Una mansión valuada en dos millones de dólares, ubicada en el barrio porteño de Belgrano y que pertenecía a la viuda del fallecido abogado Carlos Salvatore, condenado a 21 años en el caso “Carbón Blanco” por exportar 1200 kilos de cocaína a Europa, será el primer bien de esa causa que subastará el Estado.
Fuentes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) informaron a la agencia Télam que se trata de un inmueble situado a 400 metros de la estación de tren Belgrano R, donde la familia Salvatore vivió 15 años.
Los voceros consultados detallaron que la casona estaba actualmente ocupada por Silvia Susana Vallés Paradiso, la viuda del abogado fallecido, por la que la AABE tuvo que solicitar que la desalojara ya que, además, la estaba desmantelando. Se trata de un inmueble de 815 metros cuadrados cubiertos, cuyo valor rondaría los 2,3 millones de dólares.
Las fuentes indicaron que la mujer de Salvatore cumplía allí su libertad condicional, dado que fue condenada en una causa conexa a la de narcotráfico, y que solicitó permanecer en el lugar durante el transcurso de la pandemia.
“Ante este pedido, se le exigió el pago de tasas y servicios del inmueble a cambio de habilitar su permanencia, condición a la que no accedió y de inmediato, a través de la intervención del Secretario del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Francisco Rondán, se habilitó a que la Dirección de Asuntos Contenciosos y la Dirección de Despliegue Territorial del AABE procedieran de inmediato a tomar posesión”, indicó un vocero consultado.
Por su parte, German Villano, director de Asuntos Jurídicos de la AABE, señaló que “ahora se procederá a subastar esta propiedad decomisada a criminales”.
De acuerdo a la causa judicial, en abril de este año, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dispuso el decomiso de los bienes provenientes del narcotráfico. En el juicio, que se llevó a cabo en 2015 en Chaco, la Justicia consideró que Salvatore fue el responsable de organizar la asociación ilícita.
El abogado fue condenado a 21 años de prisión, mientras que otros cuatro imputados recibieron penas de entre 12 y 19 años de prisión. En mayo de 2018, Salvatore murió a los 61 años a raíz de diversos problemas de salud.
A su vez, en 2019 se llevó a cabo otro juicio por el lavado de activos provenientes de dichas maniobras. En ese proceso, la viuda de Salvatore y otros dos acusados recibieron penas de entre 7 y 9 años de prisión.
A su vez, el Tribunal otorgó la posibilidad de entregar determinados bienes en custodia a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para que se destinen en forma transitoria y excepcional a hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del coronavirus, con el objetivo de proteger la salud pública.
Salvadore murió condenado en mayo de 2018 en una cama del hospital Argerich, un paciente cardíaco en estado grave. El Tribunal Oral Federal de Chaco le había dictado la pena en su contra por mover los 1200 kilos de droga desde la localidad de Quitilipí hacia España en, precisamente, bolsas de carbón. Salvatore no fue condenado en vivo y en directo por este delito. Vio la audiencia final desde una teleconferencia en el penal de Ezeiza, con su polar azul, una camisa, su clásico gesto adusto.
Fue un juicio tenso, de un alto nivel de temor, en una causa minada por amenazas: Salvatore mismo había sido escuchado en una intervención telefónica hablando de matar a la jueza original del caso, Zunilda Niremperger. El abogado hablaba de irle “a la yugular” a la magistrada. Durante el proceso, los fiscales Carlos Amad y Federico Carniel, que investigaron a Salvatore, recibieron cartas con intimidaciones en sus autos y despachos. “Te mandaron lejos pero igual la vas a pasar mal”, recibió Amad en su nuevo despacho en los tribunales de Salta.
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