¿Los 8 rugbiers rompen el pacto de silencio?: la defensa de los imputados pidió la presencia del juez para el inicio de la indagatoria

Tras la multitudinaria marcha de este martes para pedir justicia por el homicidio de Fernando Báez Sosa, que tuvo su epicentro frente al Congreso de la Nación, y su réplica en Villa Gesell y distintas plazas del país, los ocho rugbiers detenidos por el crimen llegaron a la Fiscalía N°6 donde serán indagados por Verónica Zamboni, la fiscal del caso.

El arribo fue algo accidentado: las ruedas del micro policial que trasladaba a los reclusos se quedaron enterradas en la arena y eso demoró el inicio de una indagatoria que iba a comenzar a las 8 de la mañana.

Incluso, el comienzo del proceso se demoró aún más, debido a que el abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, pidió a la fiscal Zamboni la presencia del juez de garantías David Mancinelli para poder iniciarse el proceso de entrevistas.

“El Sr. Tomei pidió la presencia de un juez por una cuestión técnica. No es usual, de alguna manera es algo que entorpece el proceso. Es innecesaria la presencia de un juez, excepto como este caso, que lo pida la defensa”, afirmó el abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, en declaraciones al canal TN.

“Ahora, aun con la presencia del juez, esto no significa que los imputados vayan a declarar”, completó el abogado.

La expectativa pasa por saber qué estrategia emplearán hoy Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19) y Blas Cinalli (18), quienes están imputados como coautores del asesinato de Fernando Báez Sosa y enfrentan una pena de prisión perpetua. Los jóvenes Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, acusados de ser partícipes necesarios que fueron liberados, están citados para presentarse para ser indagados la semana próxima, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

A un mes del asesinato se realizó una marcha masiva y Graciela, la mamá de Fernando, agradeció la presencia de las miles de personas que se manifestaron ayer por la tarde y exigió: “Quiero justicia, que paguen por lo que hicieron”. Entre lágrimas -sostenida por su marido Silvino- lamentó: “Mi casa está vacía. Cuando me levanto y veo su cama y está vacía, tendida, esperándolo, pero sé que nunca volverá”.

En declaraciones a TN, Fernando Burlando, el abogado de la familia Báez Sosa, reveló que aportará nuevas pruebas que demuestran la ausencia de remordimiento en los diez jóvenes imputados. Entre ellas se destaca una conversación que evidencia que cuando “ya sabían todo” uno de los rugbiers estaba organizando la previa de la noche siguiente. "Algunos ya estaban mirando por la web noticias sobre una muerte en Villa Gesell, y uno de estos hijos de puta ya estaba preparando la previa del día siguiente. Vivaban la situación. Había empezado el día, ya estaban organizando la previa”, enfatizó el abogado.

Burlando insistió en que tienen identificado al sospechoso número 11 a partir de “dos testimonios clave”. De hecho el pasado lunes se filtró una foto que fue sacada por los rugbiers minutos después del homicidio de Fernando. En la selfie tomada por Cinalli, se ve solo a cinco integrantes del grupo junto a un joven que hasta el momento no fue señalado con nombre y apellido. Según los chats del grupo de WhatsApp que compartían los imputados se trataría de alguien apodado “Pipo”.

Este martes, por otra parte, se suspendió la audiencia de recusación que había sido solicitada por el abogado de los imputados Hugo Tomei, quien apuntó contra la fiscal Zamboni por lo que considera diversas irregularidades en la producción de la prueba del expediente y planteó que el fin de semana que los rugbiers fueron detenidos no se cumplió correctamente con las formas que establece el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

Entre sus argumentos, Tomei sostuvo que al momento de su detención y la instancia de declaración indagatoria no se llevaron a cabo correctamente las formalidades de lectura de los derechos que asisten a los imputados, el informe detallado de los hechos que se les imputan y la exhibición de las pruebas.

Las actas de ese domingo por la noche, denuncian, exhiben diferencias de apenas minutos entre cada una de las indagatorias, en las que los rugbiers hicieron uso de su derecho de negarse a declarar.

Es por eso que le endilgan a la fiscal, dos secretarios de la fiscalía y la defensora oficial los delitos de “falsedad ideológica de un instrumento público”, “incumplimiento de los deberes del funcionario público” y “privación ilegítima de la libertad”.

Por otra parte, mientras se desarrollaba el acto frente al Congreso, se celebró una masiva misa en Villa Gesell, donde ocurrió el crimen. Allí, monseñor Gabriel Mestre, obispo de Mar del Plata, leyó una carta que le hizo llegar el papa Francisco en la que pidió que “Jesús y la Virgen nos guíen en este pedido de justicia”.

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