
Luego de un mes y un día de silencio, Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, los principales acusados en el crimen de Fernando Báez Sosa se sentaron frente a la fiscal Verónica Zamboni y declararon, aunque no formalmente, ya que alzaron la voz para cuestionar a Zamboni, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Los dos imputados dicen no confiar en la fiscal e, insólitamente, se negaron a contestar preguntas al decir que no saben de qué se los acusa.
Thomsen y Pertossi fueron los acusados originales de la autoría material del crimen, una imputación que luego se expandió a los otros seis jóvenes detenidos junto a ellos en la celda de alcaidía del penal de Dolores.
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Tras los turnos de Thomsen y Pertossi, Enzo Comelli y Blas Cinalli fueron los próximos en la lista para enfrentar a la principal investigadora del caso. Ambos repitieron los mismos argumentos, en lo que ya parecería un relato guionado por la defensa para todos los detenidos: se negaron a contestarle a la fiscal y le reiteraron los mismos cuestionamientos respecto a la instrucción, sosteniendo la postura de desconfianza para con ella.
Así, tras negarse a responder preguntas, los cuatro dejaron la fiscalía para subir al móvil del Servicio Penitenciario Bonaerense. Mientras tanto, los otros acusados continuaban dentro de la UFI Nº6.
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Más temprano, la defensa de los rugbiers, a cargo del abogado Hugo Tomei, pidió la presencia del juez de garantías del caso David Mancinelli en las declaraciones, con la excusa de mantener el desarrollo normal de las audiencias.
Esto demoró el inicio de las indagatorias. El magistrado, tras ser convocado por la fiscalía, arribó alrededor de las 12, cuatro horas después del horario pautado para el comienzo de las entrevistas.
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Los ocho detenidos fueron trasladados esta mañana para el comienzo de la primera serie de indagatorias en el caso luego del pedido de la defensa: se espera que la semana que viene declaren los otros dos imputados, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, hoy libres y junto a sus familias en Zárate, acusados de ser partícipes necesarios del hecho. Las indagatorias ocurren luego del drástico cambio en la imputación hecha por la fiscal Zamboni que incluyó también como co-autores del hecho a Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Enzo Comelli.
La expectativa hoy pasaba por conocer la estrategia que emplearían los detenidos. Hasta el momento, el único de los acusados que había elegido expresarse -a diferencia de hoy- fue Blas Cinalli, quien hace seis días, en la audiencia en el Juzgado de Garantías Nº 6 de Villa Gesell para definir su prisión preventiva, aseguró no haber tenido intención de matar a Báez Sosa.
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Ayer, por pedido del abogado Tomei, se suspendió la audiencia de recusación que él mismo había sido solicitado al apuntar contra la fiscal Zamboni por lo que considera diversas irregularidades en la producción de la prueba del expediente. En esa línea, el letrado planteó que el fin de semana que los rugbiers fueron detenidos no se cumplió correctamente con las formas que establece el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
Entre sus argumentos, Tomei sostuvo que al momento de su detención y la instancia de declaración indagatoria no se llevaron a cabo correctamente las formalidades de lectura de los derechos que asisten a los imputados, el informe detallado de los hechos que se les imputan y la exhibición de las pruebas.
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Las actas de ese domingo por la noche exhiben diferencias de apenas minutos entre cada una de las indagatorias, en las que los rugbiers hicieron uso de su derecho de negarse a declarar. Es por eso que le endilgan a la fiscal, dos secretarios de la fiscalía y la defensora oficial los delitos de “falsedad ideológica de un instrumento público”, “incumplimiento de los deberes del funcionario público” y “privación ilegítima de la libertad”.

Por el lado de la querella, Fernando Burlando, el abogado de la familia Báez Sosa, reveló que aportará nuevas pruebas que demuestran la ausencia de remordimiento en los diez imputados. Entre ellas se destaca una conversación que evidencia que cuando “ya sabían todo” uno de los rugbiers estaba organizando la previa de la noche siguiente. "Algunos ya estaban mirando por la web noticias sobre una muerte en Villa Gesell, y uno de estos hijos de puta ya estaba preparando la previa del día siguiente. Vivaban la situación. Había empezado el día, ya estaban organizando la previa”, enfatizó el abogado.
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Burlando insistió en que tienen identificado al sospechoso número 11 a partir de “dos testimonios clave”. De hecho, el pasado lunes se filtró una foto que fue sacada por los rugbiers minutos después del homicidio de Fernando. En la selfie tomada por Cinalli, se ve solo a cinco integrantes del grupo junto a un joven que hasta el momento no fue señalado con nombre y apellido. Según los chats del grupo de WhatsApp que compartían los imputados se trataría de alguien apodado “Pipo”.

De todos los imputados, Thomsen parece ser el más complicado: se cambió de ropa tras el crimen frente a la disco Le Brique para luego ir a comer al McDonald’s de Villa Gesell. Amigos de la víctima lo señalan en medio de un ataque furioso a Baez Sosa. “Dale, cagón, levantate”, le gritó mientras sangraba en la vereda frente al boliche Le Brique.
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Después de realizadas las cuatro jornadas de ruedas de reconocimiento a más de diez testigos, la fiscalía logró identificar a los rugbiers agresores, tanto a los que le pegaron a Fernando como a los que atacaron a T., el amigo de la víctima que quiso auxiliarlo.
Entre los agresores de Fernando, los testigos identificaron a Ciro Pertossi, Máximo Thomsen, Matías Benicelli y Blas Cinalli. A su vez, como agresores de T., fueron identificados Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y también Matías Benicelli.
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A Juan Pedro Guarino y a Alejo Milanesi algunos testigos lograron ubicarlos en la escena pero no como agresores.

Mientras continúan las indagatorias, el Servicio Penitenciario Bonaerense espera la confirmación de las prisiones preventivas para trasladar a los rugbiers fuera del penal de Dolores donde se encuentran aislados en una celda de alcaldía hacia una cárcel más cercana a sus familias, como alguno de los penales ubicados en la zona de Campana.
A un mes del asesinato, ayer se realizó una marcha masiva y Graciela, la mamá de Fernando, agradeció la presencia de las miles de personas que se manifestaron ayer por la tarde y exigió: “Quiero justicia, que paguen por lo que hicieron”. Entre lágrimas -sostenida por su marido Silvino- lamentó: “Mi casa está vacía. Cuando me levanto y veo su cama y está vacía, tendida, esperándolo, pero sé que nunca volverá”.
Fotos: Diego Medina
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