiscalías especializadas. El acceso a reportes internacionales y la cooperación con plataformas digitales suelen ser los primeros eslabones en la activación de investigaciones de este tipo.
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El procedimiento incluyó el análisis forense de dispositivos electrónicos, entrevistas a la víctima y su entorno, y la articulación con organismos de protección de menores. Las actuaciones permitieron constatar la existencia de imágenes captadas y compartidas por el acusado, lo que constituyó una prueba fundamental para la acusación.
La niña, de cuatro años, recibió acompañamiento psicológico y asistencia integral durante el proceso judicial. Las autoridades dispusieron medidas de protección y contención, en coordinación con organismos especializados en niñez y adolescencia.
La sentencia dictada contra el hombre de 50 años por el juez Aldo Rubén Saravia representa un precedente en materia de persecución penal de la ciberdelincuencia sexual en la provincia. Este fallo reafirma el compromiso de la justicia y el Ministerio Público Fiscal en el combate a los delitos que atentan contra la integridad de los menores, haciendo hincapié en la colaboración entre actores judiciales y tecnológicos para prevenir y sancionar estos hechos.
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