
Funcionarios públicos. Una fiesta privada clandestina en un club hípico en el medio de la cuarentena. Una mujer policía hospitalizada. Y todo dentro de una ciudad de apenas 10 mil habitantes. Se asemeja al cocktail clásico de una nueva serie escandinava de Netflix, pero ocurrió en Perito Moreno, provincia de Santa Cruz.
Harold Omar Casarini, el primo hermano del intendente de la ciudad, Mauro Casarini, fue detenido e imputado por el delito de agresión y resistencia a la autoridad, después de noquear de un golpe y hospitalizar a una mujer policía que iba a labrarle un acta por la infracción del cumplimiento de cuarentena obligatoria a raíz de la pandemia de coronavirus.
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En el mismo lugar estaba presente la hermana del agresor, Valeria Casarini, y también prima del intendente que además es concejal de la ciudad por el partido SER desde 2019.
El hecho ocurrió el domingo cerca de las 18. Un llamado anónimo se realizó al servicio del 101 en el que se denunciaba que dentro de una chacra, propiedad de la familia Casarini, en el predio del Club Hípico de la ciudad, se realizaba una fiesta clandestina.
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A los pocos minutos del llamado, acudió al lugar un móvil policial, una camioneta Toyota, en la que se trasladaban los cabos Juan Carlos Rodríguez, Víctor Hornowski y Luis Leiria.
“Al llegar al lugar, vimos que ya en la puerta de la chacra, pegado a la tranquera, había al menos seis vehículos estacionados”, le relató el policía Hornowski a Infobae, en una charla telefónica.
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“Damos aviso de nuestra llegada y con la tranquera mediante, hablamos con una mujer que nos atendió amablemente. Ella nos dijo que no residían en esa casa, ya que se trataba de un espacio de ocio donde generalmente se realizaban eventos”, completó el cabo.

La mujer que los atendió era Ruth Aquino López, la esposa de Harold Omar Casarini, y cuñada de Valeria Casarini, la concejala.
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“Le pedimos amablemente que comunicara a todos los presentes que se retiraran del lugar y dieran fin al evento. En esta ciudad somos todos conocidos, la idea era que cada uno se retirara a su hogar y que la situación no pasara a mayores”, afirmó el policía.
De inmediato, las 10 a 15 personas que se encontraban en el lugar se subieron a la mayoría de los autos y se marcharon hacia sus domicilios, pero Aquino López no salía de la casa.
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Fue entonces cuando apareció en escena la concejal Casarini, quien les dijo a los tres policías que se fueran, que ya no quedaba nadie en el lugar. “Nosotros sabíamos que la primera mujer había entrado y no salía. Por lo que nos quedamos en la puerta hasta que esta mujer volviera a aparecer. No sabíamos cuánta gente quedaba dentro de la chacra”.
Durante esa espera, acudió al lugar un segundo móvil policial. A bordo del patrullero llegaron la cabo Mónica Bautista, el cabo Jonatan García y la oficial ayudante Lidia Mamani.
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Cuando vuelve a aparecer Aquino en escena, las dos policías mujeres recién arribadas le informan que procederán a labrarle un acta por la infracción al artículo 205 del DNU presidencial 297/20, por la transgresión de la cuarentena obligatoria en medio de la pandemia.
“En un principio, la mujer se mostraba amable. No había signos de tensión. Pero todo se transformó durante el procedimiento del acta. Mis compañeras le preguntaron sus datos personales y uno de ellos era su nacionalidad. Eso cambió el estado de ánimo de la mujer”, relató Hornowski.
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Aquino López es de nacionalidad dominicana y, según el relato de los policías, sintió que la pregunta sobre su origen estuvo marcada por un acto de discriminación. Por consecuencia, dijo que no iba a firmar ningún acta y que si los policías querían, la llevaran detenida.
"La mujer se sentó en el móvil, de buena manera, sin ofrecer resistencia, pero firme en su pensamiento. Ahí, la oficial ayudante Mamani procedió a llamar al juzgado para comunicar sobre la detención", dijo el policía.
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Fue entonces cuando se desató el descontrol. Valeria Casarini se introdujo de nuevo en la chacra y, según el testimonio policial, al cabo de unos pocos minutos su hermano, Harold Omar, de 1,94 metros de altura, salió desencajado, con ánimo de pelear.
“Estaba fuera de sí. Entre mis compañeros tratamos de calmarlo, pero no había manera. Primero, se acercó a la oficial ayudante, que estaba sentada y le aplicó un golpe fuerte desde atrás en la cabeza. Salieron volando sus anteojos y su agenda y la oficial ayudante se quedó sentada tomándose la cabeza”, dijo el policía.
“Casi no tuvimos tiempo de reaccionar, cuando este hombre se dirigió hacia la oficial Bautista, que tampoco lo había visto. Desde atrás le aplicó un golpe muy fuerte en el parietal derecho y nuestra compañera cayó tendida al suelo. Quedó inconsciente y sin reaccionar durante al menos 10 minutos”.

El policía afirmó que mientras dos compañeros intentaban reanimar a la policía tendida en el suelo, los tres restantes trataban de contener la ira de Omar Casarini. “Fue ahí cuando la concejala Valeria Casarini y la otra mujer se sumaron y empezaron a darnos golpes de puño a nosotros, que intentábamos contener a este hombre”, aseguró.
Una vez que Omar Casarini se calmó, los policías lograron reducirlo y meterlo dentro del patrullero, mientras les pedían al resto de los presentes que les permitieran ayudar a la oficial herida. “A los pocos minutos llegaron unos amigos de la familia que nos decían que no sabíamos con quién nos habíamos metido, pero a nosotros nos importaba recuperar a nuestra compañera. Tenía el pulso débil y las pupilas estaban algo dilatadas. No reaccionaba”, siguió.
La oficial Bautista fue derivada al hospital local, donde se constató que había sufrido una fisura en el cráneo y una inflamación cerebral sobre su parietal derecho. Ese factor le provocó la pérdida momentánea de audición de su oído derecho. Asimismo, debido a la complejidad de la situación, fue derivada luego al hospital de Caleta Olivia, donde le dieron el alta el lunes por la tarde.
Al mismo tiempo, el juez de Las Heras que actuó en la causa, Eduardo Quelín, resolvió aplicarles el acta por infracción a Valeria Casarini y a Ruth Aquino por transgredir la cuarentena y además abrió una causa contra Harold Omar Casarini por el delito de “atentado y resistencia a la autoridad”.
El hombre permaneció detenido en la comisaría local y en ala tarde-noche del lunes, el juez Quelín le negó el pedido de excarcelación.

El lunes, la noticia generó un revuelo notable en toda la ciudad de Perito Moreno. Pocos habitantes se animaban a dar su testimonio, mientras toda las miradas estaban puestas sobre la familia Casarini, una de las más renombradas de la región. En especial, sobre el intendente y primo de los agresores.
“Esta ciudad es muy chiquita. En el censo de 2010, se indicó que había 6.000 personas, pero hoy debemos ser unos 10.000, un poco más”, le explicó a Infobae la diputada provincial de la UCR Nadia Ricci, quien reside en Perito Moreno y viajaba hasta el inicio de la pandemia todas las semanas a Río Gallegos para sesionar.
“El problema de este lugar es que el 70 por ciento de nuestra población tiene algún tipo de dependencia con la esfera pública, como en la mayoría de las ciudades pequeñas. Y si bien en los últimos años se incrementó el trabajo privado por la actividad de la industria minera, hoy hay al menos 1.000 personas, el 10% por ciento de todos los que habitamos acá, que trabajan solamente en el Municipio”, completó.

A su vez, este medio intentó comunicarse con el intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini, pero no obtuvo respuesta. El dirigente sólo habló el lunes con la radio LU 12 de Río Gallegos, donde aseguró: “Ser noticia por estas cosas es lamentable. Porque son vínculo mío, son mis primos (...). Pero cada uno es responsable por sus actos. Yo sólo me hago responsable por los actos que yo cometo y el de mis hijas, que son menores de edad”. También aseguró que en el transcurso del lunes no había podido hablar con los familiares involucrados en el ataque.
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