Narcotráfico: detuvieron en Mar del Plata a un engranaje clave de la causa “Carbón Blanco”

El hombre de 63 años caminaba tranquilamente por las calles y avenidas de Mar del Plata. Sobre todo le gustaba recorrer la rambla. Solía detenerse a disfrutar de la inmensidad del mar. Vivía sin ningún tipo de privaciones en el departamento “A” del séptimo piso del edificio Dumbledor, ubicado en la calle Aristóbulo del Valle al 2600 de la ciudad balnearia. Leopoldo Daniel Carrena tiene la doble nacionalidad argentina-estadounidense y disfrutaba de esa rutina sin imaginar que cada uno de sus pasos, de sus movimientos y de sus transacciones ilegales vinculadas al narcotráfico internacional eran monitoreadas de cerca por integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Lo advirtió cuando ya era muy tarde y agentes de la Unidad Operacional Antiterrorista de la esa fuerza de seguridad federal lo esposaban en la vía pública.

No ofreció resistencia. Sabía perfectamente la razón por la cual lo subían al celular. Carrena había quedado bajo la lupa de la Justicia Federal cuando en 2015 uno de los imputados en la mega causa “Carbón Blanco”, Ricardo Gabban Saba, declaró que el apoderado en Estados Unidos de financiera La Moneta manejaba en ese país las empresas del abogado y traficante de cocaína Carlos Salvatore. Ése hombre era Carrena.

El supuesto empresario Salvatore había sido condenado el 17 de septiembre de 2015 a 21 años de prisión por traficar casi dos toneladas de cocaína de máxima pureza a Portugal y España. Falleció en mayo de 2018 mientras cumplía la pena impuesta por el Tribunal Oral Federal de Resistencia –integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Ramón Luis González y Aldo Alurralde-. Junto a él había caído la mayor parte de la narco-organización criminal, entre otros Silvia Susana Vallés Paradiso, la viuda de Salvatore, Santiago Vallés Ferrer, su suegro, Patricio Gorosito, Héctor Roberto, Juan Carlos Pérez Parga y Félix Esquivel.

El propio jefe de la organización ilícita que operaba desde la Argentina había declarado ante la justicia federal en 2011: “‘Polo’ Carrena es mi socio y apoderado en Estados Unidos”.

A diez años de esos dichos, el hombre nacido en Bahía Blanca se había convencido de que los tentáculos de la justicia no llegarían a él, y que una de las causas de narcotráfico, que mayor resonancia había tenido en los medios de comunicación y en los tribunales, no lo alcanzaría.

Esta mañana comprobó que se había equivocado.

El fiscal general Federico Carniel y el fiscal Carlos Amad de la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), continuaron investigando, cruzando datos, llamadas telefónicas, depósitos de dinero, y seguimiento de inversiones y compras de propiedades en el país y Estados Unidos.

Gracias a ese cuadro de situación, volcado sobre una pizarra blanca sobre la que se habían escrito nombres y cifras con fibrones indelebles de colores negro, verde y rojo, se pudo determinar que Carrena era uno de los engranajes principales de la organización que en vida lideraba Salvatore.

Gracias a esas pesquisas se concluyó que Carrena se brindaba la ingeniería necesaria para llevar adelante las maniobras de lavado de activos que habían comenzado a investigarse en la provincia de Chacho en 2010. Él era quien facilitaba y gestionaba “la constitución de sociedades en Estados Unidos al sólo efecto de inscribir y vender activos en ese país”, según se describe en la acusación.

En los documentos a los que accedió Infobae se sostiene que el nuevo detenido en la causa “Carbón Blanco” “participaba de hechos de lavado de activos tanto en los Estados Unidos como en la Argentina incluso después de la muerte de Salvatore.

En concreto, está acusado de participar en la adquisición, transferencia y administración de como mínimo seis inmuebles de la organización de Salvatore en los Estados Unidos por un valor aproximado de USD 1.715.000.

En nuestro país -sostiene la fiscalía- “intervino, como mínimo, en la adquisición y posterior venta de cuatro inmuebles en la ciudad de Mar del Plata por parte de la estructura delictiva de Salvatore, compra y venta de automóviles, motocicletas, cuatriciclos y bonos”.

Carrena también tenía participación “en unas 43 sociedades en Estados Unidos -principalmente en los estados de Florida, Delaware y Nevada- utilizadas para el lavado de dinero. En la Argentina tiene participación en 8 empresas. Utilizando una de las empresas radicadas en Estados Unidos realizó dos transferencias de dinero a una cuenta de la organización de Salvatore en Suiza”.

El operativo de detención de Carrena, y los posteriores allanamientos realizados en Mar del Plata por la PSA (comanda por José Glinski), fue producto de la presentación del Ministerio Público Fiscal al Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, a cargo de Alcides Ricardo Mianovich.

“Esta detención es el producto de una forma rigurosa de hacer investigación criminal. La PSA –al igual que las demás fuerzas federales- viene realizando importantes pasos en la desarticulación de organizaciones criminales que han operado y que pretenden operar en el país. Tanto en materia preventiva como en la profundización de los requerimientos del Poder Judicial, este caso pone de manifiesto que, cuando se trabaja de manera articulada y se indaga más allá de la superficie de las causas, se obtienen resultados fundamentales para neutralizar el delito complejo”, destacó la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

Consultado por Infobae, el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detalló: “El elemento central que distingue la causa Carbón Blanco respecto de otras investigaciones criminales fue que logró trascender la dimensión operativa en torno al tráfico de drogas y afectar los mecanismos de aseguramiento del dinero obtenido de la actividad delictiva poniendo de relieve, de manera particular, una trama de sociedades con distintas finalidades (financieras, constructoras) a la cuales se les inyectaba dinero ilícito.”

Durante los otros cinco allanamientos realizados en escribanías y estudios jurídicos que también serían parte de las maniobras del lavado de activos provenientes del narcotráfico se secuestraron, entre otros elementos de pruebas como celulares y computadoras, 81.600 pesos, 30.000 dólares, cinco camionetas 4x4, dos camiones con acoplado, una lancha, tres cuatriciclos y una moto de agua.

La investigación original, de la cual la PSA tuvo intervención desde un primer momento, comprobó que Salvatore había armado una red de empresas y testaferros para blanquear las ganancias obtenidas de manera ilegal.

El primero de los hechos descubiertos sucedió el 8 de marzo de 2012 con la exportación de aproximadamente 380 kilos de clorhidrato de cocaína, que finalmente fueron secuestrados en la localidad de Cabanas do Chao, en las cercanías de la ciudad de Lisboa, Portugal.

Los paquetes se hallaban ocultos en bolsas de carbón que formaban parte del embarque perteneciente a la firma Carbón Vegetal del Litoral S.R.L. El cargamento provenía de Quitilipi, Chaco, y había sido inspeccionado en la aduana de Barranqueras, en la misma provincia. Su salida del país fue a través del Puerto de Buenos Aires.

El segundo hecho imputado a la organización de Salvatore sucedió cinco días más después, el 13 de marzo. Fue durante una requisa a dos contenedores de la misma firma que se encontraban en las terminales 1, 2 y 3 del Puerto de Buenos Aires, a la espera de otro embarque a Portugal. En uno de los contenedores, 70 de las 1050 bolsas supuestamente de carbón contenían cocaína. En total, pesaban poco más de 519 kilos.

Finalmente, en el tercer hecho fueron secuestrados en Lisboa el 11 de abril de 2012 casi 152 kilos de cocaína en un contenedor de Carbón Vegetal del Litoral S.R.L., la misma empresa. El estupefaciente también estaba camuflado en el interior de bolsas plásticas de carbón vegetal.

En su momento, la justicia que había condenado a Salvatore a 21 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero proveniente del narcotráfico le impuso a sus integrantes un embargo de 1.600 millones de pesos, el mayor determinado hasta ese momento en el país.

Para los investigadores y jueces, estaba acreditado que los imputados -y después condenados- “habían convertido, transferido, administrado, vendido, disimulado o aplicado de cualquier otro modo desde el año 2005 hasta la fecha de su detención, bienes, dineros, acciones societarias provenientes del producido de la ilícita actividad del narcotráfico”.

La detención en las últimas horas de Carrena es una una nueva derivación de una de las mayores causa de tráfico de cocaína de Argentina a Europa junto a la de “Bobinas Blancas”.