“No quisimos matarlo”, dijo ante el juez uno de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando

Blas Cinalli, acusado de ser partícipe necesario en el crimen de Fernándo Báez Sosa, fue el único en hablar en la audiencia frente al magistrado David Mancinelli, que deberá resolver su prisión preventiva. La defensa atacó a la fiscal y pidió la nulidad del proceso en base a supuestas fallas en la rueda de reconocimiento

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El móvil de la Policía Bonaerense que trasladó a los acusados de vuelta al penal de Dolores (Diego Medina)
El móvil de la Policía Bonaerense que trasladó a los acusados de vuelta al penal de Dolores (Diego Medina)

Hoy por la mañana en el Juzgado de Garantías Nº6 de Villa Gesell, los ocho acusados de matar a patadas en el cráneo a Fernándo Báez Sosa comparecieron ante el juez David Mancinelli, en una audiencia pedida por su defensa a cargo del abogado Hugo Tomei y por los abogados de la familia de la víctima, con el abogado Fabián Améndola. Custodiados celosamente desde su traslado en el penal de Dolores, llegaron a la dependencia en la esquina del Boulevard Gesell y la calle 130 sin ser vistos por la prensa y los vecinos que se agolpaban. El objeto de la audiencia fue oír los argumentos de las partes antes de que el magistrado resuelva el pedido de prisión preventiva formulado por Zamboni el lunes último con un escrito de 250 páginas presentado a Mancinelli donde se incluyeron como pruebas los resultados de pericias a teléfonos, declaraciones de más de 20 testigos y los resultados de la rueda de reconocimiento.

Mancinelli habló frente a los ocho acusados: les aseguró que no permitiría que sean maltratados dentro de la cárcel por penitenciarios o por otros detenidos, que su seguridad debía ser garantizada, que su deseo era que ningún detenido sufriera más de lo que mandara la ley. También, que los acusados podían usar su derecho a hablar, aunque lo que dijeran no tendría el tenor de una declaración indagatoria, que lo que valdría en el expediente, sería, efectivamente, un interrogatorio frente a la fiscal Zamboni.

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Máximo Thomsen, sentado en su silla, fue el único en llorar. No sollozó, no gimió. “Un llanto de tristeza”, aseguró un presente.

Solo uno de ellos habló, dijo una única frase: “No quisimos matarlo”, aseguró. Fue Blas Cinalli, acusado de ser partícipe necesario del crimen, el que le abrió la puerta a la Policía Bonaerense en la mañana del viernes 18 cuando llegaban para arrestarlos. A la salida, sus padres tuvieron que regresar corriendo a sus autos, mientras vecinos convocados gritaban “¡asesinos!" con pancartas varias.

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La defensa a cargo del abogado Tomei, por su parte, hizo varios planteos.

Cordón: personal de Infanteria custodia la entrada del Juzgado. (Diego Medina)
Cordón: personal de Infanteria custodia la entrada del Juzgado. (Diego Medina)

Altas fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que Tomei pidió la nulidad de las ruedas de reconocimientos, una de las principales pruebas del caso que complicaron fuertemente a Máximo Thomsen, acusado de ser uno de los autores materiales del crimen junto a Ciro Pertossi.

Tomei incluso presentó una denuncia penal por escrito contra Zamboni que será remitida. Las ruedas fueron el objeto de esta presentación: apuntó la posibilidad de “testigos inducidos”, aseguran fuentes del caso. La denuncia será remitida por Mancinelli al fiscal general Diego Escoda.

Sus otras quejas fueron dirigidas a los medios: Tomei apuntó a la cobertura del caso como “un circo mediático” que afectaba su defensa y que dificultaba su tarea. También, criticó a los abogados de la familia Báez Sosa por supuestamente instigar el odio contra sus defendidos en diversas apariciones mediáticas.

Según el abogado Améndola, la defensa pidió la prisión domiciliaria.

Padres de los detenidos dejan el Juzgado Nº6 (Diego Medina)
Padres de los detenidos dejan el Juzgado Nº6 (Diego Medina)

“Fundó eso porque entiende que no los puede defender por la presión mediática. Hizo responsable a la prensa de lo que manifestó que era una presión que ellos no toleraban y en función de eso pidió que se acordara un arresto domiciliario. Que a su criterio sería la medida a partir de la cual ellos podían empezar a defenderse. No tiene ningún sustento el argumento para nosotros. Que el caso tenga una difusión mediática no influye en que ellos tengan perfectamente a su alcance todas las medidas para su defensa”, aseguró Améndola en declaraciones televisivas.

El juez, aseguran las mismas fuentes, resolverá mañana estos planteos, así como la prisión preventiva que determinará que los acusados sean llevados fuera del penal de Dolores a otra cárcel en la provincia, probablemente la Unidad Nº57 de Campana, en donde, casualmente, también se practica rugby, una cárcel para jóvenes de 18 a 21 acusados de robo.

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