La nueva estrategia de defensa de los rugbiers: denunciar a la fiscal y cuestionar las ruedas de reconocimiento

Este jueves en el Juzgado Nº 6 de Garantías de Villa Gesell comenzó cerca de las 9 de la mañana una audiencia ante el juez de garantías David Mancinelli solicitada tanto por la defensa de los jóvenes acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa, encabezada por Hugo Tomei, como por Fabián Améndola, abogado de la familia de la víctima.

El objetivo de la audiencia, de la que también participaron la fiscal Verónica Zamboni y los ocho imputados detenidos en Dolores, era que las partes expusieran sus argumentos ante el juez antes de que el magistrado resuelva el pedido de prisión preventiva que presentó la fiscalía este lunes en un escrito de 250 páginas con un detalle pormenorizado de las pruebas que integran la causa hasta ahora.

La fiscal Zamboni ratificó esa presentación a partir de todas las pruebas reunidas hasta el momento -entre las que están las pericias telefónicas, el material fílmico recolectado, las declaraciones de más de 20 testigos y los resultados de la rueda de reconocimiento- y sostuvo la calificación legal: homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Fabián Améndola, en representación de los padres de Fernando, coincidió en el pedido de prisión preventiva y expuso cuál es a su criterio la calificación penal que corresponde, con la incorporación de los agravantes por “alevosía” y “homicidio por placer”, algo que para otras fuentes en la causa podría ser difícil de sostener. El abogado acompañó además la presentación oral con un escrito en el que solicitó que Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino -aún vinculados a la causa pero en libertad desde esta semana por pedido de la fiscal Zamboni, que consideró que no hay evidencia suficiente para ubicarlos en el momento de la agresión- vuelvan a estar detenidos.

A su turno, sin embargo, la defensa de los acusados a cargo del abogado Tomei, también hizo una serie de planteos al juez Mancinelli.

Prisión domiciliaria

En primer lugar, el abogado Tomei postuló que los rugbiers sean beneficiados con arresto domiciliario principalmente debido a que “corre riesgo su seguridad y su integridad física”. Desde la defensa de los imputados explicaron a Infobae que ese planteo está basado en parte a “la agresividad y la violencia” con la que se expresó Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez, en los medios de comunicación.

“Los trató de hijos de puta, de cobardes. ¿Qué mensaje reciben los internos que están en las unidades penitenciarias cuando escuchan decir eso a un abogado instalado simbólicamente como abogado prestigioso? Los ponés en riesgo”, indicó con preocupación una fuente cercana a la defensa de los jóvenes de Zárate. “¿Qué pasó después? Empezaron a aparecer videos de internos, manifestaciones dentro de las unidades penitenciarias que contribuyen a su estigmatización. La gente quiere que los violen, que los maten”. Ante los detenidos, el juez Mancinelli aseguró que no tolerará ningún hecho de violencia tanto de internos como de penitenciarios y pidió que cualquier situación sea denunciada.

Para Améndola, lo que hizo Tomei fue “hacer responsable a la prensa” de una “presión mediática” que los acusados no toleraban. Sus abogados sostienen en cambio que no hay un ensañamiento especial contra la prensa e indicaron que incluso presentaron un escrito ante el juzgado de garantías para solicitar la presencia de medios de comunicación en la audiencia.

Finalmente eso no ocurrió, según indicaron fuentes judiciales, por falta de espacio. Fuentes cercanas a la investigación también sostienen que en realidad la defensa de los rugbiers no quería a la prensa y que pidieron expresamente por sus defendidos. Los padres de los acusados, por otra parte, que también estuvieron en el lugar, tampoco pudieron ingresar dada la falta de espacio y la necesidad de requisar a cada uno de ellos. Sin embargo, fueron recibidos por personal del Juzgado Nº6.

Los abogados aseguran también que el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación -los peligros procesales que sostienen un pedido de prisión preventiva- no corresponden en este proceso. Ni siquiera, sostienen, la acusación del ya sobreseído Pablo Ventura podría usarse en la causa para argumentarlo, porque en el expediente en ningún momento se especifica de qué manera terminó involucrado. De hecho, es una de las incógnitas. “En ese caso, lo único que se podría entorpecer es una investigación ya torpe”, sostienen.

Denuncia a la fiscal

Por otro lado, la defensa de los jóvenes apuntó contra la fiscal Zamboni. Tomei planteó que el fin de semana que los rugbiers fueron detenidos no se cumplió correctamente con las formas que establecen los artículos 308 al 315 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

“Es un escándalo”, aseguran. Los abogados sostienen que, al momento de su detención y la instancia de declaración indagatoria, no se llevaron a cabo correctamente las formalidades de lectura de los derechos que asisten a los imputados, el informe detallado de los hechos que se les imputan y la exhibición de las pruebas.

Las actas de ese domingo por la noche, denuncian, exhiben diferencias de apenas minutos entre cada una de las indagatorias, en la que los rugbiers hicieron uso de su derecho de negarse a declarar. “Es imposible que en menos de un minuto se hayan realizado los procedimientos de forma correcta”, explican.

Es por eso que le endilgan a la fiscal, dos secretarios de la fiscalía y la defensora oficial los delitos de “falsedad ideológica de un instrumento público”, “incumplimiento de los deberes del funcionario público” y “privación ilegítima de la libertad”. “No tiene sustento”, opinó el abogado Améndola al respecto ante las cámaras de televisión.

Fuentes cercanas a la investigación, sin embargo, señalaron a Infobae que si bien la denuncia penal que fue presentada será remitida por Mancinelli al fiscal general Diego Escoda, el escrito presentado no especifica aparentemente ningún delito.

En paralelo, la defensa solicitó también un pedido de nulidad de algunos de los reconocimientos de los testigos. Apuntan que en ese procedimiento un testigo declaró que “no podía reconocer a nadie” bajo juramento y luego se rectificó vía telefónica.

El juez Mancinelli le informó hoy también a los acusados que podían hacer uso de su derecho a hablar, aunque lo que dijeran no tendría el tenor de una declaración indagatoria. Máximo Thomsen, sentado en su silla, fue el único que se puso a llorar. Matías Benicelli, por otra parte, el único que se expreso en voz alta: “No quisimos matarlo”, aseguró el joven acusado de ser partícipe necesario del crimen.

El juez, de acuerdo a fuentes de la investigación, resolverá en las próximas horas los planteos de ambas partes y la prisión preventiva de los acusados, así como también el traslado fuera del penal de Dolores de los jóvenes a otra cárcel en la provincia. Probablemente la Unidad Nº57 de Campana, una cárcel mucho más cerca de sus casas y familiares, para jóvenes de 18 a 21 acusados de robo.

Por otra parte, los abogados de la familia Báez Sosa continúan con la sospecha de la existencia de un posible imputado número 11. Apuntan a la mención de un tal “Pipo” en los chats de la madrugada del crimen y a un joven de remera blanca que se ve junto a los acusados en el McDonald’s de Villa Gesell. Para los investigadores del caso no hay tal cosa como un “sospechoso número 11”.

“Pueden haber imágenes de los imputados con otras personas pero no hay por el momento otras personas en la escena del crimen. A ‘Pipo’ se lo menciona en el grupo y estamos averiguando. Podría ser un apodo de uno de ellos incluso. También pueden aparecer otras personas con los imputados pero en la escena por ahora están los que tenemos”, asegura una fuente de peso.

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