Nicaragua: Amnistía Internacional pide acción conjunta ante la reforma política

La supresión de las elecciones en Nicaragua y la propuesta de reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han generado preocupación en distintos sectores internacionales. Para Irene Cuéllar, investigadora de Amnistía Internacional, la situación actual requiere una respuesta coordinada de los Estados y organismos multilaterales.

En declaraciones recogidas por Confidencial.digital, Cuéllar señaló que la solución a la crisis no parece encontrarse en acciones individuales, sino en un esfuerzo conjunto que involucre a diferentes actores internacionales. Según expresó, el contexto del país supera la capacidad de cualquier Estado o mecanismo de protección por sí solo.

La eliminación de las elecciones y la reforma propuesta, según Amnistía Internacional, afectan derechos fundamentales. Cuéllar explicó que las restricciones limitarían el derecho a votar, ser elegido y participar en los asuntos públicos, aspectos reconocidos en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Desde la perspectiva de la organización, esto ampliaría la exclusión política y consolidaría un sistema en el que el Estado determina, de manera discrecional, quién puede ejercer determinados derechos.

La reforma ha sido interpretada por la investigadora como una continuación de las restricciones documentadas desde 2021 sobre la participación electoral. Según sus declaraciones, la medida impacta en quienes ya han sido perseguidos por razones políticas y extiende la afectación a un sector más amplio de la población.

Las consecuencias de la reforma constitucional promovida por Ortega y Murillo han sido consideradas por Amnistía Internacional como una posible vulneración de derechos respaldados internacionalmente. La organización observa que el alcance de la decisión abarca a toda la ciudadanía y profundiza la situación de derechos humanos en el país.

Respuestas y mecanismos internacionales ante la crisis

La comunidad internacional ha implementado mecanismos para documentar y responder a la represión en Nicaragua. Entre 2018 y 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció un sistema para registrar los hechos ocurridos durante el estallido social de 2018. Además, el Consejo y la Asamblea General de la OEA han emitido pronunciamientos y condenas en relación a la situación.

En el ámbito global, el Grupo de Expertos ha reunido información sobre la situación interna, considerando tanto la responsabilidad del Estado como la de autoridades individuales. Cuéllar destacó la relevancia de estos informes para futuras investigaciones internacionales, según detalló Confidencial.digital.

Entre las opciones que podrían considerarse, la investigadora mencionó la posibilidad de que Estados Unidos limite la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. No presentó esta medida como una solución única, sino como parte de una estrategia más amplia de presión política y diplomática.

La investigadora resumió esa necesidad con un llamado a “pensar fuera de la caja” ante la crisis, y sugirió que la situación exige respuestas innovadoras y una revisión de las estrategias habituales para enfrentar el contexto nicaragüense.

Diversos organismos regionales y globales han registrado y condenado la situación, mientras se analizan posibles nuevas medidas de presión hacia el régimen.

Sociedad civil y recomendaciones para la ciudadanía

A pesar de la ausencia de alternancia política, la sociedad civil nicaragüense ha continuado utilizando mecanismos internacionales para dar a conocer la situación del país. Cuéllar subrayó la labor persistente de organizaciones de distintos sectores, que mantienen su trabajo en un contexto de riesgo.

En cuanto a las recomendaciones para la población, la investigadora sugirió mantener la atención y un enfoque crítico ante el discurso oficial y las decisiones adoptadas por el gobierno. Consideró que exigir acciones más visibles en un entorno represivo podría conllevar riesgos adicionales para las personas que residen en el país.

En su análisis, Cuéllar sostuvo que el futuro de Nicaragua está vinculado a la cooperación internacional y a la presión sostenida desde distintos ámbitos. Afirmó que el objetivo de una Nicaragua libre y respetuosa de los derechos humanos podría alcanzarse únicamente mediante un esfuerzo conjunto de múltiples actores.